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Desde que EPM asumió la operación de Afinia, el servicio eléctrico en buena parte del Caribe ha mejorado de manera visible, pero ese avance ha tenido un costo cada vez más difícil de sostener. La empresa antioqueña ha invertido alrededor de $3,4 billones desde 2020 y logró reducir la frecuencia y duración de los cortes heredados de Electricaribe. El desafío energético del Caribe hace tiempo dejó de ser un asunto de cables y subestaciones. Buena parte de la crisis se juega día a día en la calle, donde Afinia debe prestar el servicio en medio de una cultura del no pago que en algunos territorios se volvió crónica, conexiones ilegales y condiciones sociales que dificultan recuperar la energía entregada. Las pérdidas alcanzan el 29,11 % en el promedio móvil reciente, todavía muy por encima del promedio nacional.
La gerencia se ha propuesto llevar el recaudo hasta el 95 % y ha encontrado en la energía prepagada una herramienta útil para sectores donde la facturación convencional funciona mal. Pero una parte considerable del problema tampoco nace en los barrios. A julio de 2026, Afinia registraba cerca de $123.000 millones pendientes por subsidios, alrededor de $992.000 millones correspondientes al saldo de la opción tarifaria y otros $409.000 millones en cartera de entidades oficiales.
EPM es el corazón de la capital antioqueña, pero hoy late con arritmia. No porque esté cerca de una crisis, sino porque parte de la fortaleza construida durante décadas está sirviendo para sostener una operación que aún no encuentra equilibrio. Medellín no puede convertirse en el financiador permanente de un problema que supera ampliamente sus fronteras.
EPM conocía las dificultades del mercado cuando asumió en 2020 la prestación del servicio, pero recibió una infraestructura deteriorada y consiguió mejorarla. Sería igualmente equivocado mirar al Caribe solo a partir de sus carencias. Una parte decisiva del futuro energético de Colombia está allí, donde las condiciones para desarrollar generación solar y eólica pueden convertir a la región en uno de los grandes polos de crecimiento de las próximas décadas. Para aprovechar ese potencial habrá que adecuar redes capaces de recibir esa energía, transportarla dentro de la Costa y llevarla hacia el interior del país, además de atender una demanda creciente.
La energía del Caribe, por tanto, no puede seguir tratándose como un problema exclusivamente regional. Si Colombia espera beneficiarse de su potencial renovable, también deberá participar en las inversiones necesarias para desarrollarlo. El país ya ha entendido que ciertas obras, aunque estén localizadas en una región, merecen apoyo nacional cuando sus beneficios superan esas fronteras. La modernización energética del Caribe merece la misma lógica.
Las entidades oficiales deben pagar la energía que consumen y las inversiones nacionales tendrán que traducirse en resultados verificables. Afinia arrastra hoy las finanzas de EPM, pero el Caribe puede ser también uno de los motores del futuro energético y económico de Colombia. Si la Nación quiere aprovechar ese potencial, tendrá que asumir su parte del esfuerzo.
