El presidente Abelardo de la Espriella inauguró su mandato con un giro drástico en la política de seguridad del Estado colombiano. Desde el Cantón Militar Pichincha, en Cali, anunció el fin de las negociaciones con los grupos armados ilegales, ordenó una ofensiva militar contra todas las estructuras criminales y confirmó que su gobierno impulsará la construcción de megacárceles para recluir a quienes representen la mayor amenaza para la seguridad nacional.
Durante su primer discurso como jefe de Estado, el mandatario aseguró que la etapa del diálogo con organizaciones narcoterroristas llegó a su fin y que el Estado adoptará una estrategia de confrontación directa. “La opción del diálogo está completamente agotada”, afirmó, al sostener que las organizaciones criminales han aprovechado durante años la debilidad institucional para fortalecerse.
Como una de sus primeras decisiones, De la Espriella anunció que en las próximas horas expedirá un listado oficial de grupos narcoterroristas, con el propósito de otorgar a las Fuerzas Militares y de Policía nuevas herramientas para combatir a esas organizaciones.
Según explicó, los integrantes de esas estructuras tendrán únicamente dos caminos: someterse a la justicia o enfrentar la acción militar del Estado colombiano. El presidente aseguró que la prioridad de su administración será recuperar el control territorial, enfrentar sin tregua al narcoterrorismo y desmontar las economías ilegales que alimentan la violencia.
El mandatario aprovechó el escenario militar para impartir una orden directa a las Fuerzas Militares y de Policía. Les pidió combatir a todas las organizaciones criminales que operan en el país y prometió respaldo político y jurídico para quienes participen en esas operaciones.
De la Espriella afirmó que los uniformados contarán con garantías para que no sean perseguidos por el cumplimiento de su deber y aseguró que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, actuará como un defensor permanente de la institución militar y policial.
El mensaje marcó una ruptura explícita con la estrategia de negociación desarrollada por el gobierno anterior de Gustavo Petro y fue presentado como el comienzo de una nueva política de autoridad y seguridad.
Uno de los anuncios más llamativos del discurso fue la decisión de construir megacárceles destinadas a recluir a quienes el gobierno identifique como los principales responsables de la violencia y el crimen organizado.
El presidente sostuvo que esos centros penitenciarios estarán orientados a aislar a los delincuentes de mayor peligrosidad y a impedir que continúen dirigiendo actividades criminales desde prisión, una propuesta que retoma una de las banderas que defendió durante la campaña presidencial.
La medida fue presentada como parte de una estrategia integral para fortalecer la capacidad del Estado frente al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y las estructuras armadas ilegales.
“La coca dará paso al cacao”
Además de la ofensiva militar, De la Espriella anunció una política de sustitución de cultivos ilícitos y aseguró que su gobierno buscará reemplazar la economía de la coca por una agricultura legal basada en productos como coco, cacao, café, maíz y palma.
Según el mandatario, los cultivos ilícitos han sido el combustible financiero del narcoterrorismo, han provocado desplazamientos, destrucción ambiental y corrupción, y representan uno de los principales obstáculos para la recuperación de las regiones rurales.
El presidente afirmó que el objetivo es transformar las economías ilegales mediante el impulso a una agricultura productiva y con acceso a mercados, como parte de lo que denominó la “Patria Milagro”.
El discurso estuvo atravesado por un mensaje de endurecimiento del Estado frente al crimen organizado. De la Espriella aseguró que recuperar la seguridad implica garantizar que los ciudadanos puedan trabajar, desplazarse, emprender y vivir sin miedo a la extorsión, el narcotráfico y la violencia.
Regístrate al newsletter