No paran de producirse coletazos del llamado “tarimazo” en el que se permitió que los cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel de Itagüí se subieran al escenario en un acto en el que estuvo el presidente Gustavo Petro, el 21 de junio pasado.
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Ese sábado el jefe de Estado programó una concentración para celebrar la aprobación de la reforma laboral y hacer un relanzamiento del proceso de paz urbana que se lleva a cabo con grupos armados que actúan tanto en Medellín como en el área metropolitana.
Como lo denunció en su momento EL COLOMBIANO, ese día en la tarima estuvieron varios jefes del crimen organizado: José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.
El Consejo de Estado acaba de admitir una demanda contra la senadora Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico), quien habría sido la persona que tramitó la salida de los mencionados jefes del penal, según el abogado William Francisco Quintero Villarreal, quien interpuso la acción legal que, de ser fallada en favor del accionante significaría la pérdida de investidura para la demandada, o lo que es lo mismo, su “muerte política”.
El jurista señaló que la congresista Zuleta, sin tener competencia para ello, actuó en el trámite para llevar a los jefes de bandas hacia el centro administrativo La Alpujarra, donde tuvo lugar el meeting. Por eso habría incurrido en extralimitación de funciones y posiblemente en tráfico de influencias.
Quintero explicó que inicialmente hizo un derecho de petición para que el Inpec le entregara la documentación al respecto, pero se la negaron y tuvo que acudir a una tutela que apenas le fue admitida este martes, 5 de agosto. Sin embargo, asegura tener en su poder la resolución del Inpec que dice textualmente que el traslado se realizó a petición de la senadora Zuleta, mediante un oficio que no cuenta con número ni fecha.
La máxima instancia del Contencioso había devuelto inicialmente la solicitud de Quintero indicando que debía subsanar requisitos de forma, pero finalmente la admitió el 29 de julio pasado, aunque solo se hizo pública la noticia en las últimas horas.
Zuleta ya ha enfrentado otros procesos de pérdida de investidura ante denuncias de presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de campañas del Pacto Histórico; no obstante, el tribunal definió no seguir con el caso por falta de pruebas.
El artífice de la demanda
William Francisco Quintero Villarreal, quien la demandó esta vez, es un abogado cordobés que también ha actuado en dos ocasiones en el Consejo de Estado contra la curul del representante a la Cámara Juan Carlos Lozada (P. Liberal). El primer proceso, por presunto ausentismo fue fallado en favor del congresista y está en apelación, mientras que el segundo, por presunto conflicto de intereses, está pendiente de fallo en primera instancia.
Se trata de un abogado litigante de origen conservador, de gran prestigio en su departamento. Ha sido en periodos largos conjuez del Tribunal Administrativo de Córdoba , del Tribunal Superior de Montería y del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, es miembro fundador del Colegio Colombiano de Derecho Administrativo.
También ha tenido actuaciones demandando los límites territoriales de Antioquia y Córdoba que se establecieron en la década de 1960, un proceso que está aún pendiente de sentencia.
Los únicos cargos públicos que ha ocupado han sido en 1985 como abogado en la Caja Departamental de Previsión Social de Córdoba, y en 2003 como secretario jurídico de la Gobernación de Córdoba.
Al preguntarle por las razones que lo llevaron a demandar la investidura de la senador Zuleta, apuntó que se trata de un ejercicio académico “frente a un hecho en el que el país necesita mucha claridad”.
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“Además de la duda jurídica que me asalta, hay una especie de rechazo de mucha ciudadanía de todo el país sobre ese hecho. Si la Justicia no me da la razón no hay problema, pero todo esto hace parte del juego jurídico”, apuntó.
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