La posible liquidación de Emssanar EPS antes del próximo 31 de mayo encendió las alertas entre usuarios y directivos, luego de que la Asociación Unitaria de Trabajadores de la entidad enviara una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al superintendente de Salud, Daniel Quintero, solicitando detener alguna decisión que implique su liquidación.
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En el documento, el sindicato advierte que una eventual desaparición de la aseguradora pondría en riesgo la prestación de servicios médicos para más de 1,6 millones de afiliados y afectaría directamente la estabilidad laboral de 1.585 empleados. Además, señalan que la medida tendría repercusiones sobre la red hospitalaria pública del suroccidente del país.
La organización sindical sostuvo que la determinación que adopten las autoridades no solo impactará a los usuarios del sistema, sino también a hospitales públicos y a las finanzas estatales. Según expusieron, la decisión prevista para finales de mayo definirá el futuro del acceso a la salud de millones de personas vinculadas a la EPS.
En la comunicación enviada al Gobierno Petro, los trabajadores calificaron una eventual liquidación como una medida perjudicial para el Estado y especialmente grave para las comunidades más vulnerables. Aseguran que el cierre de Emssanar no significaría únicamente el fin de una entidad, sino el desmonte de una estructura de aseguramiento consolidada durante cerca de tres décadas, en referencia al tiempo que lleva de construcción el sistema desde la Ley 100 de 1993.
El sindicato recordó que Emssanar surgió en 1994, en medio de la implementación de esa legislación, como una iniciativa ligada a organizaciones comunitarias encargadas de garantizar cobertura médica a población de bajos recursos. Por ello, consideran que acabar con la EPS implicaría desmontar un modelo construido históricamente para atender a sectores excluidos.
Según las cifras entregadas por los trabajadores firmantes de la carta, a diciembre de 2025 la EPS contaba con 1’673.178 afiliados, de los cuales más de 1,5 millones pertenecían al régimen subsidiado. Opera en 102 municipios del suroccidente de Colombia y concentra el 33,74 % de participación en ese segmento, convirtiéndose en el principal asegurador de población vulnerable en esos departamentos.
La asociación también manifestó preocupación por los pacientes diagnosticados con enfermedades de alto costo —entre ellas cáncer, insuficiencia renal crónica, VIH y patologías huérfanas—. Según indicaron, muchos de estos pacientes viven en zonas apartadas donde Emssanar representa prácticamente la única opción disponible para acceder al sistema de salud, lo que dificultaría un eventual traslado a otras EPS.
Finalmente, el sindicato de trabajadores señaló que la situación financiera de la entidad debe analizarse teniendo en cuenta las complejas condiciones sociales y geográficas de la población que atiende. Explicaron que la concentración de afiliados en áreas rurales dispersas y con altos índices de pobreza incrementa los costos médicos y la demanda de atención especializada, situación que podría agravarse si se liquida la aseguradora.
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