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La guerra en Irán ya dejó de ser un asunto exclusivamente militar. Hoy es, sobre todo, un problema energético global. En las últimas semanas el conflicto se ha extendido por toda la región: Irán ha lanzado centenares de misiles y drones contra Israel y varios países del Golfo; Hezbolá abrió un nuevo frente desde el Líbano; Israel respondió con ataques en territorio libanés; y el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de petróleo y una porción crítica del gas natural, ha quedado severamente alterado.
El resultado era previsible: el petróleo se disparó, el gas también, y los mercados empezaron a descontar no solo una crisis pasajera, sino la posibilidad de precios altos por más tiempo. Reuters reporta que la interrupción de exportaciones iraquíes por Ormuz ya obligó a declarar fuerza mayor en campos petroleros operados por compañías extranjeras, mientras The Guardian señala que el Brent ha rondado niveles cercanos a 119 dólares por barril y que los ataques iraníes ya afectaron instalaciones energéticas en el Golfo, incluida capacidad exportadora de Qatar.
En otras palabras, el mundo vuelve a recordar algo que muchos quisieran olvidar: la transición energética avanza, pero el petróleo y el gas siguen siendo determinantes. Cuando falla Medio Oriente, no basta con discursos verdes ni con buenas intenciones regulatorias. Lo que manda es la oferta efectiva, la seguridad de suministro y la confianza de los mercados. Y ahí, Colombia debería estar mirando esta coyuntura con enorme atención.
Pero no lo está haciendo.
Mientras el mundo redescubre el valor estratégico de contar con energía disponible, confiable y competitiva, el gobierno colombiano ha insistido en marchitar gradualmente a Ecopetrol, frenar la exploración y enviar señales hostiles a todo el sector minero-energético. Hemos pasado de discutir cómo aprovechar responsablemente nuestros recursos a debatir si da vergüenza tenerlos. El resultado ya se siente: menos autosuficiencia, más dependencia de importaciones de gas y más incertidumbre para la inversión.
La paradoja es dolorosa. Colombia tiene petróleo, gas, potencial minero y una empresa como Ecopetrol que, bien orientada, debería estar liderando una estrategia de seguridad energética y crecimiento. En vez de eso, la compañía y su junta están absorbidas por enredos legales alrededor de su presidente, cuando deberían estar concentradas en lo esencial: reservas, producción, transición responsable y valor para la nación.
Este no es un llamado a negar la transición energética. Todo lo contrario. La lección internacional es que solo los países con energía abundante y relativamente barata podrán financiar bien esa transición y, al mismo tiempo, atraer industrias intensivas en datos, tecnología y manufactura avanzada. Si Colombia quiere ser relevante en ese nuevo mapa, no puede renunciar por ideología a explotar, con rigor técnico y ambiental, sus recursos petroleros, gasíferos y minerales. Eso incluye discutir sin dogmas herramientas como el fracking, bajo estándares serios y responsables.
El próximo gobierno debe entender esta realidad con pragmatismo. Y en esto Paloma Valencia ha dicho algo sensato: Colombia debe aspirar a ser un país de energía abundante y barata para atraer empresas tecnológicas y nuevas industrias. Tiene razón. Sin energía confiable no habrá reindustrialización, ni centros de datos, ni transición ordenada, ni crecimiento sostenido.
La crisis en Irán no durará para siempre, pero deja una enseñanza muy clara: el mundo no premia la ingenuidad energética. La geopolítica no espera a quienes se entretienen en consignas. Mientras otros países aprovechan los ciclos altos para invertir, explorar y prepararse, nosotros corremos el riesgo de llegar tarde otra vez.
