Que van a liberar a los cabecillas que están negociando la paz urbana del Valle de Aburrá. Que no los van a liberar nada. Que la resolución es inoperante para quienes ya están pagando condenas, pero que, al final, sí le servirá a algunos. Ese es el bucle de dudas y vacíos legales que dejó la resolución 00072 de 2026 de la Fiscalía General de la Nación, en la que se levantaron las órdenes de captura contra 23 miembros de la mesa de negociación de Itagüí.
Desde el pasado martes, cuando se conoció la medida, el escepticismo comenzó a rodar entre autoridades, abogados y expertos en el conflicto. El documento, lejos de blindar el proceso, se percibe como un texto más lleno de interrogantes que de certezas.
Incluso el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que demandará la resolución con el fin de evitar que los “cabecillas salgan libres”, una posibilidad que la Fiscalía y la Oficina del Comisionado para la Paz negaron tajantemente, argumentando que en ningún momento se contempla la excarcelación para quienes aún deben purgar penas por sus delitos.
¿Un beneficio inútil o un error de forma?
Abogados consultados por este diario señalan que la resolución carece de lógica jurídica. La premisa es simple: casi todos los que integran la mesa de negociación ya están condenados legalmente. Los expertos precisan que, aunque se incluya a los 23 nombres, solo uno de ellos recibiría un beneficio judicial real durante los próximos seis meses.
Álex Morales, abogado experto en conflicto urbano, explicó que la resolución contiene errores sustanciales que afectan la seguridad jurídica y el futuro procesal: “desconoce el marco legal y reinterpreta la condición de los voceros como si fueran sujetos con órdenes de captura vigentes o como si existiera un riesgo real de reincidencia”.
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En la misma línea, otros juristas sostienen que la figura de levantar capturas no aplica para condenados; para ellos, el camino técnico debió ser otro. Óscar Santamaría Puerta, abogado penalista, advirtió que “no hay claridad al respecto; lo que se debería aplicar, si fuera el caso, sería una suspensión eventual de la pena”.
El caso de “El Montañero”: el beneficiado con nombre propio
De los 23 incluidos en la resolución, siete ya están en las calles por cumplimiento de condenas o beneficios previos. Entre ellos figura Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, máximo cabecilla de “El Mesa”, estructura nacida en Bello con tentáculos en varias regiones del país.
En una lectura detallada, Pérez Peña aparece como el gran ganador de la decisión. Su recaptura era inminente, pues sobre él pesaba una orden vigente por el homicidio de Alejandro Mazo Pulgarín, alias Titi, ocurrido el 21 de marzo de 2020 en el patio 2 de la cárcel de Cómbita, Boyacá. Según el expediente de la Fiscalía 9° Seccional de Tunja, Mazo murió acuchillado en una riña y “El Montañero” fue señalado como el principal sospechoso.
El proceso penal derivó en una orden de captura en 2025 que mantenía a las agencias de seguridad siguiéndole la pista. Un abogado que pidió reserva de su identidad señaló que “esta resolución muestra que todos estarían inmersos en otros procesos, pero para el caso de ‘El Montañero’, significa que no podrá ser procesado por ese homicidio mientras la resolución esté vigente”.
Para los otros 22 cabecillas, la medida parece un saludo a la bandera: “La Fiscalía no tiene injerencia sobre personas condenadas. No se puede suspender lo que, en un comienzo, no existe”, añadió la fuente judicial.
La sombra de las elecciones y la falta de métricas
Santiago Tobón, docente de la Universidad Eafit y analista del conflicto, sostuvo que hasta hoy no hay resultados comprobables de que la mesa de paz urbana haya impactado la seguridad. “La resolución cita ‘avances’, pero el único piloto medible —los barrios libres de extorsión de diciembre de 2024— arrojó resultados no concluyentes. La extorsión persistió bajo otras modalidades y el control territorial se mantuvo”, explicó.
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Para Tobón, el momento en que se firma la resolución no es casual. Ocurre en plena campaña presidencial, lo que sugiere un intento de exhibir logros en la “paz total” para favorecer al candidato de continuidad del gobierno Petro, Iván Cepeda Castro.
“El Gobierno tiene incentivos para mostrar avances y las estructuras criminales lo saben; eso les da un poder de negociación adicional sin costo. Es una cesión unilateral del Estado antes de recibir resultados verificables”, indicó el académico.
¿Una premisa incómoda?
Desde algunos sectores aseguraron que este tipo de determinaciones forman parte de una parte incómoda de las negociaciones, teniendo en cuenta que este tipo de pactos se hacen con “el enemigo”.
Luis Fernando Quijano, representante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), expresó que “pretender lo contrario es desconocer la experiencia histórica de Colombia y del mundo. Ningún grupo armado, ninguna estructura criminal, va a someterse voluntariamente si el único incentivo que se le ofrece es la prisión inmediata. La racionalidad es evidente: si negociar implica perderlo todo, mientras delinquir sigue siendo rentable, la violencia continuará”.
La urgencia de las estructuras criminales por obtener estos beneficios radica en la supervivencia del proceso mismo. Expertos coinciden en que, si no gana un gobierno continuista, la mesa de negociación podría desaparecer. “Si llega un gobierno de derecha, esta mesa puede morir. La idea es blindar la negociación si Iván Cepeda queda de presidente”, señaló un abogado consultado. Mientras tanto, entre la retórica oficial y los vacíos del papel, la paz urbana sigue navegando en un mar de especulaciones.
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