Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
Por donde se corten cuentas del Gobierno anterior, no se topan si no fracasos. Es una cadena de despilfarros y desfalcos que no tienen fin. Huecos financieros que tendrá que tapar, ya con la anunciada “ley de rescate fiscal”, que intuimos sea el eufemismo utilizado para disfrazar una inminente reforma tributaria encaminada a reducir gastos y aumentar ingresos, o ya acaso, como lo planteaba un destacado economista, con la emisión de bonos de obligatoria suscripción para las sociedades, con tasas de interés comerciales y descontables en el mercado. Con ellos se recogerían los 60 billones para tapar el hueco del presupuesto nacional.
En las últimas semanas del gobierno Petro se firmaron contratos por más de 48 billones de pesos, cifra escandalosa. Y se identificaron, según la Contraloría General, giros superiores a los $64 billones y pagos por más de 60 billones de pesos. El gasto público desmadrado originó el mayor déficit fiscal de la historia nacional, y el endeudamiento creció a niveles desproporcionados. Con tal panorama, le quedará difícil al presidente Abelardo pedirle a su ministro de Hacienda lo que un monarca francés le demandaba al suyo: “Dadme buenas finanzas y os daré buena política”.
En la misma forma como se malgastaron recursos, también se malograron vidas humanas. 651 masacres fue la herencia de la “paz total” del pasado Gobierno –de cuyo nombre los colombianos difícilmente se quieren acordar–. Esto lo revelan la ONG Human Right Watch y la Defensoría del Pueblo. Los derechos humanos fueron pisoteados, violados en el pasado cuatrienio. Todas las estructuras criminales que prosperaron bajo el techo de la “paz total” no solo crecieron en hombres actuando al margen de la ley, como en armamentos sofisticados y letales, sino en atropellos contra la vida y la dignidad humana de miles de colombianos. Brotaron decenas de alias que coparon el espectro de la delincuencia y llenaron de pánico a pueblos enteros en el país.
Todos los grupos subversivos se expandieron durante el proceso de esa mal llamada paz total. Y en ella se fortalecieron en una gran anarquía, las disidencias y las disidencias de estas. Una verdadera bola de nieve que crecía a medida que rodaba por suelo colombiano. El Estado perdió el control de centenas de municipios, cuyos espacios llenó la subversión. Bloques, clanes, coordinadoras, estados centrales, frentes, todo ese lenguaje de estructuras delincuenciales, acorralaron a la nación y a regiones enteras, hasta reducirlas a su mínima expresión.
Las masacres en los últimos siete años dejaron cerca de 2.400 víctimas. Y entre el 2017 y el 2026, se reportaron 525 homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y las Farc. El número de confinados es agobiador. El control de grupos ilegales paraliza la vida en diversas zonas colombianas. Dice el informe que mientras en el año 2019 se contabilizaron más de 19 mil víctimas desterradas, en los dos últimos años se recrudecieron hasta llegar el pasado a más de 65 mil víctimas. Son cifras escalofriantes, que abochornan ante el mundo civilizado. ¿Creerán las naciones desarrolladas que los colombianos vivimos en un país de cafres?
