Ni la hoja de un árbol se mueve sin que lo sepan los grupos armados, tanto en la zona urbana de Briceño, como en la rural, donde a principios de la semana pasada asesinaron al periodista Mateo Pérez cuando pretendía hacer un reportaje acerca de la manera en que viven los habitantes de esos territorios acosados por la violencia.
Por allí el asedio de los ilegales ha sido constante hace varias décadas, con él han aprendido a vivir los pobladores; y no hay mayor problema cuando se trata de un actor hegemónico, pero el lío es si —como ahora— alguien más entra en la disputa por el poder territorial. En la actualidad hay dos facciones de las disidencias de las extintas Farc y el Clan del Golfo.
Se sabe que buena parte de la carretera entre este pueblo y la salida que da a Yarumal está dominada por el Clan, igual que otra área hasta el sector de la vereda Travesías.
Desde Travesías hacia Palmichal lo dominan las disidencias de las Farc al mando de alias “Primo Gay”. Esa parte registra la mayor conflictividad de Briceño.
Los miembros de las disidencias patrullan en motos, vestidos de uniformes camuflados, con los fusiles al hombro y con frecuencia acompañados de un mono tití o de un puma adolescente que está domesticado y al que solo amarran cuando van a entrar a la propiedad de alguien, debido a su apetito por las gallinas.
Por estos parajes absolutamente todo está controlado. No es difícil saber quién entra y quién sale, porque el medio de transporte por excelencia es el carro de la línea pública que pasa una vez al día y se va a la mañana siguiente.
Se dice que Mateo Pérez llevaba una escarapela que lo acreditaba como director y fundador de El Confidente, un medio de comunicación alternativo que ha publicado información sobre el Norte de Antioquia. Pero por acá el único carné que tiene validez es el que avalan las mismas disidencias y pesa más que el documento de identidad que otorga la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Resulta que por acá es obligatorio pertenecer a la Junta de Acción Comunal tan pronto se cumplen los catorce años de edad. Desde ese momento hay que figurar en el registro de la organización comunitaria, que es el mecanismo para la especie de empadronamiento que hacen los armados.
Precisamente hace poco la gente de Primo Gay reunió a los integrantes de las respectivas acciones comunales y dio un mes para que todo mundo actualizara el carné; justo el plazo se vence la próxima semana.
Para los extraños que deban entrar —normalmente familiares— una norma de estricto cumplimiento es que uno de los habitantes avise ocho días antes, y que lo presente.
Por lo general, la gente se recoge a las seis de la tarde, ya que en la noche los ilegales ponen trampas, como minas antipersona y otro tipo de explosivos en la carretera.
Como no falta la persona que se enferma en hora impropias y requiere que lo evacuen hacia el hospital, el “protocolo” bien aprendido indica que los allegados lo reporten ante el líder más reconocido en la comunidad, quien a su vez se comunica con el enlace del grupo armado para que este dé el permiso. En todo caso, el carro tiene que llevar las direccionales encendidas y las luces internas prendida para que se vea que efectivamente se trata del paciente.
Las infracciones como peleas que den al traste con una celebración reciben un castigo que puede llegar a dos millones de pesos más ocho días de trabajo en el mantenimiento de la vía o de otras infraestructuras comunitarias, como la escuela.
“Ellos cobran multa por todo. Si citan a una reunión o a un convite y uno no va, son cien mil pesos”, dijo una fuente con la que habló este diario.
Por las veredas El Roblal y Palmichal el control es tan estricto que tampoco es escaso que a cualquiera le pidan que entregue su teléfono con el fin de verificar con quién se comunica, buscando “vacunarse” contra “sapos”.
“Hay gente que dice que no duerme porque los perros ladran cuando los sienten patrullando en motos o suceden hechos concretos como el de hace una semana, cuando en Palmichal mataron a un soldado a las dos de la mañana y otro quedó herido; la gente no durmió porque el enfrentamiento fue ahí mismo”, añadió la fuente.
El Roblal, donde hallaron en los últimos días el carné del director de El Confidente, queda aproximadamente a hora y media de camino desde la zona urbana y hasta Palmichal hay una hora más. En esta última vereda, distante apenas 3 kilómetros de la represa de Hidroituango, el año pasado habitaban 35 familias conformadas por entre 120 y 130 personas, pero los enfrentamientos que se han agudizado desde enero hicieron que alrededor de 25 de estas familias se mudaran al pueblo porque los combates se encendían en el momento menos pensado en inmediaciones de la escuela y los niños quedaban atrapados por el fuego cruzado. En medio de ambas veredas quedan Gurimal y El Hoyo, donde fue asesinado el periodista.
De manera que la zona parece desolada, sin que sea fácil esquivar el control de los armados que patrullan entre tres y cuatro veces por día. Desde enero ingresaron más disidentes al frente 36 para combatir al Clan del Golfo; tras el bombardeo ocurrido a principios de marzo en Ituango, en el que murieron alias “Ramiro”, el cabecilla del frente 18, y a otros seis guerrilleros, los refuerzos fueron más copiosos.
Se han presentado tanto combates entre disidencias y paramilitares, y hostigamientos a la Fuerza Pública como el sucedido en la madrugada del 4 de mayo en Palmichal, con un soldado muerto.
Por el pueblo “no escampa”
En el propio pueblo, aunque la presencia de los armados no es tan evidente, la zozobra también es constante. De hecho, entre el 20 y el 27 de abril pasado hubo toque de queda entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., ley seca con cierre anticipado del comercio, y prohibición del parrillero en moto. Esto luego de una oleada de violencia desatada a punta de ataques con drones. Uno de los atentados dejó dos policías heridos y daños materiales en el área central, pero además provocó el desplazamiento de unas 160 personas de Travesías. En la alcaldía dejaron de atender y los colegios suspendieron actividades.
Luego siguió vigente la prohibición de parquear carros y motos en la vías cercanas al parque principal, pues persistieron amenazas que incluían al alcalde, Noé de Jesús Espinosa.
A pesar de que este mandatario tiene escolta y anda en carro de la UNP, él y menos sus funcionarios se desplazan a las veredas, de forma que su único mecanismo de conexión para diagnosticar y resolver las necesidades del campo son los líderes.
Y si el alcalde requiere salir a Medellín para alguna reunión, mantiene sus rutinas en el más sagrado secreto.
En medio de la crisis de orden público, tampoco Espinosa ni otros miembros de la administración, ni el personero, dan declaraciones a los medios de comunicación.
El recuerdo de José Danilo Agudelo, el exalcalde que fue asesinado en abril de 2022 cuando aspiraba de nuevo al cargo, parece que deambulara por las calles para recordar el costo de subir el perfil. Sicarios lo tirotearon en plena zona urbana de Briceño y huyeron hacia la zona rural.
Un termómetro del estado diario de la situación para los habitantes es si se ven los buses de la empresa Coonorte que hacen entre siete y ocho viajes diarios de ida y vuelta a Yarumal (la distancia es de aproximadamente dos horas por una carretera destapada).
“Si al mediodía hubo un enfrentamiento, el carro ya no vuelve a salir por la tarde y a la gente le toca quedarse encerrada en el pueblo”, dijo la fuente.
Según afirmó este briceñense, los policías permanecen la mayoría del tiempo en la estación y difícilmente se ve un patrullaje de soldados por el casco urbano. “Incluso esta semana (después de la muerte del periodista) no se ha visto movimiento de helicópteros ni de Fuerza Pública”, concluyó.
De laboratorio de paz a zona de guerra
Briceño era un municipio relativamente pacífico, dedicado al cultivo de muy buen café. Pero a finales de la década de 1990 lo infectó la fiebre cocalera del Bajo Cauca y el Norte antioqueño, y también se contagió de la violencia. Prácticamente toda su economía dependió durante dos décadas de los cultivos de uso ilícito.
En medio de las conversaciones de paz con las Farc y previo a los acuerdos de 2016, fue designado municipio piloto para dos iniciativas: el desminado humanitario y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Luego lo designaron como municipio PDET (para la aplicación de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) y Zomac (Zonas más afectadas por el conflicto), dos categorías que, en teoría le dan prioridad para la destinación de recursos tanto del Estado como del sector privado. Sin embargo, los proyectos económicos alternativos no alcanzan para ocupar a la totalidad de la gente generándoles un modo de vida digno ni la Fuerza Pública ha logrado expulsar del territorio a los grupos irregulares.
“Al dejar esas zonas abandonadas, lo único que hacen es poner desplazados, muertos y aumentar las filas de los grupos armados”, concluyó una fuente.
Chalá, el experto en drones que atemoriza al norte antioqueño
Una de las principales figuras a la sombra del repunte violento por el que atraviesan el Norte y el Nordeste antioqueños es alias Chalá, quien según fuentes en la zona se ha consolidado como uno de los cabecillas más importantes de las disidencias allí.
El papel de Chalá ha sido el centro de una encendida controversia entre diferentes entes locales con el Gobierno Nacional, dado que mientras la información en terreno lo ubica como un hombre bajo las órdenes de Calarcá, el presidente Gustavo Petro se ha empecinado en desligarlo de ese cabecilla, argumentando que las conversaciones que se adelantan en el marco de la política de Paz Total no tendrían que ver con el asesinato del periodista Mateo Pérez.
De acuerdo con la información de la Fuerza Pública, alias Chalá aparece identificado como Jhon Édison Chalá Torrejano. En 2025 ya el Ejército lo reconocía como el jefe de finanzas del frente Darío Gutiérrez de las disidencias y se lo asoció incluso al asesinato de la líder social Lina María Puentes Vega. Ella era una de las integrantes de la red de buscadoras del Huila Tras las Huellas de la Vida y fue atacada en el municipio de Baraya.
En aquel entonces, la información de las autoridades era que dicho frente hacía parte de las disidencias de Calarcá y tenía especial influencia en municipios como Colombia, Baraya, Tello, Villavieja, Neiva y Aipe.
Como jefe de finanzas, la Novena Brigada del Ejército atribuyó a Chalá ser una de las cabezas detrás de una estrategia masiva de extorsiones contra comerciantes y campesinos de la zona. Según la institución, en dicho territorio, Chalá respondía a las órdenes de Cristian Rocha Ordóñez, alias Sergio Carvajal o El Viejo.
El secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, señaló que luego de operar por largo tiempo en la zona limítrofe entre Huila y Caquetá, Calarcá ordenó trasladarlo a Antioquia, en donde las disidencias se disputan a sangre y fuego el dominio de varios municipios del Norte y el Nordeste, principalmente con el Clan del Golfo.
El cabecilla habría llegado principalmente con la instrucción de entrenar a los hombres del frente 36 en el manejo de drones y para irse perfilando como eventual sucesor de alias Primo Gay en el frente 36, quien es otro de los más buscados en el departamento.
Según Martínez, aunque en teoría el cabecilla del frente 36 es alias Chejov, ha sido Primo Gay quien ha liderado el accionar de esa subestructura y es el más buscado.
“Ese sujeto llega al territorio con dos encargos especiales de alias Calarcá: uno, dar instrucción y entrenar a los integrantes de ese grupo criminal, porque al parecer es experto en el manejo de drones. Y segundo, perfilarlo para que, en caso de que se active el frente quinto, que va a ser liderado por Primo Gay, él quede encargado de lo que hacía Primo Gay en el 36”, aseguró.
Tal como lo ha venido reportando este diario desde aquel entonces, el frente quinto es una estructura que de las disidencias de las Farc vienen intentando crear por lo menos desde 2021, para afianzar sus operaciones en zonas que otrora controlaban los frentes 5 y 58 de las Farc, antes de la firma del acuerdo de paz, que les permitía asegurar un corredor entre el Nudo del Paramillo y el mar de Urabá. Sin embargo, esa célula no logró echar raíces y fue absorbida por otras organizaciones, pero cinco años después las disidencias estarían nuevamente intentando consolidar esa subestructura.
Pese a que el presidente Petro ha asegurado que Chalá no respondería a las órdenes de Calarcá, sobre todo luego del asesinato del estudiante y periodista Mateo Pérez, el Estado Mayor de las disidencias de las Farc emitió un comunicado el pasado 9 de mayo rechazando lo ocurrido. A pesar de condenar el hecho, dejaron en el aire si hombres de esa estructura habrían participado del ataque al comunicador.
“Esta Dirección nunca fue informada sobre la detención del periodista, de ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar. Estamos a la espera de restablecer las comunicaciones para saber la verdad de lo ocurrido”, señaló esa agrupación.
Entre tanto, la Gobernación de Antioquia lanzó una recompensa de hasta $500 millones por información que conduzca a establecer el paradero de alias Chalá.
Regístrate al newsletter