En total, 88 familias desplazadas que tenían su lugar de residencia temporal en Medellín han retornado a sus sitios de origen o han sido reubicadas en otros municipios durante los meses de este año que llevamos transcurridos con el apoyo de la Alcaldía Distrital.
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Este es uno de los puntos del balance de acciones que hizo la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la cual aclaró que el regreso de estas personas debe contar con los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.
Esto en plata blanca significa que nadie lo hace obligado, además de que previo a la decisión debe haber un concepto de la Policía y el Ejército acerca de que en la zona a la cual se realiza el regreso no hay riesgo por la presencia de grupos armados que puedan hacerles daño.
Pero además, los grupos familiares deben contar con condiciones mínimas que garanticen que van a estar bien, es decir alimentos, vivienda, salud y estudio para los hijos menores de edad.
Para todo ello la administración distrital cuenta con un equipo de profesionales debidamente entrenado que hace acompañamiento y además les provee a estas víctimas del conflicto armado de proyectos productivos con el fin de que a futuro puedan proveerse por sí mismas la solución a sus necesidades.
El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, destacó que en total, en estos primeros seis meses de 2025 desde su dependencia atendieron a 14.611 personas (1.311 familias) víctimas del conflicto armado interno. En su mayoría se trató de gente desplazada por las confrontaciones de grupos irregulares entre sí o con la Fuerza Pública.
Los lugares de procedencia son tanto municipios del mismo departamento como distintas regiones del territorio nacional.
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“Durante todo este periodo hemos asesorado y acompañado a las víctimas del conflicto armado, con ayuda humanitaria, asesoría jurídica, asesoría psicológica y todas las garantías”, explicó el secretario Arcila.
También fueron entregadas 3.060 ayudas humanitarias, con paquetes alimentarios, kits de aseo y apoyo económico. Fuera de eso, los beneficiarios reciben atención psicosocial, orientación jurídica y acceso al albergue temporal, como lo dispone la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas.
Mucho antes de que esta norma existiera, la capital antioqueña ya tenía su propia política pública para atender a las personas que llegan a la ciudad en busca de un refugio para librarse de la violencia armada que ha imperado en los campos.
En la ciudad hay más de 406.000 víctimas residenciadas, siendo la segunda receptora en el país, una situación que trae grandes retos para su atención.
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