La batalla judicial en torno al proceso contra el expresidente Álvaro Uribe entró en una nueva fase. Las víctimas del caso ya radicaron ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación contra la sentencia que lo absolvió en segunda instancia y dejó sin efecto la condena de 12 años de prisión que le había sido impuesta por una jueza penal por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
El anuncio lo hizo el abogado Miguel Ángel del Río, quien actúa como representante de las víctimas, a través de un mensaje en la red social X: “Radicada ante la Corte Suprema de Justicia demanda de Casación en el proceso Uribe en nuestra condición de representantes y Víctimas”.
Le puede interesar: El juicio del siglo: Uribe condenado y absuelto en un mismo año
Con esta actuación, el caso queda ahora en manos de la Sala de Casación Penal del alto tribunal, que deberá evaluar si el fallo absolutorio del Tribunal Superior de Bogotá se ajusta o no a la ley y a la valoración probatoria realizada durante el juicio.
En el proceso fueron acreditadas como víctimas el candidato presidencial Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal Jorge Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa de un preso vinculado al caso.
La controversia gira en torno a la decisión de segunda instancia que revocó la condena proferida por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien había considerado probado que Uribe, por intermedio del abogado Diego Cadena, promovió la búsqueda y manipulación de testimonios para favorecer su defensa. Según ese fallo, al menos tres testigos, Juan Guillermo Monsalve y los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, conocido como “Víctor”, y Eurídice Cortés, alias “Diana”, habrían sido contactados para ofrecer declaraciones y retractaciones que beneficiaran al entonces senador.
Conozca: Tribunal le dio más tiempo a las víctimas para pedir que se revoque fallo que absolvió a Álvaro Uribe
Sin embargo, el magistrado ponente del fallo absolutorio, Gutiérrez, concluyó que no existía prueba directa ni testimonio que permitiera sostener que Uribe hubiera ordenado, inducido o coordinado esas gestiones. En su criterio, las actuaciones del abogado Cadena no podían atribuirse de manera penal al expresidente.
El mismo razonamiento fue aplicado al cargo de fraude procesal. El Tribunal descartó que Uribe hubiera participado en la elaboración y envío de una serie de cartas firmadas por exparamilitares recluidos en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, cuyo objetivo era solicitar a la Corte Suprema la reapertura de una investigación previamente archivada contra el senador Iván Cepeda.
Esa conclusión contrastó de manera directa con la postura de la jueza de primera instancia, quien había considerado que esas cartas hacían parte de una estrategia para inducir a error a la justicia y modificar el curso del proceso.
La solicitud de casación presentada ahora por las víctimas se apoya, en buena parte, en las discrepancias que quedaron plasmadas dentro del propio Tribunal. En particular, en el salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo, quien se apartó de la decisión mayoritaria y elaboró un documento de 453 páginas en el que cuestionó la absolución y defendió la existencia de elementos suficientes para mantener la condena.
Precisamente por la complejidad del expediente y la extensión de las decisiones, las víctimas habían pedido meses atrás una prórroga de 30 días para presentar el recurso. En ese momento argumentaron ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que el estudio detallado de la sentencia, del fallo absolutorio y del salvamento de voto exigía “tiempos más prolijos” para estructurar una impugnación técnica.
Le recomendamos leer: Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe por todos los cargos en su contra
A este escenario se suma la posición de la Fiscalía General de la Nación, que también anunció su intención de acudir al mismo mecanismo extraordinario de casación, al manifestar su desacuerdo con la absolución del expresidente.
Con la radicación del recurso por parte de las víctimas, la Corte Suprema deberá decidir si revisa de fondo la sentencia que exoneró a Uribe o si deja en firme la absolución, en uno de los procesos judiciales más sensibles y de mayor impacto político de los últimos años en Colombia.
Regístrate al newsletter