El Frente de Guerra Oriental del ELN no solo ha tenido cautivos por más de un año a cuatro funcionarios del Estado: dos policías y dos servidores de la Fiscalía, sino que les impuso condenas de hasta 60 meses en un supuesto juicio interno. Con ello pretende legitimar sus secuestros, una práctica que autoridades y organismos humanitarios han cuestionado abiertamente por su ilegalidad y el impacto sobre las víctimas y sus familias.
Se trata de los agentes del CTI de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, “sentenciados” a 60 y 55 meses, respectivamente. También están los policías de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) Frankie Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, “condenados” a 36 meses.
Entérese: Estado en pleno exige liberación de funcionarios del CTI: Un año secuestrados y sometidos a “juicio revolucionario”
En las imágenes conocidas del supuesto juicio aparecen dos integrantes del grupo armado con gafas, el rostro cubierto con pañoletas y emblemas del ELN.
Información de inteligencia da cuenta que ambos recibían ordenes de William Ernesto Cruz López, alias Cendales, jefe militar de ese frente en Arauca, quien lleva más de 20 años en ese grupo armado y señalado de ordenar múltiples secuestros y acciones criminales en esa región del país. Por información que permita su captura las autoridades ofrecen hasta $500 millones de recompensa.
El poder de alias “Cendales” refleja la dimensión del Frente de Guerra Oriental dentro del ELN, una estructura que tiene influencia en los departamentos de Arauca, Boyacá, Vichada, Guainía y Casanare; y en los estados de Apure, Táchira y Amazonas, en Venezuela.
Gustavo Aníbal Giraldo alias Pablito, actual tercer jefe del Comando Central de ese grupo guerrillero fue el comandante oficial de ese frente hasta 2016. Sin embargo, los informes de inteligencia revelan que seguiría detrás de las principales órdenes que se ejecutan.
Ese frente estaría conformado por más de 1.000 hombres, entre los que se encuentran combatientes y redes de apoyo. Dentro de Arauca, su bastión principal, opera a través de dos estructuras, el Frente Domingo Laín Sáenz, comandado por alias Dumar o “Osito”, con 138 hombres en armas distribuidos en ocho comisiones. Su territorio son los municipios de Tame, Fortul, Arauquita, Saravena y los límites con el departamento del Casanare.
La segunda es el Batallón Héroes y Mártires, comandado por alias Vallenato, cuenta con 161 hombres en armas organizados en cuatro compañías. Opera en todo el departamento de Arauca, se extiende hacia Norte de Santander y tiene presencia activa en territorio venezolano. Es el brazo de mayor movilidad del Frente de Guerra Oriental.
Lea también: Defensoría rechaza “juicio revolucionario” del ELN a funcionarios del CTI secuestrados; exige acciones del Gobierno Petro
Su compañía más antigua es Simacota, comandada por alias “Chácaro”, que actúa sobre el corredor que atraviesa Tame y las vías aledañas al Sarare; su trayectoria en la región está documentada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) desde los años 80. Otra de sus compañías es denominada Capitán Pomares, a cargo de alias “Leonel” y opera en zonas de Arauca, limítrofes con Venezuela.
Las otras dos unidades llevan nombres de combatientes y mandos caídos, una práctica del ELN para reforzar la identidad interna: la Elasio Varón, bajo el mando de alias Capón, y la Capitán Dumar, comandada por alias ‘Pateagujo’. Afuera de Arauca opera el Frente Adonay Ardila Pinilla, que actúa en Boyacá y Casanare y el Frente José David Suárez en Casanare, Vichada y Guainía.
Conozca: La historia de ‘Dayana’, la menor de 15 años reclutada por el ELN y ahora en manos de las disidencias de las Farc
Hasta el momento no se conoce la respuesta del ELN a la ola de críticas y solicitudes de libertad inmediata a los secuestrados. Entre los que se pronunciaron está la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, quienes recordaron que Colombia es un Estado social de derecho regido por la Constitución de 1991, la cual establece que los únicos entes autorizados para juzgar a una persona son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado.
“La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación reiteran el llamado al respeto por la vida y la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, al tiempo que agradecen a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos”, expresaron los entes de justicia.
A esas voces de rechazo se sumaron la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien lo catalogó de inadmisible.
“La libertad debería haber sido inmediata, el hecho de que hayan hecho una especie de juicio no lo valida”, afirmó, acto seguido pidió al Gobierno una atención directa a las familias y extender los canales para buscar esa libertad. El panorama sigue siendo incierto, aún más en materia de Paz donde los diálogos se encuentran suspendidos.
Siga leyendo: Explosión en Valdivia: ¿Ataque contra líderes sociales o contra la Fuerza Pública?
Regístrate al newsletter