La Contraloría General de Antioquia imputó cargos fiscales al gobernador Andrés Julián Rendón, por un presunto detrimento patrimonial ocurrido durante su gestión como alcalde de Rionegro entre el periodo 2016 y 2019, relacionado con un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño que fue anunciado, contratado y financiado, pero que no se ejecutó conforme a lo pactado.
Desde la Gobernación de Antioquia señalaron que la formulación de cargos tendría un trasfondo político y la relacionaron con la negativa del actual gobierno departamental a respaldar la solicitud de la contralora para ampliar la planta de cargos para el próximo año.
Según la administración departamental, esta decisión habría generado una reacción en su contra, pese a que el contrato cuestionado continúa vigente y en ejecución, y a que el origen de la investigación se remonta a la administración de Luis Pérez.
¿En qué consistía el proyecto de ciclorrutas?
El proyecto de la cicloinfraestructura fue creado el 5 de abril de 2017, como una estrategia bandera del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. Esta iniciativa tenía el fin de promover la movilidad sostenible en el departamento. En un comienzo, el proyecto se creó con el fin de estructurar técnica y financieramente un paquete de obras en al menos tres subregiones de Antioquia, las proyecciones apuntaban a construir cerca de 500 kilómetros en todo el departamento.
Sin embargo, posteriormente, esa meta se redujo a 143,5 kilómetros, de los cuales 67 estarían ubicados en el Oriente y conectarían a Guarne, Rionegro, El Retiro y La Ceja. Para su ejecución se suscribió un contrato interadministrativo entre Indeportes Antioquia y la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA por más de $34.458 millones.
La Contraloría afirmó que en este proyecto hubo un presunto detrimento patrimonial por una suma superior a los $26.186 millones, valor que correspondía a los recursos pagados a VIVA por parte de Indeportes. Según el ente de control, las obras no se materializaron en los términos establecidos, pese a los recursos comprometidos y desembolsados. Es de anotar que este monto incluía los pagos que realizó VIVA a los proveedores Ingecon e IDC.
La imputación de cargos también incluye a Hernán Darío Elejalde, exgerente de Indeportes, al hoy gerente de VIVA, Rodrigo Hernández (pero vinculado al proceso en su calidad de exgerente de la Edeso), a siete exfuncionarios de esa entidad, a una firma contratista y una aseguradora internacional, entre otros funcionarios, quienes habrían tenido, presuntamente, algún grado de responsabilidad en la estructuración, ejecución o supervisión del proyecto.
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El COLOMBIANO recorrió la zona del proyecto
Para conocer las razones detrás de ese retraso, en junio de 2021, EL COLOMBIANO hizo un recorrido por la zona, encontrando tramos abandonados en la vía entre Rionegro y Guarne, vías partidas por predios en los que aún no se trabajaba y la ausencia de obreros.
Los ciclistas que recorrían las vías de este territorio debían sortear el paso de automóviles, motos y vehículos pesados para desplazarse entre el valle de San Nicolás, una situación que tenía afectada gravemente la movilidad en el sector.
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La respuesta de la Gobernación de Antioquia
Frente a la formulación de cargos, la Gobernación de Antioquia cuestionó el momento y la competencia de la actuación de la Contraloría. La administración señaló que se trata de una “actuación inusitada”, realizada a pocos días de la salida de la contralora Enedith González Hernández, y afirmó que el proceso tiene un “tinte político”.
Según la Gobernación, la funcionaria se habría extralimitado en sus funciones, por lo que se solicitó la nulidad del proceso. Además, aseguraron que los puntos críticos de las ciclorrutas están siendo contratados por la actual administración y atribuyó la actuación del ente de control a un “desesperado accionar”, luego de que a la contralora saliente le fuera negada la creación y el nombramiento de cerca de 200 cargos.
Sobre lo expresado por la Gobernación, la Contraloría se pronunció en las últimas horas y aseguró que el proceso no corresponde a una actuación reciente ni improvisada.
Según precisó el ente de control, el auto de apertura fue emitido el 1 de junio de 2022 y, desde entonces, el trámite ha avanzado cumpliendo de manera rigurosa todas las etapas probatorias y de contradicción previstas en la Ley 610 de 2000, lo que —afirmó— descarta cualquier señalamiento de persecución coyuntural o motivación política.
Asimismo, la entidad reiteró que el expediente no se encuentra archivado ni inactivo, sino que ha sido objeto de actuaciones técnicas y jurídicas continuas orientadas a la protección del patrimonio público. En ese sentido, indicó que la contralora Enedith del Carmen González Hernández entregará el proceso, al finalizar su periodo, en un estado avanzado, garantizando la integridad del acervo probatorio.
Escándalos que salpican a la contralora
La gestión de la contralora de Antioquia, Enedith del Carmen González Hernández, ha estado marcada por una serie de polémicas que han puesto en entredicho la independencia y el manejo interno del ente de control. Una de las más recientes tiene que ver con el nombramiento de personas vinculadas a escándalos de alto perfil, entre ellos casos relacionados con la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero y con el proceso judicial del exsenador Julián Bedoya.
Hay que recordar que hubo fuertes cuestionamientos entorno a la González Hernández, por la presentación de un proyecto de ordenanza para modificar la planta de cargos de la Contraloría, mediante el cual se propuso eliminar 66 empleos de libre nombramiento y crear el mismo número de cargos de carrera administrativa.
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Aunque la entidad argumentó que la medida buscaba reducir costos administrativos, sectores políticos advirtieron en su momento, que esto podría tratarse de una maniobra para asegurar puestos en la antesala del cambio de contralor.
Las críticas también se remontan al proceso de elección de González Hernández en 2021, cuando fue señalada por su presunta cercanía con el grupo político conservador de Itagüí, liderado por el senador Carlos Andrés Trujillo.
Dichos señalamientos se sustentaron en su paso por la Contraloría de ese municipio y derivaron en una recusación presentada en la Asamblea de Antioquia por un posible conflicto de interés, acusaciones que la contralora negó, asegurando que su trayectoria se había dado por concurso de méritos y no por influencias políticas.
Otra controversia de alto impacto fue el nombramiento de Andrea Bedoya, hermana del exsenador Julián Bedoya, como subcontralora, y el intento de designarla como contralora encargada durante las vacaciones de la titular en 2024. La decisión fue revertida tras la reacción pública y los cuestionamientos sobre un posible nepotismo dentro del órgano de control.
Frente a los señalamientos por la vinculación de funcionarios con antecedentes judiciales, la Contraloría respondió en aquel entonces, que no existían fallos en firme que afectaran su idoneidad o generaran inhabilidades legales, y defendió que todos los procesos de contratación se realizaron conforme a la ley.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿De cuánto es el presunto detrimento patrimonial?
- La Contraloría estima un detrimento superior a $26.186 millones, correspondientes a recursos desembolsados sin que las obras se ejecutaran según lo pactado.
- ¿El proyecto de ciclorrutas está cancelado?
- No. Según la Gobernación, el contrato sigue vigente y algunos tramos críticos están siendo intervenidos por la actual administración.
- ¿Desde cuándo está abierto el proceso fiscal?
- El proceso fue abierto en junio de 2022 y, según la Contraloría, ha avanzado cumpliendo todas las etapas legales.
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