A seis meses de terminar la Presidencia de Gustavo Petro su Ministerio de Salud seguirá ejecutando sus órdenes sobre cambiar el sistema sanitario. Un reciente borrador de decreto propende por hacer un revolcón en el método de afiliación a las entidades promotoras de salud (EPS) en los municipios del país. Hay alertas sobre lo que esa decisión pueda significar para los pacientes.
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En ese sentido, el proyecto de decreto cambia las reglas sobre cuáles aseguradoras pueden operar en cada población. Para eso, se pone un límite de cuántas pueden, según su tamaño, hacer presencia. Con esto, en lugares con pocos habitantes podría quedar solo una.
Así las cosas, si una EPS tiene menos del 3 % de afiliados en un municipio, puede quedar por fuera de operación en ese lugar. Con ese panorama, los afiliados de la que quede por fuera por ese límite serían trasladados a otra que sí pase ese umbral.
Lo anterior implica que se haría ese traslado de usuarios de las que pierdan su autorización, lo cual implica una tarea mayúscula de no afectar a quienes están en medio de un tratamiento médico, sean pacientes crónicos o de alto costo o en condiciones específicas, como el embarazo.
De esa manera, el Ministerio de Salud asignaría a esos usuarios inmediatamente a la aseguradora habilitada, la cual tiene —sí o sí— que aceptarlos. Esto empezaría a regir desde el primer día del mes posterior a cuando el decreto entre en vigencia.
Según explica la líder social en salud y candidata a la Cámara por Antioquia, Hannah Escobar, el proyecto de decreto plantea que “no separarán familias”, pero que “los pacientes de alto costo y las gestantes se distribuyen entre EPS receptoras para repartir el riesgo financiero”. Ese riesgo es, en palabras sencillas, controlar la probabilidad de que los gastos en salud que tengan superen los recursos que tiene para eso, que es la unidad de pago por capitación (UPC).
“No es claro, pero entonces se entiende que migra todo el grupo familiar”, advierte Escobar.
Al respecto, la activista también alerta que el riesgo de este movimiento de afiliados radica en la transición de pasar de una aseguradora a otra. Esto debido al cambio de red, al trámite de nuevas autorizaciones y a posibles retraso en medicamentos o tratamientos en curso. “Sin contar con que el traslado probablemente sería a Nueva EPS que está llevada, es la más grande y tiene presencia en todo el territorio nacional”, expresa.
De esa manera, podría pasar que haya municipios que queden con una sola EPS habilitada, lo que conllevaría a una concentración en esas zonas ante la inexistencia de más opciones. A esto se le conoce como libertad de escogencia: que cada persona decida en dónde quiere afiliarse.
“La pregunta no es solo si el diseño suena ordenado, es si el sistema hoy tiene la capacidad operativa para mover miles o millones de personas sin afectar su atención y la respuesta es que no la tiene”, dice Hannah Escobar.
Esta semana la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud manifestó que poner en marcha ese cambio tendría profundas repercusiones sobre la prestación de servicios y el ejercicio de derechos fundamentales. De hecho, habló de que 6.606.371 usuarios serían trasladados. De esos, más de 3,1 millones llegarían a la Nueva EPS, mientras que otros 289.262 pasarían a Savia Salud y 533.429 a Servicio Occidental de Salud.
El Minsalud declaró el martes pasado que el proyecto de decreto habla sobre mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento con enfoque poblacional y territorial, pero que “no dispone traslados indiscriminados ni automáticos de afiliados”. Así mismo, afirmó, sin especificar cuáles, que “cualquier proceso de asignación de afiliados que pueda adelantarse se realizará con base en criterios técnicos, de manera gradual y con salvaguardas orientadas a proteger la continuidad del aseguramiento y la atención en salud de la población”.
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