Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
Ocurrió lo previsible. EE. UU. determinó que Colombia incumplió obligaciones internacionales de lucha contra las drogas ilícitas, y decidió descertificarnos. Este grave hecho no ocurría desde Ernesto Samper (1996 y 1997), cuyo Gobierno, como el actual, estuvo marcado por escándalos de vínculos con estructuras mafiosas.
La determinación del presidente Trump es contundente, atribuye el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína “exclusivamente al liderazgo político del país”, es decir, a Gustavo Petro. Señala como causas directas “fallidos acuerdos con grupos narcoterroristas” y falta de cooperación con autoridades estadounidenses para llevar ante la justicia a líderes de organizaciones criminales.
Además de incipientes resultados en erradicación, cuyas infímas metas no han sido cumplidas, y a la deliberada pérdida de control territorial en zonas que son enclave del narcotráfico, el informe tuvo en cuenta la negativa del presidente Petro a entregar a las autoridades judiciales de EE. UU. varios criminales solicitados en extradición, como Gabriel Yepes, alias “HH”, jefe de Comuneros del Sur, disidencia del ELN que delinque en Nariño; Willinton Henao, alias “Mocho Olmedo”, cabecilla del Frente 33 de FARC; Evelio Castillo, alias “Muñeca”, líder de Los Pachenca; y Giovanny Rojas, alias “Araña”, jefe de Comandos de la Frontera, también de las FARC.
La realidad, como evidencian los datos, es que la única política antidrogas exitosa en Colombia, ha sido la del expresidente Álvaro Uribe, que, aprovechando el Plan Colombia heredado del expresidente Pastrana, implementó una estrategia integral de combate a la cadena. Frente a los cultivos, se combinó la fumigación con glifosato, la sustitución y la erradicación manual forzosa y voluntaria, pasando de 102 mil hectáreas a 62 mil; junto con la extradición de 1.106 criminales, de ellos 957 por narcotráfico y 105 por lavados de activos; la destrucción de laboratorios y la incautación de precursores químicos; la interdicción área, marítima, fluvial y terrestre; y el combate al lavado de activos.
En el Gobierno Santos, los cultivos ilícitos experimentaron un crecimiento inusitado del 173%, hasta alcanzar 169.018 hectáreas, por la suspensión del uso del glifosato en la erradicación mediante aspersión aérea (Resolución 006 del 29 de mayo de 2015, Consejo Nacional de Estupefacientes), como parte de los compromisos asumidos con el cartel de las FARC en La Habana. El Gobierno de Iván Duque logró en parte contener el crecimiento, pasando entre 2018 y 2021, de las más de 169 mil hectáreas a 204.257.
Frente a los esfuerzos del expresidente Duque por reanudar la aspersión aérea con glifosato; en 2019 la Corte Constitucional, mediante Auto 387, la supeditó a que debía respetar la política pública derivada del punto cuarto del Acuerdo de Santos con las FARC. Dos años después, en 2021, mediante sentencia T-423, suspendió los efectos de la Resolución 0694 de la ANLA que había autorizado la reanudación del uso de glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos.
De no ser por el reconocido liderazgo de algunos mandatarios locales y por el sacrificio de los miembros de la Fuerza Pública, aliados históricos de EE. UU. en la lucha contra el terrorismo, como lo reconoce la determinación del presidente Trump, la desertificación habría venido acompañada de severas sanciones económicas.
Llegó la hora de retomar el combate frontal contra el narcotráfico, que es un combustible de la violencia en Colombia.
