El ente de control abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional.
Por cuenta de presuntas irregularidades en la firma del convenio para la fabricación de los pasaportes, este miércoles la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio.
Se trata del convenio de cooperación para avanzar en la implementación del nuevo modelo de pasaportes, el cual fue firmado el pasado 18 de julio y que únicamente abarca a la Imprenta y la Cancillería. Es decir, aún no tienen en cuenta al Gobierno de Portugal, cuyo convenio se firmó en las últimas horas.
No obstante, de acuerdo con el Ministerio Público, la firma del convenio suscrito entre la Cancillería, a través del Fondo Rotatorio, y la Imprenta Nacional, posiblemente transgrede principios de planeación y economía de la contratación estatal, “al evidenciar que no existen los documentos y estudios previos que sustenten la celebración del convenio”.
La orden de la Sala de Instrucción Disciplinaria también cobija a Alba Liliana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional y la secretaria general (e) de la Cancillería, Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar.
“Se desconoce el acto administrativo a través del cual se delegó en la secretaria general (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, la competencia para celebrar el convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional de Colombia”, declaró la Procuraduría.
Según el ente, ante las fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes, se observa una omisión al deber que le asiste a los funcionarios de cumplir con los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa.
Por cuenta de ese mismo convenio, justo hace ocho días la Contraloría General encendió las alarmas y emitió una alerta de control interno ante el “inminente riesgo de incumplimiento” en la prestación del servicio.
Frente a los convenios activos, la Contraloría advirtió que se trata de alianzas que “no se superan la situación de riesgo en la producción de pasaportes”. En esa línea, aunque se definió como nueva fecha límite para la implementación del modelo el 31 de marzo de 2026, la Contraloría reclamó que no hay claridad sobre cuáles serán los aliados estratégicos de la Imprenta para asumir la ejecución del nuevo modelo.
“No se condiciona el tipo de aliado estratégico ni la modalidad de selección con el que la Imprenta Nacional puede suscribir contratos para la ejecución del modelo”, dijo el ente de control, advirtiendo además que el contrato actual de prestación del servicio de expedición y personalización de las libretas que hoy está en manos de Thomas Greg & Sons vence el 31 de agosto.
Este miércoles se conoció que, a pesar de haber pedido meses atrás que no se hiciera, el Gobierno del presidente Gustavo Petro prorrogará por siete meses el contrato que actualmente tiene con la unión temporal que encabeza la empresa Thomas Greg & Sons para la elaboración de los pasaportes. Ese tiempo se usará para que la Imprenta Nacional ultime detalles con la Casa de la Moneda de Portugal para ejecutar la expedición de esos documentos.
De esta manera, Thomas Greg continuará al frente de ese contrato entre septiembre de este año y marzo de 2026. A partir del 1 de abril la elaboración de pasaportes en Colombia quedará en manos de la Imprenta Nacional, que a mediados de julio firmó un convenio con la Cancillería para llevarlo a cabo.
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