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Hay palabras que comienzan siendo propias de los especialistas y terminan instalándose en el debate público. Lawfare es una de ellas. Muchos la repiten, pero pocos comprenden realmente su significado. No se trata de afirmar que toda investigación judicial contra un dirigente político sea una persecución. Tampoco de sostener que los jueces deban abstenerse de investigar a quienes ejercen el poder. El verdadero problema aparece cuando los instrumentos de la justicia son utilizados para debilitar, desgastar o sacar de la competencia a un adversario político bajo el ropaje legítimo de un proceso judicial.
El concepto Lawfare no nació en el fragor de las disputas latinoamericanas. El general y jurista estadounidense Charles Dunlap lo definió como el uso de la ley para obtener objetivos que tradicionalmente se alcanzaban por otros medios de confrontación. Académicos como John y Jean Comaroff advirtieron cómo los procedimientos jurídicos pueden convertirse en mecanismos de coerción política cuando dejan de servir al derecho y empiezan a influir en la disputa por el poder.
El llamado a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez vuelve inevitable esta discusión. La decisión adoptada el 17 de junio de 2026, no constituye una condena ni una declaración de responsabilidad penal. Es el inicio formal de una etapa procesal en la que la Constitución y los tratados internacionales garantizan la presunción de inocencia. Los hechos investigados son de la mayor gravedad y las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y obtener justicia. Por eso el proceso debe desarrollarse de manera que no deje espacio para dudas sobre su independencia.
La inquietud, entonces, surge por las circunstancias. Para empezar, la fiscal es cercana a un confeso rival político del presidente Uribe, de ahí que, una investigación que tiene más de veinticinco años de existencia y cuya apertura formal de la instrucción coincida con los días finales de una campaña presidencial, despierte suspicacia. Resulta legítimo preguntarse por qué una actuación que permaneció sin esa decisión un cuarto de siglo adquiere carácter urgente cuando el país estaba a punto de acudir a las urnas. Más aún si, como lo señalaron los integrantes del denominado Grupo de los 38 Juristas, permanecían pendientes diligencias probatorias previamente decretadas por la propia Fiscalía e, inexplicablemente, se decidió llamar a indagatoria de forma casi que inmediata.
En una democracia no basta con que la justicia sea independiente. También debe parecerlo. La confianza ciudadana depende tanto de la imparcialidad real como de la percepción de imparcialidad. Cuando decisiones judiciales de enorme calado político coinciden con momentos decisivos del calendario electoral, y con algún tufillo de animadversiones personales entre los involucrados, la sospecha termina lesionando a la propia administración de justicia, cualquiera que haya sido la rectitud de quienes actuaron.
La solución no consiste en impedir que la justicia investigue. Consiste en fortalecer sus garantías para que nadie pueda utilizarla como un instrumento de la lucha política. Eso exige procesos oportunos que no se prolonguen indefinidamente, reglas de transparencia para actuaciones de mayor impacto institucional, respeto por el debido proceso y un compromiso de jueces, fiscales, dirigentes políticos y medios de comunicación para no convertir una actuación preliminar en un veredicto anticipado. Esta advertencia no busca debilitar la justicia sino protegerla de cualquier instrumentalización. Cuando los ciudadanos dejan de confiar en que los tribunales deciden únicamente conforme al derecho, pierde el acusado, las víctimas y, sobre todo, la democracia. El lawfare solo se combate preservando la credibilidad de la justicia.
