El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá impuso una sanción por desacato a Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, al concluir que incumplió una orden judicial que le exigía responder de fondo un derecho de petición relacionado con presuntos casos de acoso y violencia de género en el canal estatal RTVC.
La decisión quedó consignada en un documento judicial en el que el despacho determinó que no se dio cumplimiento a una tutela previamente concedida, pese a los requerimientos realizados durante el trámite.
El proceso tuvo origen en una acción de tutela presentada para garantizar la respuesta a una solicitud radicada por Katherine Miranda, representante a la Cámara, quien pidió información relacionada con presuntas situaciones de acoso y violencia de género en RTVC.
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De acuerdo con la providencia, la orden judicial exigía emitir una respuesta de fondo a la petición. Sin embargo, tras varios requerimientos, el juzgado concluyó que la decisión no fue acatada.
El despacho señaló que la entidad incurrió en una conducta “renuente y dilatoria ante la protección de derechos fundamentales”, razón por la cual resolvió imponer la sanción por desacato.
¿Cuál fue la sanción impuesta?
Como consecuencia del incumplimiento, el juez ordenó imponer una multa económica de tres salario mínimos ($5.250.000) y una pena de cinco días de arresto al funcionario responsable.
La decisión constituye una medida prevista dentro del incidente de desacato para hacer cumplir las órdenes emitidas en el marco de una acción de tutela cuando una autoridad no atiende lo dispuesto por un juez.
La providencia reafirma la obligación que tienen las autoridades públicas de cumplir oportunamente los mandatos judiciales, especialmente cuando buscan garantizar derechos fundamentales como el derecho de petición.
Con esta decisión, el juzgado reiteró que las órdenes impartidas dentro de una tutela son de obligatorio cumplimiento y que su desacato puede dar lugar a sanciones personales para los funcionarios responsables.
¿Qué pasa en RTVC?
En marzo hubo una ola de denuncias de acoso sexual en medios colombianos que se activó bajo la etiqueta #YoTeCreoColega, uno de los señalados fue RTVC, que tras la presión emitió un comunicado negando que existan denuncias formales de acoso sexual contra sus funcionarios, contratistas o colaboradores. La entidad afirmó que desde 2022 aplica un protocolo integral de prevención y sanción de este tipo de conductas, y aseguró no tolerar ninguna forma de violencia de género.
Sin embargo, el comunicado no abordó directamente el caso de Hollman Morris, actual gerente de RTVC, quien enfrenta un proceso legal derivado de una denuncia de 2019 hecha por Lina Castillo, entonces integrante de su equipo de prensa cuando él era concejal de Bogotá.
Castillo lo acusó de hacerle comentarios sexuales sobre su forma de vestir y de tomarla de las piernas sin su consentimiento; en respuesta, Morris la demandó por injuria y calumnia, alegando que la denuncia era falsa.
Un colectivo de periodistas y abogadas señaló que Morris habría adoptado una estrategia de intimidación hacia las denunciantes, que incluiría llevar camarógrafos de RTVC a las audiencias para grabar a las mujeres y aparecer con el logo institucional de fondo en audiencias virtuales. Ante esta situación, la defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció que acompañará las denuncias contra Morris y contra trabajadores de Caracol Televisión, calificando estos hechos como parte de “una práctica normalizada” que las instituciones no deben encubrir.
Congresistas del Pacto Histórico, entre ellas María Fernanda Carrascal, pidieron que Morris sea apartado del cargo mientras avanzan las investigaciones, argumentando que los señalamientos de acoso sexual corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo y no deben diluirse dentro de la institucionalidad actual de RTVC, pero nunca fue apartado del cargo.
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