Carlos Medellín Becerra, Yesid Reyes Alvarado y Mauricio Gaona Bejarano son tres de los huérfanos que dejó la toma del Palacio de Justicia hace 40 años. Sus padres estaban entre los once magistrados de la Corte Suprema asesinados durante el asalto del 6 y 7 de noviembre de 1985. Hoy, los tres son abogados, docentes y referentes jurídicos, formados en la misma institución en la que estudiaron sus padres: la Universidad Externado.
El destino de Medellín, Reyes y Gaona parece repetirse en espejo: tres familias marcadas por la violencia, tres hijos que eligieron el Derecho como camino y tres trayectorias que, con el tiempo, convergieron en la vida académica y pública. Aunque sus carreras se desarrollaron de manera independiente, sus historias trazan una línea de continuidad entre la generación de los magistrados del Palacio y la de los juristas que hoy enseñan y piensan el sistema judicial desde la distancia.
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Casi cuatro décadas después, los tres son parte de una generación que reconstruyó su oficio sobre los cimientos del atentado; todos, claro, desde sus particularidades.
Carlos Medellín: jurista de carrera pública
Carlos Medellín Becerra tenía 23 años cuando el Palacio de Justicia fue tomado por la guerrilla del M-19 y su padre, el magistrado Carlos Medellín Forero, fue asesinado. La escena judicial que lo marcaría para siempre sería, paradójicamente, el espacio en el que construiría su vida profesional. Nació en Bogotá en 1962, estudió Derecho en la Externado y más tarde se especializó en Derecho Público en la Universidad Nacional y en Derecho Administrativo en la Universidad de París II, la Sorbona.
Comenzó su carrera en el sector público en 1989, cuando fue nombrado director de Inravisión, la antigua televisión estatal. Desde allí pasó por distintos cargos técnicos: fue consultor del Ministerio de Educación y de la Presidencia de la República durante el gobierno de César Gaviria.
En 1994 ingresó a la Casa de Nariño como secretario jurídico de la Presidencia de Ernesto Samper, en medio del proceso 8000. Dos años después, cuando el Gobierno enfrentaba uno de los periodos más difíciles, fue nombrado ministro de Justicia y del Derecho en reemplazo de Mónica de Greiff. Desde ese despacho trabajó con el Congreso en un paquete de reformas orientadas a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la corrupción: la Ley de Extinción de Dominio, el restablecimiento de la extradición, el aumento de penas para los jefes de las organizaciones criminales y el Convenio de Interdicción Marítima con Estados Unidos.
Durante su gestión también firmó, en Caracas, la Convención Interamericana contra la Corrupción y participó en la negociación de los primeros tratados de cooperación judicial con Francia y el Reino Unido. En ese mismo periodo promovió la creación del Comité Interinstitucional contra el Lavado de Activos y acompañó la discusión y aprobación de las leyes de acciones populares, de grupo y de cumplimiento.
Luego volvió a la práctica jurídica, fue conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, e integró en 2006 la terna para Contralor General de la Nación, aunque el Congreso eligió a Julio César Turbay Quintero. Ese mismo año fue designado embajador de Colombia ante el Reino Unido e Irlanda durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Tras dejar la diplomacia en 2008, retomó su ejercicio como abogado litigante, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y profesor universitario. Ha enseñado Derecho Constitucional en el Externado, la Universidad de América y la ESAP y Derecho Romano en la Universidad de La Sabana. En 2012 integró la terna para magistrado de la Corte Constitucional, junto a Martha Sáchica y Luis Guillermo Guerrero, pero no fue elegido.
Cuatro décadas después del Palacio, su nombre sigue vinculado a la justicia, esta vez desde el aula y los tribunales, los mismos escenarios donde empezó su historia. Desde allí, Medellín también ha insistido en revisar la manera en que el país ha administrado la memoria de los hechos de 1985. “Yo alguna vez lo dije, hace muchos años: ¿por qué no se promueve una ley de amnistía o indulto para todos? Verdad, justicia y reparación, pero para todos, porque si no va a haber un desequilibrio, que es lo que estamos viviendo hoy: unos en la cárcel y otros en el Gobierno”, señaló.
Yesid Reyes: la academia aplicada en el poder
Yesid Reyes Alvarado creció en un entorno en el que el Derecho era parte de la vida cotidiana. Su padre, Alfonso Reyes Echandía, era presidente de la Corte Suprema de Justicia y una de las figuras centrales de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Su voz quedó grabada en las transmisiones radiales de esos días, pidiendo un cese al fuego desde el interior del Palacio. Años después, su hijo terminaría ocupando el cargo de ministro de Justicia, como una coincidencia que el destino se encargó de cerrar.
Reyes estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia, la misma en la que su padre había enseñado. Luego viajó a Europa, donde se especializó en Derecho Penal y Políticas Criminales en universidades de Alemania y España. Fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt y profesor invitado en la Universidad Autónoma de Madrid, antes de regresar a Colombia para dedicarse a la docencia y al ejercicio profesional.
En 2014, el presidente Juan Manuel Santos lo nombró ministro de Justicia y, desde esa posición, impulsó reformas enfocadas en la modernización del sistema judicial y penitenciario, la descongestión de los despachos y el fortalecimiento de la Defensoría Pública. Su gestión coincidió con el inicio del proceso de paz con las Farc, y su experiencia académica lo llevó a participar en los debates sobre justicia transicional y reparación de víctimas.
Tras dejar el ministerio en 2016, Reyes regresó a la docencia y a la reflexión académica.
Yesid recuerda a su padre como “un educador, un académico y un investigador, fundamentalmente”. Recordó su forma de enseñar con claridad y su habilidad para hacer comprensible el derecho penal, un rasgo que —dijo— definía tanto su magisterio como su carácter.
Mauricio Gaona: la Constitución como legado familiar
A Mauricio Gaona Bejarano el Palacio de Justicia le queda en la memoria más como una herencia que como un recuerdo. Su padre, Manuel Gaona Cruz, era magistrado de la Corte Suprema y murió en los hechos de noviembre de 1985. De aquel episodio no guarda vivencias propias —era un niño entonces—, pero sí una certeza que lo acompañó al crecer: que la justicia, además de ser un poder del Estado, podía convertirse en una forma de resistencia.
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El hijo más joven de los tres “delfines del Palacio” también siguió el camino del Derecho, además de maestrías en derecho constitucional de la Unión Europea en la Universidad Sorbona de París (Assas) y en derecho internacional en la Universidad de California de Los Ángeles; luego hizo un doctorado en derechos humanos con doble residencia en las universidades de McGill y Harvard.
Su paso por el sector público, sin embargo, lo llevó a distanciarse del país. “Me tocó investigar mucha corrupción y me di cuenta desde muy joven que tenemos un país supremamente corrupto. Hay servidores públicos excelentes, pero no son la gran mayoría”, dijo el abogado a este medio. Tras recibir amenazas, se trasladó a Norteamérica, donde su carrera tomó otro rumbo.
En 2009 fue profesor invitado en la Universidad de Yale, dentro del programa global Alianza Internacional de Investigación. Desde entonces su carrera tomó rumbo internacional. Trabajó como investigador en el Instituto de Leyes y Políticas Globales de Harvard, fue becario del Decano de la Universidad de California (UCLA) y miembro del Instituto Internacional UNIDROIT en Roma.
En Canadá obtuvo la Beca Nacional Vanier, el reconocimiento más importante para doctorandos, y fue el primer extranjero en recibir el Premio del Presidente de la Universidad de McGill. Su especialidad: los derechos humanos y los regímenes constitucionales.
Ese mismo enfoque marcó su participación en un debate en el que enfrentó al ministro Eduardo Montealegre sobre la consulta popular y la eventual Asamblea Nacional Constituyente. Defendió la oposición como un elemento esencial de la democracia y advirtió que convocar una consulta por decreto vulneraba la Constitución.
Al cerrar su intervención, recordó a su padre, el magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado en la toma del Palacio de Justicia. Dijo entonces: “Esos magistrados dieron la vida defendiendo ese orden constitucional que hoy el ministro y el presidente quieren cambiar. ¡Hónrenlo! ¡Protéjanlo! Ustedes tomaron un juramento de defender la Constitución y la ley. Cumplan con ese juramento. La historia se los exige”.
Cuarenta años después del Palacio, los tres coinciden en algo más que su formación o sus cargos: entienden la justicia como una tarea que trasciende los tribunales. Carlos Medellín, desde la práctica jurídica y la enseñanza; Yesid Reyes, desde la reflexión penal y la política pública; y Mauricio Gaona, desde la academia internacional y la defensa del constitucionalismo.
Tres hijos de magistrados que, sin proponérselo, reconstruyeron en sus trayectorias el mismo ideal que marcó a sus padres: la fe en el Derecho como fundamento del país.
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