La apelación presentada por el antiguo secretariado de las Farc contra una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a encender el debate sobre las sanciones impuestas a los máximos responsables del secuestro en Colombia.
El martes 13 de enero de 2026, la candidata al Senado Ingrid Betancourt reaccionó con dureza al conocer que los exjefes de la guerrilla buscan tumbar, entre otros puntos, la obligación de portar dispositivos electrónicos de monitoreo durante los siete años de sanciones restaurativas ordenadas por el tribunal.
Betancourt, quien estuvo secuestrada por las Farc durante más de seis años y fue liberada en la operación Jaque en julio de 2008, calificó como contradictoria la postura de los excombatientes.
A través de sus redes sociales, recordó que miles de víctimas padecieron una privación total de la libertad bajo condiciones extremas, mientras que ahora los responsables rechazan mecanismos básicos de vigilancia.
Para la política colombo-francesa, este tipo de recursos evidencian una justicia que, en su criterio, ha perdido firmeza frente a crímenes de enorme gravedad.
La controversia se da tras conocerse una apelación de más de 350 páginas en la que la defensa del antiguo secretariado cuestiona de fondo la sentencia de la JEP, que impuso sanciones restaurativas sin cárcel efectiva.
En el documento, los exjefes guerrilleros critican que el tribunal ponga en entredicho el carácter político de la antigua insurgencia, alegan vulneraciones a la seguridad jurídica y rechazan la forma en que se hicieron las imputaciones, argumentando que en algunos casos se basaron más en el rol jerárquico que en hechos concretos.
Uno de los puntos centrales del recurso es la oposición al monitoreo electrónico permanente. Según los excomandantes, este mecanismo sería invasivo, atentaría contra la dignidad humana y acercaría las sanciones transicionales a las penas de la justicia ordinaria.
En su lugar, proponen sistemas alternativos de seguimiento, como informes periódicos, supervisión de entidades de reincorporación y registros de las actividades restaurativas.
También sostienen que el Acuerdo de Paz no los obliga a residir en los lugares donde se ejecuten los proyectos de sanción, y que forzarlos a hacerlo afectaría su arraigo familiar, social y productivo.
Para Betancourt, estos argumentos resultan inaceptables y desconectados del sufrimiento que marcó a las víctimas del secuestro.
Su caso, uno de los más emblemáticos del conflicto armado, simboliza —según ha reiterado— el dolor de miles de personas que fueron usadas como “canjeables” y sometidas a años de cautiverio.
La excongresista insiste en que, pese a la firma del Acuerdo de Paz en 2016, no puede relativizarse la responsabilidad de quienes cometieron delitos de lesa humanidad ni diluir las sanciones en nombre de la reconciliación.
El recurso para revocar el monitoreo fue presentado por los integrantes del último secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda.
El mensaje de Betancourt hacia los exjefes guerrilleros fue el siguiente: “Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra Justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así”.
Por el momento, no hay pronunciamiento por parte de la JEP.
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