La confrontación entre la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Superintendencia Nacional de Salud, dirigida por Daniel Quintero, sumó este viernes un nuevo capítulo judicial.
El Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí concedió una medida cautelar solicitada por la empresa y ordenó suspender provisionalmente la auditoría que adelantaba la Supersalud mientras estudia de fondo la acción de tutela presentada por la licorera.
La juez consideró que existe un “riesgo cierto e inminente” de que puedan verse afectados derechos fundamentales antes de que se resuelva el proceso constitucional, por lo que ordenó detener temporalmente las actuaciones de la Superintendencia.
De esta manera, la auditoría permanecerá suspendida hasta que la justicia constitucional adopte una decisión definitiva sobre la tutela.
Según la FLA, durante la inspección, la Superintendencia requirió información protegida por reserva industrial, comercial y financiera, motivo por el cual acudió a la justicia al considerar que la entidad estaba actuando por fuera de sus competencias.
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El despacho judicial aclaró que la suspensión tiene un carácter preventivo y busca preservar la eficacia de una eventual decisión de fondo, sin que ello implique anticipar el sentido del fallo.
La decisión fue celebrada por la Gobernación de Antioquia. La secretaria general del departamento, Martha Patricia Correa, aseguró que la medida protege las garantías constitucionales de la empresa mientras se resuelve la controversia.
“El departamento de Antioquia celebra la decisión de la juez primera del circuito de Itagüí, donde se protege el derecho fundamental al debido proceso frente a la tutela instaurada por la Fábrica de Licores de Antioquia en relación con la auditoría que viene desarrollando la Superintendencia Nacional de Salud”, manifestó la funcionaria.
Correa agregó que la decisión “demuestra que la justicia actúa con autonomía e independencia, protegiendo los derechos de la administración pública”, y sostuvo que, a juicio de la Gobernación, la FLA logró demostrar de manera preliminar que las actuaciones de la Superintendencia “excedieron sus competencias y de esa manera se vulneró el debido proceso”.
La disputa con Daniel Quintero
La decisión judicial se conoce apenas dos días después de que la FLA presentara la tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud.
En ese recurso, la empresa sostuvo que la auditoría excedía las funciones legales de la entidad, pues el cuestionario contenía requerimientos relacionados con asuntos financieros, contractuales, de gobierno corporativo y otros temas que, a juicio de la licorera, no guardan relación con la vigilancia de los recursos del monopolio rentístico de los licores destinados al sistema de salud.
El gerente de la FLA, Esteban Ramos Maya, también afirmó que parte de la información solicitada corresponde a documentos que no existen dentro de su estructura administrativa, como registros de caja menor, gastos de representación o tarjetas corporativas.
Además, recusó a Daniel Quintero y al superintendente delegado Juan David Duque al considerar que existían circunstancias que comprometían su imparcialidad.
Según la empresa, Quintero mantiene una confrontación política con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Sumado a esto, Duque fue secretario privado de Quintero cuando fue alcalde de Medellín y fue destituido mediante una moción de censura del Concejo en 2023 por presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor de la administración distrital. Dicha moción fue impulsada por el entonces concejal Alfredo Ramos, hermano del actual gerente de la FLA, Esteban Ramos.
Las recusaciones fueron rechazadas por la Superintendencia, decisión que motivó la presentación de la tutela.
Rifirrafe judicial
La controversia escaló el pasado martes 1 de julio, cuando la Superintendencia Nacional de Salud denunció penalmente a los directivos de la FLA por presuntamente obstaculizar la auditoría realizada el 26 de junio.
Daniel Quintero aseguró que los funcionarios de la entidad no recibieron la información solicitada y anunció actuaciones ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
La FLA negó haber impedido la inspección y sostuvo que únicamente suspendió la entrega de información mientras se resolvían las recusaciones presentadas contra Quintero y Duque.
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El gerente de la empresa ha insistido en que la controversia no obedece a una falta de colaboración, sino a que la Superintendencia solicitó información que excedería sus competencias legales y que no hace parte de la operación administrativa de la licorera.
Ramos también ha sostenido que detrás de la actuación existiría una motivación política derivada de los enfrentamientos que, durante la alcaldía de Quintero, protagonizaron el exconcejal Alfredo Ramos —hermano del gerente de la FLA— y Juan David Duque. En ese contexto, el gerente afirmó: “El que las hace cree que el resto del mundo las hace”.
Con la decisión conocida este viernes, será ahora la justicia constitucional la que determine si la auditoría puede reanudarse o si, como sostiene la FLA, la Superintendencia Nacional de Salud incurrió en una extralimitación de funciones durante el proceso de inspección.
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