El tribunal electoral no logró los seis votos necesarios para decidir si sanciona a la campaña de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación. Ante la falta de mayoría, el caso deberá ser resuelto por conjueces que estudiarán el expediente y emitirán su voto.
La decisión de sancionar o absolver a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación, así como por aparente violación de topes electorales, será zanjada por conjueces en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este jueves, al filo de la tarde, los magistrados se reunieron en sala plena para votar si sancionaban o no a la campaña. El resultado fue cinco a favor y dos en contra; sin embargo, se requiere una mayoría absoluta de seis de los nueve magistrados para tomar una decisión, por lo que será necesaria la intervención de conjueces.
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Se trata de terceros que, sin pertenecer a una corporación, hacen las veces de servidores públicos transitorios e intervienen en determinados casos. En este caso, ante la imposibilidad de asegurar mayorías para una decisión. Como si se tratase de otro magistrado, el conjuez deberá estudiar el expediente, tomar una decisión y votar según su criterio.
A favor de sancionar la campaña se pronunciaron los magistrados Benjamín Ortíz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), justamente los ponentes del caso. A ellos se sumaron Maritza Martínez (Partido de La U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Altus Baquero (Partido Liberal).
En contra de la sanción votaron Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Fabiola Márquez (Pacto Histórico). De la sala plena de este jueves se ausentaron además Álvaro Echeverry (considerado cercano al petrismo), y Alba Lucía Velásquez (del Pacto Histórico), quienes están impedidos para participar en el proceso.
Por ello, en su lugar fueron nombrados como conjueces del caso los abogados Jorge Iván Acuña (quien fue postulado por la magistrada Márquez) y Majer Abushihab (postulado por el magistrado Prada y quien fue abogado del hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez).
En agosto pasado se conoció la ponencia final del caso, en la que se concluye que la campaña Petro presuntamente violó los topes en más de $3.500 millones. Por ello, la autoridad electoral sancionaría administrativamente al entonces gerente de campaña, Ricardo Roa –hoy presidente de Ecopetrol–, así como a Lucy Aydee Mogollón (tesorera), María Lucy Soto (auditora) y a los movimientos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
En la investigación se ratificó que, al parecer, hubo irregularidades y omisiones en aportes del Polo Democrático, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) o la USO (Unión Sindical Obrera). Sin embargo, no se evidenció algún tipo de ilegalidad frente a los vuelos efectuados en la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS).
Concretamente, se determinó que, durante primera vuelta, hubo una omisión en el aporte realizado por Fecode por valor de $500 millones. A ello se suma la omisión en el reporte de pagos a testigos electorales por $931’290.000 y otra omisión de dineros de la USO por $121’544.000. Es decir, en primera vuelta de las elecciones de 2022 el monto de las fuentes prohibidas ascendió a $1.552 millones.
Además, se concluyó que se omitió también reportar $500 millones que aportó el Polo, propaganda electoral contratada en Caracol Televisión por $356’102.872 y un aprovisionamiento desde la campaña al Senado del Pacto Histórico en 2022 por $202’471.371. En total, durante primera vuelta, se evidencia que no se reportaron gastos por el orden de $2.459 millones.
Por otro lado, en segunda vuelta se determinó que hubo financiación prohibida frente al pago de testigos electorales por parte de Ingel Media ($177’680.000) y aportes realizados por la USO ($379’019.511), es decir, el total del monto de fuentes prohibidas ascendió a $556’699.511.
Frente a la superación de los topes de campaña previsto para segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral advirtió por omisiones en los pagos a testigos electorales ($177’680.000), pagos realizados por Colombia Humana ($530’579.983) y aportes de la USO ($379’019.511). En total, la omisión de reporte de gastos sería de $1.087’279.494.
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Por todo esto, el CNE multaría a los investigados a pagar el 7,97% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la campaña de primera vuelta, es decir, $2.252 millones. Todo ello, por la recepción de aportes provenientes de fuentes de financiación prohibidas.
Además, se pide la devolución parcial de los recursos entregados por concepto de reposición de gastos por $2.447 millones correspondientes a la primera vuelta, por la superación de los topes máximos de gastos.
Adicionalmente, se contempla una multa del 4.78% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la campaña de segunda vuelta, equivalentes a $627’600.128 por la recepción de aportes provenientes de fuentes de financiación prohibidas. También deberán devolver $596’088.824 correspondientes a la superación de los topes máximos de gastos.
A los partidos UP y la Colombia Humana se les sancionaría con una multa de $583’785.441. “Dicho monto deberá ser descontado de la financiación que el Estado reconoce a favor por concepto de funcionamiento”, señaló el CNE.
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