La Contraloría General de la República, liderada por Carlos Hernán Rodríguez, encendió las alarmas sobre un contrato de asesoría jurídica suscrito por Ecopetrol S.A. con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, al detectar posibles irregularidades en la ejecución del acuerdo y en los pagos realizados.
El organismo de control emitió una observación administrativa con incidencia fiscal por US$1,59 millones, tras identificar inconsistencias en los soportes, trazabilidad y resultados del contrato CW207382 y su otrosí, destinados a la asesoría de la Junta Directiva de Ecopetrol.
La auditoría de cumplimiento, correspondiente a la vigencia 2024, fue adelantada por la delegada para el sector de minas y energía y reveló que una parte significativa de los pagos se basó únicamente en horas declaradas por la firma contratista, sin evidencia suficiente que acreditara la efectiva prestación del servicio.
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Un contrato para evaluar riesgos reputacionales y conflictos de interés
El contrato con Covington & Burling tenía como objetivo prestar servicios de asesoría a la Junta Directiva de Ecopetrol en temas relacionados con políticas internas, cumplimiento regulatorio y posibles conflictos de interés frente a autoridades estadounidenses.
Según la Contraloría, el contrato también contemplaba la evaluación de los riesgos reputacionales derivados de las investigaciones en curso contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y su eventual impacto ante entes regulatorios internacionales como la SEC (Securities and Exchange Commission).
Sin embargo, pese a que el acuerdo generó pagos por US$1,592.888 millones, no existen informes finales ni evidencia de cumplimiento del objeto contractual ni del cronograma de trabajo pactado.
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Suspensión irregular del contrato y falta de soporte documental
El informe de la Contraloría señala que el 21 de marzo de 2025, la Junta Directiva de Ecopetrol decidió suspender la ejecución del contrato, decisión registrada en el Acta del Comité de Auditoría y Riesgos del 20 de febrero y en el Acta 470 de la Junta Directiva.
No obstante, la suspensión no se formalizó conforme a los procedimientos internos: no existe un acta de suspensión integrada al expediente contractual, lo que contraviene el Manual de Contratación de la empresa y las normas establecidas en el Libro de Abastecimiento.
Para la Contraloría, esta omisión representa un incumplimiento de los controles administrativos y debilita la transparencia en la gestión contractual de la petrolera estatal.
Uno de los hallazgos más graves del informe es que una parte sustancial de los pagos a Covington & Burling se sustentó únicamente en reportes de horas trabajadas, sin documentos que demuestren los resultados de la consultoría.
El organismo de control concluyó que no hay evidencia de un beneficio tangible para Ecopetrol a cambio de los recursos ejecutados, lo que podría configurar un detrimento al patrimonio público.
Por esa razón, la Contraloría emitió una alerta de control interno y abrió una observación administrativa con incidencia fiscal por el monto señalado.
La Contraloría le dio a Ecopetrol un plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la comunicación para responder y aportar los soportes que justifiquen los pagos y la gestión del contrato.
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