La Fiscalía General de la Nación logró un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Con este acuerdo, Benavides se compromete a colaborar como testigo en contra de otros implicados en el escándalo, entre ellos su exjefe, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
El ente acusador aún evalúa si el principio de oportunidad será total o parcial, según el alcance de la información entregada por la exfuncionaria.
Entre tanto, la Fiscalía avanza con la imputación de cargos en su contra. Está previsto que Benavides sea acusada el próximo 8 de mayo por el delito de tráfico de influencias.
En este caso, a la exasesora se le reprocha presuntamente haber intervenido en el direccionamiento de tres contratos que suman $92.000 millones de pesos.
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Dichos contratos, asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), habrían sido utilizados como mecanismo para influir en congresistas de la Comisión de Crédito Público.
La intención, según el ente acusador, era lograr que varios legisladores votaran a favor de la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo. Estos recursos estaban destinados a respaldar proyectos gubernamentales, pero habrían sido gestionados bajo presiones indebidas, dentro de un esquema más amplio de corrupción en la UNGRD.
La mujer reconoció ante la Fiscalía que llamó Karen Manrique, congresista de las curules por la paz, porque estaba interesada en un contrato en Arauca.
Además, ha entregado información clave a las autoridades sobre la posible participación del exministro Bonilla en el entramado corrupto que se tomó la UNGRD.
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