El proyecto de Estatuto Antiterrorista que el gobierno de Abelardo de la Espriella prepara para presentar ante el Congreso ya abrió un debate por sus posibles alcances.
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Mientras el Ejecutivo defiende la iniciativa como una herramienta para combatir a las organizaciones criminales y sus fuentes de financiación, sectores de la oposición señalan supuestos riesgos que podría representar para las libertades públicas y el ejercicio de la protesta social.
Ante los cuestionamientos, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió en defensa de la propuesta y aseguró que las críticas no corresponden a los objetivos de la iniciativa. Según explicó, el documento que circula todavía es preliminar y el Gobierno ha incorporado nuevos elementos antes de su presentación formal.
“A todos los colombianos: no se dejen meter cuentos de la oposición”, escribió el funcionario, quien hizo tres precisiones sobre el proyecto.
En primer lugar, sostuvo que la iniciativa está dirigida contra las organizaciones terroristas y no contra los adversarios políticos del Gobierno. “Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer”, afirmó.
En segundo lugar, señaló que, junto con el presidente De la Espriella, se han añadido disposiciones para atacar las finanzas ilegales de las organizaciones criminales. También confirmó que el Consejo de Política Criminal, previsto inicialmente para esta semana, fue aplazado para el 15 de octubre. Cabe señalar que el documento primero pasará por ese comité antes de llegar al Congreso.
Finalmente, defendió el proyecto como una herramienta “firme y extraordinaria para proteger a los colombianos y hacer que la ley rija en todo el territorio”.
Según relató, Amado de Andrés, director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), le comentó que el estatuto está llamando la atención en Washington y Viena por la originalidad y la eficacia que prometen algunas de sus disposiciones. El ministro también afirmó que han recibido comentarios constructivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, por medio de su embajada en Bogotá.
¿Qué le critican al estatuto antiterrorista?
Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la creación de una lista pública de organizaciones o actores que cumplan con la definición de terrorismo establecida en el proyecto.
El mecanismo busca establecer un registro consultable por cualquier ciudadano y toma como referentes la lista OFAC de Estados Unidos.
El procedimiento propuesto contempla que el Consejo de Seguridad Nacional elabore los expedientes para recomendar la inclusión de cada organización o actor. Esta instancia estaría integrada por delegados del Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia, la Cancillería, la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Estar en ese registro tendría consecuencias económicas y administrativas. Entre ellas, el congelamiento de fondos, activos y recursos económicos y bancarios, así como la imposibilidad de contratar con el Estado o acceder a subsidios, beneficios, programas y recursos públicos mientras se mantenga la inclusión.
En Colombia, las organizaciones que actualmente son consideradas terroristas son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
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La discusión sobre el registro se concentra, precisamente, en los criterios que se utilizarían para determinar quién entra en él. Desde el Pacto Histórico han advertido sobre la posibilidad de que el uso de la lista OFAC como criterio de inclusión tenga consecuencias políticas, incluso para el expresidente Gustavo Petro y su colectividad; sobre todo porque el exmandatario ya está en esa lista de Estados Unidos.
Por otro lado, el senador Iván Cepeda cuestionó el carácter general de algunas definiciones; dice que esto podría abrir la puerta a interpretaciones que afecten derechos fundamentales.
“Es evidente que ese carácter genérico e indefinido puede dar lugar a que, por ejemplo, bajo la concepción del actual gobierno, expresiones de la protesta social sean catalogadas como acciones terroristas”, señaló.
Para el congresista, el proyecto podría convertirse en un instrumento que facilite abusos si no establece límites claros para diferenciar las acciones de las organizaciones criminales de las manifestaciones sociales y políticas. Pero Lara respondió que no se plantea una criminalización de la protesta.
El estatuto también plantea un aumento de las penas para hechos de asonadas cuando se cometan contra la fuerza pública o se realicen en beneficio o coordinación con organizaciones terroristas incluidas en la lista. La preocupación de la oposición está en cómo se delimitarían esas conductas.
Finalmente, Cepeda también cuestionó la figura del comisionado contra el terrorismo prevista en la iniciativa. A su juicio, podría representar “la creación de un cargo con plenos poderes”.
El proyecto también tiene respaldo político
Aunque el Pacto Histórico ha planteado reparos, la iniciativa cuenta con respaldo entre sectores afines al Gobierno. El senador Hernán Cadavid, por ejemplo, le pidió al presidente De la Espriella que solicitara mensaje de urgencia para acelerar el trámite del proyecto en el Congreso.
Y como él, son varios los senadores y representantes que ya se han pronunciado a favor de este proyecto de ley estatutaria, que tiene un trámite más exigente que una ley ordinaria debido a la importancia de los temas que regula.
Por ahora, el texto aún debe superar la revisión del Consejo de Política Criminal, prevista para el 15 de octubre, antes de avanzar en su trámite legislativo. Será en esa discusión donde se conocerán los alcances definitivos de una propuesta que ya abrió debate.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es el Estatuto Antiterrorista que propone el Gobierno de Abelardo de la Espriella?
- Es un proyecto de ley estatutaria que busca establecer herramientas para combatir a las organizaciones terroristas, afectar sus finanzas y crear una lista pública de actores y organizaciones que cumplan con la definición de terrorismo prevista en la iniciativa.
- ¿Cuándo se presentará el Estatuto Antiterrorista ante el Congreso?
- Antes de llegar al Congreso, el proyecto debe pasar por el Consejo de Política Criminal, cuya sesión fue aplazada para el 15 de octubre. El Gobierno ha señalado que el documento que circula es preliminar y que se le han incorporado disposiciones adicionales, especialmente para combatir las finanzas ilegales de las organizaciones criminales.
- ¿Cómo se decidiría quién entra en la lista de organizaciones terroristas?
- La propuesta establece que una instancia técnica del Consejo de Seguridad Nacional elaboraría los expedientes y recomendaría las inclusiones. La decisión definitiva correspondería al Consejo de Seguridad mediante un acto administrativo.
