Por Geovany Londoño
Aunque las cifras oficiales ya son alarmantes, los relatos de sufrimiento, los obstáculos culturales e institucionales para obtener ayuda, y el peso emocional que cargan quienes enfrentan estos trastornos y sus seres queridos, son aún más desgarradores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), cerca de mil millones de personas han padecido algún trastorno de salud mental, entre ellos la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el Alzheimer o el trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, detrás de cada término técnico se esconde una realidad humana de angustia, soledad y desesperación que no podemos ignorar.
En Colombia, el panorama no es distinto. De acuerdo con el Ministerio de Salud (2023), el 66,3 % de la población ha experimentado al menos una vez un trastorno mental, y el 70,9 % afirma que casi nunca se le pregunta por su salud mental. A pesar de la existencia de la Ley 1616 de 2013, que garantiza el derecho a recibir atención integral y humanizada en salud mental, la realidad sigue siendo crítica.
Por eso resulta esperanzadora la reciente iniciativa legislativa que busca reforzar el abordaje de esta problemática: el proyecto de Ley 055 de 2023 en el Senado y 424 de 2024 en Cámara, liderado por el Partido Político MIRA, ya aprobado en segundo debate en el Senado. Esta propuesta apunta a posicionar la salud mental como una prioridad dentro del sistema de salud, mejorar el modelo comunitario, fortalecer entornos sociales y desarrollar competencias socioemocionales, integrando a las organizaciones comunitarias en la prevención, promoción y atención de la salud mental.
Las cifras hablan por sí solas. Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social (Sivigila, 2024), los intentos de suicidio en Colombia han aumentado significativamente desde 2019. Las zonas urbanas concentran el 87 % de los casos, y comunidades como las indígenas y Rrom enfrentan tasas especialmente altas. Las mujeres presentan un 79 % más de riesgo de intentar suicidarse que los hombres, y los adolescentes entre 10 y 24 años son los más afectados: entre 2019 y 2023 se reportaron 151.158 eventos.
Estas estadísticas no son solo números: representan vidas, historias de lucha, de pérdida o de resiliencia. Cada dato tiene un rostro, un nombre, una experiencia que revela la fragilidad de nuestra humanidad. Por eso es urgente dejar de tratar la salud mental como un asunto secundario. Esta es una pandemia silenciosa que nos exige actuar con urgencia.
La respuesta no puede limitarse a soluciones técnicas. Necesitamos también un respaldo espiritual que promueva valores como la compasión, la sabiduría y la justicia. En esta causa, deben articularse esfuerzos entre el Estado, el sector religioso, los profesionales de la salud y las comunidades. Porque la lucha contra los trastornos mentales no es solo individual: trasciende lo individual y exige una transformación colectiva hacia una sociedad más consciente y solidaria, capaz de desmantelar prejuicios y crear entornos donde la esperanza y la superación sean posibles.
Esta transformación no puede esperar más. Es el momento de actuar.
*Abogado y Exdiputado de Risaralda
Regístrate al newsletter