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El Gobierno sostiene que los recursos destinados al sistema de salud colombiano son suficientes y que el problema radica en la corrupción y la mala gestión de las aseguradoras. Sin embargo, no ha presentado estudios técnicos, análisis comparativos ni evidencia verificable que respalden tal afirmación. Por el contrario, los datos disponibles indican lo contrario.
Para empezar, el sistema acumula deudas superiores a 20 billones de pesos con hospitales, clínicas y farmacéuticas, comprometiendo su capacidad operativa. Paralelamente, las tutelas y quejas por negación de servicios se han duplicado, obligando a los ciudadanos a acudir a la justicia para acceder a derechos básicos. Si los recursos fueran realmente suficientes, no se observarían estos niveles históricos de endeudamiento y judicialización jamás vistos.
El Gobierno intenta deslindarse de esta crisis señalando a las aseguradoras como responsables por corrupción y despilfarro. Pero esta narrativa omite un hecho esencial: desde hace tres años controla el 50 % de esas entidades y, aun así, no ha logrado corregir los problemas que denuncia, que por el contrario, se ha empeorado como lo confirma el deterioro de sus indicadores, confirmando que son igual de corruptos o que esta no era su causa. Además, las acusaciones carecen de respaldo en auditorías públicas o evidencia independiente verificable, lo que debilita la credibilidad del relato oficial.
Ahora bien, la suficiencia de recursos no puede definirse desde una opinión política. Requiere análisis técnico y comparación internacional. En América Latina, países como Chile y Uruguay, muestran los mejores indicadores de salud de la región. Mientras en Colombia la mortalidad materna en 2019 fue de 66 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, Chile y Uruguay registraron en promedio 13,5, es decir, casi cinco veces menos. La mortalidad infantil en Colombia duplicó la de esos países (12,4 frente a 6,1) y la esperanza de vida al nacer fue 2,1 años menor (76,8 frente a 78,9).
La diferencia es estructural: estos países invierten más en salud. En 2022 su gasto per cápita fue 3,3 veces superior al colombiano (USD 1.669 frente a USD 506) y, medido como porcentaje del PIB, 1,9 puntos mayor (9,5 % frente a 7,6 %). Colombia obtiene peores resultados porque invierte menos.
Si el país aspira a mejorar la salud de su población, debe aumentar la inversión pública y dirigirla estratégicamente. Primero, para cerrar la brecha en servicios de alta complejidad entre las grandes ciudades y el resto del territorio. Segundo, para fortalecer la infraestructura y la capacidad resolutiva de la atención primaria en zonas rurales y periféricas, donde el acceso a servicios especializados sigue siendo precario.
El discurso oficial sobre la suficiencia presupuestal es más político que técnico. No basta con buscar culpables: se necesita voluntad para financiar de manera justa, creciente y sostenible la salud, sin importar el modelo o la ideología bajo la cual se organice. El país requiere más recursos y gestión eficiente, no disculpas para justificar la incapacidad de hacerlo.
