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El domingo Colombia eligió a Abelardo de la Espriella con el margen más estrecho de su historia electoral reciente: menos de 250.000 votos, ninguno de los dos candidatos superando el 50%. El resultado es legítimo. Y precisamente porque lo es, lo que sigue importa más que la elección misma.
Este texto no es un alegato contra De la Espriella ni una defensa de Cepeda. Es un mapa de riesgos construido desde las declaraciones públicas del presidente electo, su programa de gobierno, y la evidencia de lo que ha ocurrido donde gobiernan líderes similares. Independientemente de por quién hayamos votado, estas son preguntas que los próximos cuatro años deberán responder.
El primer riesgo es el más ignorado: el desmantelamiento del sistema multilateral. Retirar a Colombia de la ONU, la OEA y la CIDH no es retórica de campaña. Es agenda de gobierno declarada, repetida en múltiples entrevistas. Trinidad y Tobago salió de la Convención Americana en 1998 para ejecutar ciudadanos sin escrutinio externo. Venezuela salió de la OEA en 2017 cuando necesitaba eliminar el último árbitro hemisférico que podía cuestionarla. Colombia tiene nueve millones de víctimas registradas y un conflicto armado activo. La Corte Interamericana emitió el primer fallo internacional que reconoció el patrón sistemático de falsos positivos, civiles ejecutados y presentados como bajas en combate. Sin la CIDH, esas familias no habrían tenido justicia. Las del próximo ciclo tampoco la tendrán.
El segundo es la emergencia económica como atajo institucional. El programa propone declararla para tomar decisiones rápidas. Es el mecanismo favorito de la nueva derecha global para gobernar por decreto eludiendo el Congreso. Milei lo intentó con un decreto que reformaba 664 leyes. Bukele lo usó para disolver la Asamblea. En Colombia, la Corte Constitucional puede frenarlo, pero el daño de primeros meses puede ser irreversible.
El tercero es el modelo de seguridad sin contrapesos. Las megacárceles de aislamiento total son modelo Bukele. El Plan Colombia II con cooperación militar de EE.UU. e Israel amplía capacidad operativa sin ampliar supervisión. El patrón está documentado: más capacidad militar sin control produce más abusos. Ocurrió con el Plan Colombia original. La diferencia es que entonces existían la CIDH y la JEP para documentarlo. En el escenario que propone De la Espriella, esos mecanismos estarán desmantelados.
El cuarto es la libertad de prensa. La FLIP documentó el uso sistemático de demandas civiles contra periodistas durante la campaña, respaldadas por una firma de más de cien abogados. La diferencia entre un candidato que hostiga medios y un presidente que lo hace es el aparato del Estado.
He vigilado con la misma vara a Uribe, Santos, Duque, Petro, Quintero y Gutiérrez. Mi posición ha sido siempre la misma: las instituciones no se defienden aplaudiendo al gobernante. Se defienden vigilándolo. De la Espriella tiene el derecho legítimo de gobernar. Lo que ese mandato no le da es el derecho a gobernar sin escrutinio. Ningún presidente lo tiene. La democracia no es el día de la elección. Es los 1.460 días que siguen.
