La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema decidió acusar este miércoles por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un exparlamentario por el caso de corrupción de la UNGRD y ordenó cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a los congresistas Wadith Alberto Manzur y Karen Manrique, reelectos el pasado 8 de marzo.
La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de mover las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
Lo que ha trascendido en las últimas horas es que la congresista Manrique se entregó en las instalaciones de la Sijín de la Policía en Tame, Arauca.
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En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Córdoba, Arauca y Bolívar.
La Sala de Primera Instancia, además, se pronunció en el proceso contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad afrontando el caso.
Para la Corte Suprema, en los encuentros documentados, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función.
En ese sentido, la Sala concluyó que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio que, según el Código Penal, “ocurre cuando un servidor público acepta dinero, utilidad o promesa que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento”.
Sobre una posible compulsa de copias a dos de los congresistas investigados, Manzur y Manrique, y un tercero mencionado en el expediente, fuentes de la Corte Suprema le dijeron a EL COLOMBIANO que el alto tribunal todavía no toma una decisión en este sentido.
Lo anunciado se conoce a menos de una semana del reinicio de sesiones legislativas correspondientes al último año del Congreso elegido en 2022.
La Corte notificará al Congreso de la decisión para que los investigados sean suspendidos del ejercicio de sus cargos y no puedan posesionarse.
Wadith Manzur, el pasado domingo 8 de marzo, fue elegido como senador con una de las mayores votaciones con 125.000 sufragios obtenidos por el Partido Conservador.
El joven político de 39 años llegó a la Cámara de Representantes en 2018 con 71.550 votos y fue reelegido en 2022. Durante su paso por esa corporación, integró la Comisión Tercera, encargada de asuntos económicos y de Hacienda.
En 2023 también hizo parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), instancia en la que —según las investigaciones judiciales— se habría gestado uno de los capítulos del escándalo por el desvío de recursos de la UNGRD.
Por su parte, Karen Manrique, con 5.640 votos, fue reelegida como representante por la curul de paz en Arauca. Ha tenido todo tipo de polémicas por su presunta cercanía con grupos armados. Fue señalada de ser el enlace del Gobierno Petro para direccionar contratos a congresistas, pero también a la guerrilla del ELN.
A estos señalamientos, la congresista en su momento respondió: “Es incoherente que se me acuse, en mi calidad de representante de víctimas, como agente intermediaria de un grupo al margen de la ley, lo cual creería que se debe a una estigmatización que pesa sobre quienes provenimos de los territorios que han estado sumidos en el conflicto armado”.
Las pruebas
El 12 de junio de 2024, en interrogatorio ante la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, mencionó por primera vez a Manrique y Manzur. La fiscal le preguntó: “¿Qué congresista era el delegado para hablar con los demás?”
López explicó que Karen Manrique fue mencionada en el contexto de la negociación con el ministro Luis Fernando Velasco, hoy preso por el caso, como enlace entre el Gobierno y el Congreso para decisiones relacionadas con la gestión del Riesgo.
La negociación, en sus palabras, se realizaba directamente en el Ministerio del Interior, donde se definían los contratos y luego se asignaba un congresista para informar sobre los avances. En una reunión con Velasco habría surgido la necesidad de reemplazar a Manrique como enlace.
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Ella habría sugerido un nombre, pero fue interrumpida, y se decidió que Wadith Manzur asumiera el rol junto con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien hoy está preso. Ella está en libertad bajo un principio de oportunidad firmado con la Fiscalía.
Tras ello, Olmedo López contactó a Sneyder Pinilla, subdirector, mediante videollamada desde el despacho del ministro el 15 de diciembre de 2023 a las 8:42 a. m., para ponerlo al tanto de la reunión, los participantes y las instrucciones impartidas, integrándolo virtualmente sin interrumpir la sesión dirigida por Bonilla, con la asistencia de Benavides y Olmedo López.
Al concluir la videollamada con Sneyder Pinilla, Benavides le confirmó que los contratos ya estaban definidos y que involucraban a los dos representantes a la Cámara.
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Los proyectos estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar, con un valor aproximado de 92.000 millones de pesos. Olmedo López le explicó a la fiscal Patiño que, para dejar evidencia, registró su comunicación con Pinilla mediante WhatsApp.
Indicó que antes de retirarse de la reunión en el Ministerio, solicitó a Benavides que no lo llamara directamente, ni a él ni a Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre hoy indagado en el caso, y que se mantuviera la comunicación únicamente entre ella y Pinilla.
Por lo pronto, y tras la entrega de Manrique en Tame, Arauca, se espera que Wadith Manzur sea capturado inmediatamente. Estos dos casos se suman a la larga lista de investigados por este escándalo que ha sacudido al Gobierno Petro desde arriba hacia abajo.
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