Mientras el país sigue sin conocer quién o quiénes ordenaron el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía navega entre expedientes y decisiones que hoy dejan ver fisuras internas. La más visible está relacionada con el episodio en el que amagó con imputar cargos a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presunto prevaricato por omisión en el contexto del crimen, para luego dar marcha atrás en medio de explicaciones que ahora parecen contradictorias.
La imputación de cargos, que en su momento fue anunciada y luego retirada, vuelve al debate público. De acuerdo con información conocida por Revista Semana, el propio ente acusador reconoció que la información con la que contaba la fiscal del caso al momento de solicitar la imputación era “muy precaria”. Esa precariedad llevó a las directivas a ordenar el retiro de la solicitud, lo que en la práctica desactivó el proceso penal en esa etapa.
El punto que genera mayor controversia es la aparente contradicción en la narrativa institucional. Cuando se conoció la decisión de frenar la imputación, la misma Fiscalía explicó que la medida buscaba evitar duplicidad de investigaciones y un desgaste innecesario de recursos, dado que ya se había conformado un grupo de tareas especiales para investigar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. En ese momento, el argumento central era de coordinación y eficiencia procesal.
“La fiscal 295 adoptó la determinación (de echar para atrás la imputación) para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado, al conocer los alcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía, conformó el ‘Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay’”, sostuvo para ese momento la Fiscalía.
Entérese: ¿Tapen tapen en la Fiscalía por el asesinato de Miguel Uribe?
Ahora, sin embargo, la explicación oficial cambia y se advierte que no se trata solo de evitar investigaciones paralelas, sino de reconocer que el sustento probatorio con el que se pretendía llevar a audiencia de imputación al director de la UNP no tenía la solidez necesaria.
La diferencia no es menor. Si la decisión obedecía exclusivamente a una estrategia para unificar líneas investigativas bajo un equipo especial, el retiro podía entenderse como una reestructuración interna. Pero al admitir que la información era insuficiente o “precaria”, la Fiscalía abre la puerta a cuestionamientos sobre el rigor con el que se evaluó inicialmente la denuncia y se estructuró la solicitud de imputación.
La información conocida también plantea la necesidad de que la fiscal que venía adelantando el caso sea incorporada al grupo de tareas especiales creado para esclarecer el magnicidio. Ese equipo fue conformado precisamente para centralizar la investigación, evitar choques de competencia y consolidar en una sola línea el análisis de responsabilidades penales derivadas del crimen.
Proceso contra Augusto Rodríguez
El director de la UNP terminó vinculado al proceso porque antes de su asesinato, Miguel Uribe solicitó en al menos en 23 oportunidades que su esquema de seguridad fuera reforzado.
Frente al detalle de las solicitudes sin atender, Rodríguez aclaró que estas no constituían pedidos formales de ampliación del esquema de seguridad, sino solicitudes logísticas para desplazamientos que la UNP no podía cubrir por falta de contrato.
Puede leer: Fiscalía echó para atrás imputación contra el director de la UNP por el magnicidio de Miguel Uribe
“Lo que había eran solicitudes de apoyo en viajes, no refuerzos del esquema”, argumentó Rodríguez, y añadió que esas peticiones debían tramitarse con la Policía Nacional o la unidad administrativa del Congreso.
El funcionario insistió en que revisaron los archivos y concluyó que “no hay ni una sola solicitud” de refuerzo de seguridad radicada formalmente ante su despacho, desmintiendo así las versiones sobre una supuesta negligencia deliberada de la entidad.
El caso adquiere mayor sensibilidad por el contexto. Se trata de un magnicidio que conmocionó al país y que derivó en múltiples líneas de investigación, incluidas eventuales omisiones en esquemas de protección. En ese escenario, cualquier señal de descoordinación interna o de debilidad en la estructuración de cargos puede impactar la credibilidad institucional.
Por ahora, el proceso contra Augusto Rodríguez queda sin imputación y a la espera de que el grupo especial consolide los hallazgos.
Regístrate al newsletter