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Mucho se especuló cuando el gobierno de los EE. UU. capturó a Nicolás Maduro y Señora el 3 de enero pasado en territorio venezolano, llevándolos a responder por sus innumerables crímenes ante la justicia norteamericana. Se vio como una reafirmación de la “doctrina Monroe”, que desde 1823 ha catalogado a América Latina como área de proyección del poder norteamericano exclusivamente.
Esta nueva versión de la doctrina Monroe se bautizó la “doctrina Donroe”, por el nombre del actual presidente de EE. UU. En términos muy generales, pues el gobierno norteamericano no adoptó una posición específica, la doctrina Donroe permitiría arrestar a los jefes y otros protagonistas de gobiernos ilegítimos que cometan crímenes por el simple hecho de su falta de legitimidad: no son jefes de Estado o de gobierno o funcionarios del Estado. Son simples delincuentes.
Sería una evolución positiva de la doctrina Monroe original. Generaría un incentivo fuerte para impedir que cualquier iluminado se perpetúe en el poder: una vez un país ha adoptado un sistema democrático, debe mantenerse so pena de “dar papaya”.
Pero el tiempo parece haber desdibujado esa opción. El gobierno norteamericano ha dilatado el retorno a la democracia al parecer indefinidamente, con el argumento razonable de evitar que Venezuela caiga en el caos que implicaría un gobierno débil. En el proceso ha impuesto decisiones que un futuro gobierno legítimo, o un futuro gobierno norteamericano, podrían reversar.
Todavía hay prisioneros políticos, todavía hay criminales contra los derechos humanos ostentando cargos públicos, y ahora hay una adjudicación caprichosa de derechos sobre reservas de petróleo venezolanas que involucran un intermediario con prontuario que resulta siendo socio del gobierno de los EE. UU.
Alejandra Martínez Canchica publica en Economic Affairs un análisis juicioso de la adjudicación de las concesiones petroleras como un intento de generar confianza entre quienes estén dispuestos a invertir, que al ir de socios del gobierno de EE. UU. se sentirían más tranquilos, pues cualquier movida futura contra el esquema iría también contra dicho gobierno.
El problema con el esquema es que, así involucre al gobierno norteamericano, sigue siendo una imposición arbitraria. Las concesiones no se están adjudicando por un gobierno legítimo que se rija por un estado de derecho, sino por el capricho de una “mujer fuerte” impuesta y mantenida en el poder por un gobierno extranjero. Como título legal es precario.
Cuentan que cuando Anastasio Somoza García fue invitado por Franklin Delano Roosevelt en 1939 a Washington, alguien le reclamó al presidente Roosevelt que Somoza era un HP, a lo que Roosevelt respondió que sí, pero que era “nuestro HP”. La anécdota puede ser apócrifa o falsa. Según otra versión la dijo en referencia a Rafael Leonidas Trujillo y no a Somoza, pero el interés radica en el modo de entender qué le conviene más a los EE. UU.: un gobierno legítimo tomando decisiones de manera independiente, o un títere que sobrevive mientras sobreviva el apoyo norteamericano.
Ese parece ser el estatus de Delcy Rodríguez, y esa parece ser la doctrina de Franklin Donaldo Roosevelt.
