La Red de Veedurías Ciudadanas interpuso una denuncia contra Laura Sarabia y su hermano, Andrés Sarabia, el año pasado, concretamente el 26 de junio de 2024. Los delitos que describe esa red de veeduría son presunto enriquecimiento ilícito de particulares, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Desde esa fecha hasta acá, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia es la encargada de adelantar las investigaciones.
En su momento, la Red de Veedurías Ciudadanas solicitó que “se investiguen y determinen los responsables materiales e intelectuales por los presuntos hechos punibles relacionados con los hechos puestos en conocimiento en el presente escrito, que en lo relativo al presunto enriquecimiento ilícito se solicita se investiguen los denunciados desde la posesión del actual presidente de la República doctor Gustavo Petro, hasta la fecha, en particular respecto de la servidora pública Laura Sarabia y su esposo Andrés Fernando Parra; respecto de su hermano Andrés Sarabia, con especial atención, desde la constitución de la empresa Consulting S.A.S. con sigla ALA, - 29 de junio de 2023”.
Según confirmó EL COLOMBIANO, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) le ha entregado toda la información a la Fiscalía que le es solicitada. Eso no quiere decir pruebas concretas de presuntos delitos cometidos por la canciller, sino toda la información que la Fiscalía le pida a Presidencia.
Como primera medida, la Fiscalía solicitó los documentos que acrediten el fuero constitucional que ostenta Sarabia por ser funcionaria del Gobierno. Para ello, el Dapre entregó los siguientes documentos: acta de posesión, decreto de nombramiento y certificación de los servicios prestados.
Los documentos se recogieron presencialmente el 29 de abril, ese mismo día se levantó el acta del proceso. Un dato interesante es que el 30 de abril, un día después de que se avanzó en la investigación en su contra, Sarabia se presentó ante la Fiscalía, pero en condición de testigo, para revelar nuevos audios que podrían incriminar al ministro del Interior, Armando Benedetti, en los problemas por presunta financiación ilícita de la campaña Petro Presidente.
Y mientras ella alistaba las grabaciones de voz, el Dapre también recolectaba los registros financieros de la funcionaria. Puesto que el ente investigador no solo solicitó aquellos certificados, también pidió copias de “ingresos mensuales (salarios, viáticos, compensaciones y cualquier otro factor remuneratorio)” devengados desde 2022 hasta la actualidad.
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”Es una campaña de descrédito”: defensa de Sarabia
La abogada de la canciller Sarabia, Lina Sandoval, publicó un video en el que sale en defensa de su apoderada: “¿Pueden quienes la atacan justificar su patrimonio y sus gastos? LO DUDO (sic). El 9 de junio continuaremos”, en referencia a las audiencias en las que ha aportado pruebas contra el ministro Benedetti por un presunto caso maltrato a la mujer.
“Laura Sarabia ha puesto a disposición de la Fiscalía toda su información financiera, patrimonial y fiscal. No tiene nada que ocultar. En su contra no existen acusaciones penales ni juicios pendientes. El oficio de la Fiscalía al Dapre se deriva de una denuncia de 2024 basada en notas de prensa, una de las 33 campañas de descrédito en su contra”, agregó la defensa.
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