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Como abogado, profeso respeto y admiración por los magistrados ¡sí, por los magistrados!, sobre todo cuando sabemos que deben interpretar y aplicar el Derecho con imparcialidad, neutralidad e inteligencia. Por eso me duele tanto que hayamos migrado de la Corte Electoral hacia el inefable Consejo Nacional Electoral (CNE) para administrar una justicia harto teñida de militancia. Si el sistema de elección produce cuotas políticas es incontestable que termina erosionándose la garantía de independencia. El nuevo CNE —elegido el 25 de agosto—vuelve a confirmar la terrible decepción de que su seno se ha convertido en el refugio de políticos quemados, reciclados y reinventados, amén de laboratorio de “jugaditas” que nada tienen que ver con la autonomía que debería inspirar a sus magistrados. Y es imposible tragarse el sapo de que quienes llegan a vigilar a los partidos sean, precisamente, producto de los acuerdos entre esos mismos partidos.
El CNE debería ser una institución de garantías, no una sala de reanimación política. Los elegidos llegan abiertamente con sus chapas: dos del Pacto Histórico; uno del Centro Democrático; uno del Partido Liberal; uno del Partido Conservador; uno del Partido de la U; uno del partido de Salvación Nacional; uno del partido MIRA y uno de Cambio Radical. Y, como explicaron los analistas, siete de los nueve magistrados quedaron en sectores cercanos al gobierno y dos en la oposición. No deja de ser bochornoso que la elección haya sido producto de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas y la distribución mediante cifra repartidora. Y la paradoja aflora: unos vienen de clamar votos, varios de hacer política y algunos de representar partidos. Ahora les corresponde —a todos— vigilar a quienes hacen lo mismo.
La pregunta no es si saben de política. Seguro conocen mucho. La pregunta es si pueden desprenderse de ella cuando se pongan la toga. Y hay que decirlo con limpidez: una cosa es que un ciudadano tenga pasado político y otra, diferente, es que llegue a magistrado electoral como ficha de un partido, producto de un arreglo político y con una camiseta partidista identificable. Es que fue toda una negociación de cupos: tres planchas, conversaciones entre bancadas, acuerdos de última hora y movimientos de tablero. ¿Cómo explicar que el partido pone al magistrado y el magistrado después debe vigilar al partido? Jamás será sensato que sobre la toga se ponga una camiseta. ¿Dónde termina el partido y dónde comienza el magistrado? Asistimos, pues, a la nefasta realidad de que el árbitro vuelve a ser escogido por los equipos. Y el CNE no es cualquier covacha, allí se deciden investigaciones sobre financiación de campañas, asuntos sobre personería jurídica de partidos y controversias electorales.
Esa primera fotografía da grima: nueve fichas políticas en vez de nueve juristas independientes. Lo que uno ambiciona como ciudadano es algo elemental: que estos magistrados, cuando se pongan la toga se quiten la camiseta. Pero hay tres preguntas que bullen en la mente de estos elegidos: ¿quién me puso? ¿quién me apoyó? ¿a quién le debo la chanfaina? Al final, el problema es que estos personajes llegan a la magistratura con la política adherida a la toga. Y el ciudadano vuelve a quedar mirando al referee y preguntándose por cuál equipo jugará.
