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Disponer de un banco central de alto nivel técnico independiente del gobierno de turno, comprometido con mantener una inflación baja y estable, constituye un activo valioso.
Por Rodrigo Botero Montoya - opinion@elcolombiano.com.co
Un resultado de las elecciones presidenciales que merece destacarse es la ratificación, por medio del mandato popular, del estatus del Banco de la República que estableció la Constitución de 1991. El hecho de disponer de un banco central de alto nivel técnico independiente del gobierno de turno, comprometido con el objetivo de mantener una inflación baja y estable, constituye un activo valioso que le ha servido bien al país. Ese arreglo institucional, similar al que prevalece en los países desarrollados y en los países miembros de la OCDE, lleva implícita la posibilidad de que surjan discrepancias acerca del manejo de la política monetaria.
Por lo general, los gobiernos prefieren una postura monetaria expansiva, como una forma de estimular la actividad económica. Los bancos centrales, que utilizan un horizonte de tiempo más largo que el de los gobiernos, no siempre pueden mantener tasas de interés bajas, si las presiones inflacionarias requieren una postura monetaria restrictiva. Ahora bien, esas diferencias se pueden tramitar con tranquilidad, siempre y cuando exista buena voluntad de ambas partes. Pero eso no es lo que ha estado sucediendo en Colombia en la época reciente.
El gobierno ha adoptado una actitud de creciente hostilidad hacia los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República que no comparten las opiniones oficiales. Las declaraciones de inconformidad del presidente Petro con las decisiones de la Junta Directiva han pasado al terreno de denunciar al Banco como instrumento de la oligarquía y de agredir al Gerente General. Se llegó a atribuir las decisiones de la Junta Directiva al deseo de obstruir la gestión del gobierno y a suspender la asistencia del ministro de Hacienda a las reuniones de la Junta Directiva del Banco.
En ese contexto político, la propuesta de convocar una asamblea constitucional, para sustituir la Constitución de 1991, incluía la perspectiva de eliminar la independencia del Banco de la República. Ese factor se convirtió en parte inseparable de la actitud que se tuviere a favor o en contra del proyecto gubernamental.
En las condiciones actuales de pérdida del grado de inversión para la deuda soberana, alto nivel de riesgo país y falta de credibilidad en el manejo fiscal, la independencia del banco central adquiere un protagonismo prioritario como garante de la estabilidad macroeconómica y aún de estabilidad política. Así lo demuestra la experiencia del Perú durante años recientes.
El Banco de la República es el principal interlocutor del país con la comunidad financiera internacional. Es, por lo tanto, parte integral de la imagen externa de Colombia.
A nivel interno, su rigor técnico y su identificación con el objetivo de mantener una moneda sana le han ganado a la independencia del Banco, además del apoyo de la tecnocracia, del sector empresarial y de los medios de comunicación, la simpatía y el respaldo de amplios sectores de la opinión pública.