El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) presentó ante el Congreso su informe de abril de 2025, el cual advirtió que si bien los desajustes relacionados con el desbalance externo y la inflación se han reducido, “las finanzas públicas se encuentran en una situación crítica en la actualidad” tras el deterioro de la posición fiscal registrada en 2024.
El Carf detalló que el déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,7% del PIB, superando en 1,1 puntos porcentuales la meta establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2024, debido a menores ingresos tributarios y a un mayor gasto primario respecto de lo programado.
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Por su parte, la deuda neta se incrementó a 59,3% del PIB, alejándose del ancla de 55% y elevando las presiones sobre la sostenibilidad fiscal y a la presión de gasto inflexible.
De esta manera, prevé en su escenario base que será necesario un ajuste fiscal de, al menos, $46 billones (2,6 % del PIB). Pero en un escenario alternativo, que incluye la materialización de riesgos, ese ajuste ascendería a cerca de $75 billones o 4,1% del PIB.
Pero en el mediano plazo identificó algunos riesgos importantes de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
“Se prevé que el gasto del GNC, que ya de por sí está en niveles elevados, con relación a los ingresos y a los registros históricos, enfrente presiones sustanciales en la próxima década. Además, se identifican fuentes de inflexibilidad presupuestal crecientes a futuro, lo cual es en sí mismo un problema, en la medida que reduce el margen de maniobra del gobierno y desplaza el espacio para gasto social y productivo”, argumentó el Comité.
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Preocupa el panorama fiscal para este 2025
En su informe, el Carf señaló que el panorama fiscal de 2025 presenta desafíos significativos.
Uno de ellos es que, de materializarse el escenario del gobierno, el déficit fiscal llegaría a 5,0% del PIB en 2025, dando señales de regreso a la senda de consolidación fiscal y de cumplimiento de la Regla Fiscal. No obstante, Colombia completaría seis años consecutivos con déficits superiores al 4%, que seguirían presionando al alza el endeudamiento público.
“En efecto, el gobierno proyecta que la deuda neta se ubicaría alrededor del 60% del PIB, lejos del ancla legal de 55% del PIB, y cerca del máximo histórico observado en 2020 (60,7%), el año de la pandemia”, anotó el Carf.
Y estimó que uno de cada tres pesos recaudados en 2025 tendría que destinarse al pago de la deuda, lo que resta espacio para el gasto social y productivo.
Ingresos tributarios del Gobierno: meta difícil de alcanzar
Los retos fiscales en 2025 continuarán derivándose de presiones en el gasto y unos ingresos tributarios que, de nuevo, serán menores a los proyectados por el gobierno en el Plan Financiero 2025.
Lo anterior, puesto que, en el frente de ingresos, para el Comité es poco probable alcanzar el total de los ingresos tributarios proyectados por el gobierno, pues su materialización requeriría que el recaudo crezca 22,6% frente a 2024, en un contexto en el que la economía crecería 5,8% en términos nominales.
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“Por otro lado, el escenario del gobierno no contempla recortes de gasto, que es la herramienta convencional y más efectiva para reducirlo. La estrategia anunciada se fundamenta en el control eficiente de la caja, lo cual puede aliviar temporalmente las presiones de liquidez, pero no elimina partidas de gasto”, indicó.
Esto pone de manifiesto para el organismo técnico la necesidad de medidas estructurales para estabilizar las finanzas públicas y el cumplimiento sostenido de la Regla Fiscal.
En el escenario base del Carf, el cumplimiento de la Regla Fiscal en 2025 requiere medidas de ajuste en ingresos y/o gastos por, al menos, $46,6 billones (2,6% del PIB).
Las finanzas para 2025 enfrentan riesgos adicionales
Otra de las alertas lanzadas por el Comité es que la reserva presupuestal, constituida en 2024, que ascendió a $52,3 billones (3,1% del PIB), tendría efectos fiscales significativos. La estimación es que este factor puede elevar el gasto público en $26,4 billones en 2025.
Si a eso se le suma el impacto que podría generar el aumento del salario mínimo decretado en diciembre de 2024 sobre el crecimiento del salario de los funcionarios públicos en 2025, el riesgo fiscal ascendería a $28,5 billones (1,6 pp del PIB).
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“De materializarse las presiones manifestadas, el ajuste requerido para cumplir con la Regla Fiscal en 2025 sería cercano a los $75 billones (4,1% del PIB)”, puntualizó.
En conclusión, para el organismo el principal desequilibrio macroeconómico de Colombia es la posición fiscal. En este ámbito, el alto nivel de gasto, la elevada inflexibilidad del presupuesto y la creciente carga del servicio de la deuda, son factores centrales que imponen retos de corto y de mediano plazo.
