El 16 de octubre de 2023, Tibú (Norte de Santander) fue testigo de lo que parecía un hito de paz: la instalación formal de la mesa de conversaciones con el Estado Mayor Central. Hoy, más de dos años después, la inteligencia militar revela un panorama más cercano a la guerra que a la paz que dialogan.
Datos conocidos en exclusiva por EL COLOMBIANO muestran que el grupo disidente comandado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, no solo se mantuvo sino que se fortaleció casi triplicando su pie de fuerza armado. Pasó de tener 1.400 personas en armas (en 2023) a 2.958 (hoy): un incremento del 111 % en pleno proceso de diálogo con el gobierno.
Hoy, rebautizado como Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), el de “Calarcá” (con 22 años de formación criminal en Farc) no solo es el grupo más poderoso de la mesa de negociación, sino una maquinaria compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes. Su influencia ya se extiende a 10 departamentos y cerca de 100 municipios, imponiendo su control en territorios donde antes no tenía presencia.
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La acción más reciente lo evidencia: en la noche del viernes, en Briceño (Antioquia), una facción disidente del Frente 36 —dirigida por alias “Primo Gay” y bajo órdenes de “Calarcá”— detonó una motobomba frente a la estación de Policía del municipio. Aunque en la zona también tiene presencia el Clan del Golfo, las autoridades han señalado de manera preliminar al grupo de “Calarcá” como responsable.
Hay que recordar que hace unos días el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó en Hora 20 de Caracol Radio a alias Calarcá como “un criminal que está delinquiendo” y que “debe ser capturado”, pero que su cartera actuará acorde a lo ordenado por el presidente Gustavo Petro.
El funcionario recordó que tras operativos en Antioquia, en octubre de 2025, en los que fue “neutralizado” alias Ramiro, se evidenciaron fracturas internas: “El Frente 18 le dijo al 36 —ambos de “Calarcá”—: ‘muchas gracias, ustedes no ayudan; nos vamos con ‘Mordisco’”.
Cabe recordar que alias Calarcá mantiene suspendida su orden de captura desde que en 2023 inició su participación en la mesa de paz, una medida que la Fiscalía ya evalúa levantar.
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Para las autoridades locales no hay ambigüedad en el atentado con motobomba en Briceño. El secretario de Seguridad de Antioquia, el general (r) Luis Eduardo Martínez, lo resumió así: “Esa estructura (Frente 36) pertenece al siempre nombrado Calarcá. Un asesino que lleva a cabo acciones a lo largo y ancho del departamento con sus frentes, que desplaza, que asesina, que ordena atentados terroristas y sigue en mesas de diálogo con el Gobierno Nacional”.
“Calarcá” y la Teófilo Forero
Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO indicaron que inicialmente ambos frentes surgieron como independientes, aunque en ciertos momentos estuvieron vinculados a la Segunda Marquetalia o respondieron a ella. Con la llegada del proceso de “paz total” en 2023 y la posterior reorganización, ambos frentes pasaron al Estado Mayor Central, dividido entre alias Calarcá y alias Mordisco.
Entonces, el Frente 18 quedó asignado a “Calarcá”. Tras los golpes que sufrió, el Frente 18 quedó muy diezmado y recibió apoyo de “Mordisco”, por lo que hoy mantiene vínculos con él, aunque debilitado.
El Frente 36, en cambio, se dividió: parte de sus miembros está con “Mordisco” y otra sigue con alias Calarcá, de 42 años, cuya base familiar está en Mesetas (Meta), especialmente en la vereda Santa Helena —su lugar de origen— y el caserío San Isidro.
También en La Macarena, en sectores como La Sombra y la vereda Brisas del Guayabero. En San Vicente del Caguán (Caquetá) mantiene movilidad frecuente hacia el Meta.
Alexander Díaz ha construido una trayectoria prolongada dentro de las estructuras armadas. Sus primeros registros datan del 1 de junio de 1999, cuando en las antiguas Farc-EP se desempeñaba como cabecilla de escuadra, rol que consolidó en noviembre de 2001 dentro del Frente 40.
Para diciembre de 2005 ya figuraba como cabecilla de compañía bajo el mando de alias Ever Castro.
En enero de 2011 fue designado como segundo cabecilla del Frente 55, y en febrero de 2012 asumió como tercer cabecilla del Frente 40. Su permanencia en posiciones clave continuó en febrero de 2016, cuando nuevamente fue registrado como segundo cabecilla del Frente 40.
Para enero de 2017 ya ocupaba el cargo de cabecilla del mismo frente, lo que marcó su entrada definitiva a los niveles más altos de mando operativo. A partir de marzo de 2020, Calarcá dio el salto a instancias superiores al convertirse en segundo cabecilla del grupo disidente de Farc, Jorge Briceño, donde fue nombrado coordinador en junio de 2021.
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Finalmente, el 30 de diciembre de 2023 alcanzó uno de los cargos más relevantes al ser designado cabecilla máximo en la facción que lleva su nombre, consolidándose como uno de los principales líderes de esta estructura armada en el contexto actual del conflicto y los procesos de negociación.
Los archivos “Calarcá”
A ese acto se suma también la crisis generada por los “Archivos Calarcá” revelados hace cuatro meses por Noticias Caracol que dieron a conocer que estas disidencias tenían acceso a frecuencias, claves y movimientos de tropas, y mencionaban al general Juan Miguel Huertas Herrera como presunto facilitador de información y negocios irregulares con “Calarcá”.
La denuncia sacudió la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la cúpula del Ejército, provocando la renuncia de Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, tras pruebas que lo vinculaban con filtraciones a las disidencias.
Hace unos días, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó la investigación periodística tras verificar la autenticidad de los archivos. Todo esto ha generado un fuerte debate sobre la seguridad de las instituciones y la integridad de la inteligencia nacional.
La salida de Mejía hace unos días, defendido públicamente por el presidente Petro, revela un sistema tensionado por infiltraciones y dudas profundas sobre la transparencia en los procesos de paz.
El poder de Calarcá no se mide solo en cifras. Se sustenta en un modelo de gobernanza armado-criminal que ha sabido aprovechar los vacíos del Estado.
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Desde el 16 de octubre de 2023, delegados del Gobierno han sostenido siete ciclos de reuniones con él y sus delegados —el más reciente entre el 17 y el 20 de noviembre de 2025—, mientras tanto el comandante disidente ha mantenido suspendidas sus órdenes de captura, sin que el grupo deje de traficar, reclutar y expandir sus redes de extorsión.
Su principal fortín armado se concentra en Caquetá: en San Vicente del Caguán (veredas El Termal, Granada y Las Damas); en Cartagena del Chairá (sectores de La Riña, Berlín y Remolinos del Caguán); y en Puerto Rico (vereda La Chipa, sector de Bolsa de Guayas y Peñas Rojas).
También tiene presencia en La Montañita, en el sector de Canadá, y en El Paujil. A esto se suma su influencia en el Meta, en el municipio de San Juan de Lozada, ubicado en la zona limítrofe entre ambos departamentos.
Mientras dialoga, expande su poder de guerra
Es que, Meta es la zona base histórica y lugar de nacimiento del grupo, donde mantiene una fuerte presencia en municipios como Mesetas, La Uribe, La Macarena y Vista Hermosa.
Desde este núcleo operativo, la organización ha extendido su influencia hacia departamentos vecinos, consolidando su poder en el sur del país.
De forma paralela, en Guaviare la presencia del grupo se vuelve clave, con coordinación y disputas territoriales especialmente en San José del Guaviare y Miraflores, zonas en las que se libra una constante pugna por el dominio regional.
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El avance continúa hacia Putumayo, donde el grupo ejerce control a través del Frente Raúl Reyes —también conocido como Comando Conjunto Raúl Reyes— y el Frente 48, consolidando su influencia en puntos como Puerto Leguízamo.
Esta expansión se complementa con la reciente consolidación de una red de extorsión en Huila, departamento clave en su crecimiento, especialmente en municipios como Algeciras. También está en Antioquia y Norte de Santander.
Mientras negocia, la estructura de alias Calarcá se fortalece. Combina extorsión masiva, control de la economía de la coca y redes de lavado con negocios legales y proyectos comunitarios que terminan bajo su órbita.
El resultado no es solo una guerrilla narcotraficante sino un sistema: un modelo federal de gobernanza criminal donde cada frente en cada región tiene poder de decisión para mandar.
Compromisos de paz que benefician a su disidencia
Gloria Cecilia Quiceno Acevedo es la actual jefa de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos de paz con las disidencias de las Farc de alias Calarcá. Fue designada oficialmente por el gobierno de Gustavo Petro en septiembre de 2025.
Antes de ser jefa negociadora, trabajó como contratista en la Oficina del Consejero Comisionado de Paz dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
También participó activamente en los detalles sobre la concentración y desescalamiento del Frente 33 en la región del Catatumbo.
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Los acuerdos con la disidencia de alias Calarcá se han manejado con fuerte hermetismo desde la Dirección Nacional de Inteligencia.
Aun así, EL COLOMBIANO conoció los avances de los siete ciclos de diálogo iniciados el 25 de octubre de 2023 —el más reciente, del 17 al 20 de noviembre de 2025—, enfocados en proyectos sociales, ambientales y educativos con participación comunitaria, principalmente en zonas de mando de “Calarcá”.
Entre ellos están la caracterización socioambiental en el noroccidente del Chiribiquete, proyectos productivos sostenibles, planes de formalización de tierras en las Sabanas del Yarí, iniciativas de vivienda y servicios básicos, así como programas de ganadería sostenible.
También se contempla la formalización de un colegio internado en el Yarí y el impulso a espacios de diálogo con comunidades indígenas y organizaciones campesinas.
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Sin embargo, en contraste con estos compromisos, la realidad en terreno apunta a otra dinámica: una estrategia de “gobernanza armado-criminal”, en la que el grupo no solo mantiene su accionar ilegal, sino que aprovecha el proceso para consolidar control social, territorial y económico.
El cruce entre lo definido en la mesa de paz y la realidad operativa de la facción de alias Calarcá evidencia que el grupo utiliza el proceso para legitimar y expandir su control territorial.
Mientras el Gobierno les pide promover transformaciones territoriales, la información de inteligencia militar conocida por EL COLOMBIANO indica que la organización capitaliza estas iniciativas para consolidar su poder de facto, convirtiendo la inversión estatal en una herramienta de arraigo para la insurgencia.
En el Eje del Yarí y San Juan, los proyectos de formalización de tierras y planes piloto de vivienda y electricidad chocan con el modelo económico impuesto por “Calarcá”. En San Juan de Losada, Meta, “Calarcá” utiliza una arrocera para presentarse ante los campesinos como un “gestor de desarrollo” y que no es el Estado el que lleva inversión y empleo al territorio.
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Aunque se muestra como un proyecto productivo, para fuentes de las Fuerzas Militares la operación se financia con capital proveniente de actividades ilegales, principalmente de la extorsión masiva a ganaderos y comerciantes de la región.
En Chiribiquete, incluido en lo acordado en la mesa, inteligencia militar ha detectado órdenes de deforestación para expandir cultivos ilícitos, mientras que los censos que realiza la organización, a través de presidentes de Juntas de Acción Comunal, buscan ajustar cuotas extorsivas y mantener control territorial, desviando la intención original de los proyectos o intenciones de paz con el visto bueno del Gobierno.
El proyecto de ganadería sostenible en el Yarí, Meta y Guaviare se superpone con uno de los negocios más rentables de la facción: la imposición de cuotas extorsivas en esas zonas por cada cabeza de ganado y la administración de fincas mediante redes de testaferros.
Esto muestra cómo los proyectos de desarrollo y espacios sociales terminan siendo absorbidos, directa o indirectamente, por la economía criminal, fortaleciendo la capacidad financiera y operativa del grupo, incluso a través de intermediarios con riesgo de cooptación.
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Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, uno de los puntos más críticos del proceso con la facción de “Calarcá” es la centralización del control en la DNI, en detrimento del Ejército y la Policía. Según advierte, esta decisión —motivada por la desconfianza del Gobierno hacia la Fuerza Pública— ha generado vacíos de supervisión que pueden ser aprovechados por el grupo armado.
Arias también alerta que la DNI ha monopolizado la inteligencia sobre “Calarcá” y la presenta directamente al presidente Petro con el riesgo de sesgar la información para favorecer la continuidad de los diálogos, minimizando actividades delictivas detectadas por otras agencias.
A esto se suma la posible existencia de “mesas paralelas”: contactos o acuerdos por fuera del canal oficial, lo que incrementa la opacidad sobre lo que realmente se negocia con alias Calarcá.
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