El mismo día en que firmó el polémico decreto que da vía libre a su consulta popular –con todo y que fue negada por el Senado el pasado 14 de mayo–, el presidente Gustavo Petro volvió a sacudir al país con otro anuncio: su Gobierno acudiría a una Asamblea Nacional Constituyente.
El mandatario aseguró que, en caso de que la Corte Constitucional tumbe el ‘decretazo’, buscará recoger ocho millones de firmas para volver a presentar la consulta popular y, en caso de que vuelva a ser negada, “ya no queda otro mecanismo”.
“Si se cae en la Corte entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar, a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente, que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”, dijo el mandatario el jueves en la noche, desde Cali, a CNN en Español.
Este jueves, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre –quien no se ha posesionado–, lo confirmó: “Hay que hacer reformas radicales, ¿y qué pasa? El presidente ya habló y dijo expresamente que necesitamos una Constituyente, una convocatoria Constituyente, pero de iniciativa popular”. Montealegre no se ha posesionado, pero ya actúa como ministro. Es más: fue uno de los arquitectos del ‘decretazo’ y ahora defiende la idea de una Constituyente.
Se trata de una amenaza sobre una amenaza, porque la insistencia en la consulta, aun cuando la negó el Senado, ya era una forma de presión para que el Congreso aprobara tal cual la reforma laboral.
La votación en Senado
De hecho, resulta paradójico que mientras el articulado se discute en la plenaria del Senado, y al cierre de esta edición se había aprobado un número importante de puntos clave, el Pacto Histórico no votó positivamente la reforma que ellos mismos crearon.
Si el argumento del Gobierno para firmar el decreto de la consulta y plantear una eventual Constituyente es que no se aprueba la reforma, no se entiende por qué la bancada de Gobierno no está dispuesta a consensos, que es la esencia del Legislativo. En otros proyectos, han estado dispuestos a negociar con las diferentes fuerzas, pero esta vez parece que, más que un punto de honor, insisten en una terquedad con visos autoritarios.
Constituyente: ¿viable?
La idea de hacer una Asamblea Nacional Constituyente no es nueva en este mandato. Justamente desde Cali, el jefe de Estado ya había propuesto a principios de 2024 una Asamblea Constituyente que luego mutó en el lenguaje a una proceso constituyente y luego de diluyó con el pasar del tiempo ante la oposición, incluso, de miembros de su propio gabinete. Curiosamente, uno de los exfuncionarios que defendía cambiar la Constitución de 1991 era el excanciller Álvaro Leyva, hoy alejado del presidente.
En su momento, varios sectores criticaron al mandatario con argumentos que hoy son igual de válidos. Primero, que Petro ha sido, por lo menos en su discurso, uno de los mayores defensores de la Constitución del 91, entre otras, porque la guerrilla del M-19, una vez se desmovilizó, fue mayoría en ese proceso; allí influyó jurídicamente en el espíritu garantista y de avanzada —laica, reformista y con derechos como la tutela— de la actual Carta Magna.
Segundo, porque en la campaña de 2018, el entonces candidato Petro recibió el apoyo del exalcalde Antanas Mockus y Claudia López con la condición de firmar en mármol, literalmente, que no iba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
Sobre la viabilidad de ese anuncio y lo que viene, EL COLOMBIANO conversó con Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional y profesor de la U. Javeriana (ver entrevista en el recuadro anexo).
Galindo explicó que el Gobierno entraría en un callejón sin salida “porque una convocatoria se debe llevar a cabo mediante ley de la República. Montealegre ha dicho que ellos están en la idea de convocar una Constituyente por vía de iniciativa popular. Pero lo hace para hacer pensar que en ese caso no tendría que pasar por el Congreso, lo cual es abiertamente constitucional”.
En efecto, según la norma, esa iniciativa tendría que pasar por el Congreso y luego por la Corte Constitucional. Es decir, el Legislativo, a quien Petro desconoció en su decisión de haber negado la convocatoria de la consulta, así como a un alto tribunal que si tumba el ‘decretazo’ —aunque el competente debería ser el Consejo de Estado— provocaría el escenario de la Constituyente. Se trataría de un círculo vicioso jurídico que, según diversos sectores, vulnera el equilibrio de poderes.
Justamente, ocho partidos presentaron una demanda conjunta ante el Consejo de Estado contra el decreto que convoca a la consulta popular el 7 de agosto de este año. En el recurso solicitaron la nulidad por inconstitucionalidad del decreto y alertaron sobre lo que calificaron como una “grave ruptura del Estado de derecho”.
Además, advirtieron que desconocer la decisión adoptada por el Senado el pasado 14 de mayo “refleja una peligrosa deriva autoritaria que amenaza la estabilidad institucional del país”.
“La demanda está sustentada en cuatro cargos: vulneración al Estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación del presidente en el ejercicio de sus funciones y separación de poderes, violación al debido proceso y desconocimiento del obligatorio concepto previo favorable del Senado”, argumentaron.
¿Qué sigue?
Otra de las razones que expone el Gobierno es intentar comparar esta coyuntura con el proceso de la “Séptima Papeleta” que derivó en la Constituyente de 1991. Sin embargo, son dos contextos diferentes empezando porque la Constitución de 1886 ya había sufrido decenas de cambios durante más de 100 años de vigencia.
Además, aunque se vivía una crisis de violencia por la guerra declarada de la mafia al mando de Pablo Escobar, la polarización del país no era tan exacerbada y pensar en una nueva Constitución era, por entonces, un clamor nacional y una necesidad práctica.
Hoy el panorama es distinto aunque, tristemente, hay hechos que se repiten como los atentados contra candidatos presidenciales, carrobombas en varios municipios y un ambiente de zozobra.
“Pasar por encima del Congreso para hacer la Constituyente es inconstitucional”: exregistrador Galindo
¿Qué piensa sobre el ‘decretazo’ de la consulta popular y ahora una eventual Asamblea Nacional Constituyente?
“Todo eso es para presionar a las instituciones a que le den curso a una iniciativa absolutamente inconstitucional porque el decreto de convocatoria incumple el requerimiento constitucional de contar con el concepto favorable del Senado de la República. Con esos anuncios lo que está buscando es que las instituciones relacionadas con la organización de la consulta popular procedan en ese sentido, so pena de iniciar el trámite de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces desde ese punto de vista ya son reprochables ese tipo de anuncios”.
¿El Gobierno Nacional tiene las facultades de convocar una Asamblea Nacional Constituyente tal como lo anunció?
“La convocatoria de una Asamblea Constituyente debe llevarse a cabo mediante ley de la República como lo dice la Constitución y las normas sobre la materia. El futuro ministro de Justicia (Eduardo Montealegre) lo que ha dicho es que ellos están en la idea de convocar una constituyente vía iniciativa popular, pero lo hace para decir que en ese caso no tendría que pasar por el Congreso de la República, lo cual es abiertamente inconstitucional e ilegal”.
¿Por qué?
“Porque de iniciarse una iniciativa popular, una iniciativa normativa o legislativa para esos efectos tendría que luego pasar por el Congreso de la República y luego por la Corte Constitucional para el examen correspondiente de constitucionalidad. Es desconocer el orden jurídico. Resultan reprochables esas manifestaciones del Gobierno”.
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