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Al terminar esta azarosa contienda electoral, los resultados mostraron un 49,78 % para Abelardo de la Espriella y un 48,82 % para Iván Cepeda. Los analistas confluyeron en una tesis monolítica: “el país quedó dividido en dos mitades”. Y esto también lo cacaraquean opinadores, periodistas y políticos. Y hablan —a pie juntillas— de un 50 % contra otro 50 %, como si los resultados electorales fueran una radiografía de la transparencia electoral. Esa conclusión parte de una premisa falsa: que todos los votos son libres. Y en Colombia eso, sencillamente, no ocurre. Los porcentajes finales sirvieron para declarar un ganador, pero no para retratar la verdadera contabilización de la opinión pública.
En amplias zonas del territorio nacional son rampantes las formas abiertas de constreñimiento electoral. Sigue existiendo el voto fusil, donde el ciudadano no elige, sino que obedece. Prevalece la carnetización política impuesta por grupos armados ilegales. Aumenta la compra de votos, la presión burocrática, la amenaza económica y la intimidación social. Y eso aglutina miles de votos espurios. ¿Se puede calcular de manera porcentual la democracia en Colombia? Sabemos que no. Los resultados electorales terminan siendo un amasijo de convicción y coacción; de libertad y presión. Y cuando se mezclan ingredientes tan divergentes, la cifra final deja de ser medición pura de las preferencias políticas de la nación. Queda solo un número, no una verdad.
Por eso resulta absurdo afirmar que Colombia es exactamente el país que reflejan los escrutinios. Unos escrutinios que solo cuentan votos, pero no miden libertades. Que registran papeletas, pero no suman amenazas. Que reclutan sufragios, pero no descuentan intimidaciones. La democracia colombiana sucumbe en territorios donde la voluntad ciudadana sigue secuestrada por actores ilegales. Repito, Colombia no está partida por la mitad. Quizá lo que está fracturada es la premisa de que todos los ciudadanos votan en igualdad de condiciones. Y mientras el miedo siga entrando al cubículo de votación, los resultados electorales dirán quién ganó, pero no cómo está filado el país. En Colombia nos preocupamos por cuidar la urna, pero no hemos sido escrupulosos en proteger al ciudadano que se acerca a ella. Se vigila el voto, pero se abandona al votante. Y esa diferencia destroza por completo el significado de los resultados. Cada proceso electoral viene acompañado de denuncias, alertas tempranas, informes de organismos de control y reportes sobre presiones a electores. Terminan las elecciones y el país sigue adelante como si nada hubiera ocurrido. Después llega el silencio. Y en la nueva elección vuelven a imperar: la compra de votos, el constreñimiento armado y las amenazas.
Pareciera que Colombia hubiera normalizado una real contradicción: hay escándalo frente al fraude en el conteo de los votos, pero convivimos con el fraude previo, el que ocurre antes de que el ciudadano llegue a la urna. Porque tan grave como alterar un voto es desnaturalizar la voluntad de quien lo deposita. Si el Estado fuera capaz de garantizar que se vota libre, entonces los resultados electorales tendrían una legitimidad sociológica y serían medibles. Pero, hoy por hoy, son cifras contaminadas por una realidad que nadie parece dispuesto a enfrentar con verdadera decisión. ¿Cuántos votan bajo el miedo y la coerción? No se pueden sumar a ese 50 %...
