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En el universo de las ciencias sociales hay puntos de contacto y confusión, no siempre fácilmente superables. Tanto en el ámbito de las ciencias jurídicas, como en el de las ciencias políticas, la conducta humana debe ser evaluada de conformidad con reglas de conducta que regulan el debido comportamiento y proyectan un deber ser, que necesariamente constituyen parámetros definitivos, para evaluar cada comportamiento y particularmente para identificar los alcances y naturaleza de las sanciones que se deben imponer a quienes trasgreden el dictado de conducta señalado en las respectivas normas.
Es este el punto en el que se presenta una mayor dificultad. Las exigencias formales y materiales contenidas en el ordenamiento jurídico son diferentes a las que se predican en el campo del hacer político. Esta diferencia en los parámetros de evaluación de conducta, pueden generar confusiones, por el nexo que necesariamente existe entre los distintos ámbitos de conducta.
En síntesis, en términos de exigibilidad, hay una clara diferencia entre estos dos mundos normativos. El ámbito jurídico exige que el hombre voluntariamente se someta a los mandatos allí señalados, de manera que la conducta debe ser examinada y evaluada con base en los parámetros formales y materiales que contiene la norma jurídica.
No sucede lo mismo cuando el comportamiento se evalúa de conformidad con la normatividad política. En primer lugar, porque la conducta debe encajar en un universo normativo que se caracteriza, no por su legalidad material y formal, sino por su legitimidad en términos de representatividad y credibilidad política y social. El ejemplo típico es el relacionado con las denominadas acciones de guerra o manifestación armada. Por ejemplo, cuando el gobierno de los Estados Unidos toma la decisión de combatir el narcotráfico bombardeando lanchas en el pacífico, porque considera que transportan droga, está adoptando una decisión política que va a tener consecuencias políticas, como es apenas lógico, pero también efectos jurídicos, por lo menos, con respecto a las tripulaciones afectadas. Estados Unidos califica estas acciones como decisiones políticas en defensa de la vida y bienes de sus ciudadanos. La organización Human Rights Watch dice que se trata de “ejecuciones extrajudiciales”, bajo el concepto de que combatir el narcotráfico no es actuar en un conflicto armado.
Con fundamento en un esquema similar, Estados Unidos toma la decisión de descertificar a Colombia e incluir en la denominada lista Clinton, al Presidente de la República y otras personas de su entorno. Es una decisión política que se encuadra dentro del marco legal del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que permite el uso de fuerza letal para proteger la vida de sus asociados frente a una amenaza inminente. En este caso, la decisión es política, porque así lo señala quien la toma, y se aplica de inmediato, sin sujetarse a las reglas del debido proceso judicial, porque así lo decide quien toma la decisión, independiente de ciertos efectos jurídicos, que hace que para algunos sea una decisión jurídica.
