El escrito de acusación (indictment) contra Nicolás Maduro, en el Distrito Sur de Nueva York, bajo el radicado S4 11 Cr. 205, describe una supuesta conspiración criminal que se habría extendido desde 1999 hasta 2025 y que para las autoridades norteamericanas se dio para favorecer al supuesto “Cartel de los Soles”.
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El documento menciona a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, quien se desempeña como ministro de Relaciones Interiores de Venezuela; Ramón Rodríguez Chacín, exministro y político venezolano; Cilia Adela Flores de Maduro, primera dama del país; Nicolás Ernesto Maduro Guerra (mencionado con el alias de “Nicolasito” o “The Prince”), hijo del mandatario y miembro de la Asamblea Nacional; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), identificado como el líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Para la Fiscalía de Estados Unidos, el presidente venezolano y demás personas procesadas operan bajo un esquema de ganancias del tráfico de toneladas de cocaína hacia oficiales civiles, militares y otros miembros de alto rango, así como hacia la familia de Maduro.
Además, según el indictment de 25 páginas, Venezuela es descrita como un santuario para narcotraficantes y señalan que para el transporte de alcaloides se habría utilizado el hangar presidencial en el Aeropuerto de Maiquetía con aviones de la empresa estatal PDVSA y usando pasaportes diplomáticos para “mover droga, dinero y armas”.
El escrito de acusación identifica roles clave de cada uno de los procesados en este caso internacional. Señalan a Nicolás Maduro como una persona que supuestamente hizo uso de cada cargo en el que estuvo, desde 1999, para al parecer favorecer los delitos investigados.
“Como canciller facilitó la repatriación de ganancias de la droga desde México bajo cobertura diplomática; como presidente, ha permitido que la corrupción florezca para beneficio personal y familiar”, se lee en el documento judicial de Estados Unidos.
En el caso de su esposa, Cilia Flores, se le acusa de actuar como intermediaria para el pago de supuestos sobornos y de utilizar grupos armados conocidos como “colectivos” para proteger las operaciones de tráfico.
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En el caso de Diosdado Cabello Rondón es acusado de proteger cargamentos masivos de droga (de hasta 20 toneladas) para grupos como el Cartel de Los Zetas, en México, y de recibir sobornos millonarios para evitar arrestos.
Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario, es sindicado de coordinar envíos de cocaína a Miami y Nueva York, incluso discutiendo el uso de contenedores de chatarra para camuflar la droga.
También habría negociado el pago con armas a las FARC por cargamentos de cocaína. Otro de los procesados es Héctor “Niño” Guerrero, señalado líder del Tren de Aragua mencionado como la persona que proporcionaba protección armada y servicios logísticos en las costas venezolanas utilizando compartimentos de almacenamiento ocultos en las playas.
Los procesados, incluyendo al presidente Maduro, enfrentan cuatro cargos federales principales, además de medidas de decomiso. El primero de ellos es conspiración para el narcoterrorismo, donde son investigados Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín.
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Se les señala en el documento de la participación en una conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el conocimiento y la intención de beneficiar económicamente a organizaciones terroristas extranjeras. En este caso Estados Unidos los vincula con las FARC, ELN, Cartel de Sinaloa, Los Zetas y Tren de Aragua.
El segundo cargo tiene que ver con una supuesta conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos. Aquí son vinculados todos los procesados (Maduro, Cabello, Rodríguez Chacín, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra (hijo) y Héctor “Niño” Guerrero(Tren de Aragua). Los sindican de la fabricación, distribución y posesión de la droga con destino final territorio estadounidense.
Para las autoridades el tercer cargo en contra de Maduro, y los otros investigados, tiene que ver con la “posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Uso, transporte y posesión de armas de guerra en relación directa con delitos de narcotráfico”. El cuarto delito contra todos los procesados es conspiración para poseer armas de guerra.
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Las antiguas Farc y el ELN son señaladas de controlar la producción de droga en Colombia, “mientras que el régimen venezolano les proporciona protección y apoyo logístico en su territorio.
Ramón Rodríguez Chacín incluso habría mantenido campos de entrenamiento de las FARC en su finca privada. El Cartel de Sinaloa y los Zetas han dependido de la infraestructura venezolana para mover droga hacia Centroamérica y los Estados Unidos”.
Como consecuencia de estos cargos, el gobierno de los Estados Unidos busca el decomiso de todos los bienes, propiedades y ganancias derivadas de estos delitos. Si los bienes originales no pueden ser localizados por haber sido transferidos o diluidos, la ley permite buscar activos sustitutos del patrimonio de los acusados hasta cubrir el valor de lo defraudado.
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