La canciller encargada Rosa Villavicencio defendió en el Congreso el convenio con Portugal para garantizar la expedición de pasaportes y prometió publicar el documento completo. Aunque negó una crisis, fue duramente cuestionada por la falta de respuestas claras y por limitarse a leer durante el debate.
Por cuenta de las dificultades y problemáticas que persisten alrededor de la expedición de pasaportes, este martes la canciller encargada, Rosa Villavicencio, acudió a un debate de control político en el Congreso de la República y se comprometió a divulgar hoy mismo en el portal de contratación del Estado (Secop) el convenio que fue firmado con Portugal para garantizar la prestación del servicio.
Si bien durante meses el Gobierno de Gustavo Petro insistió en que, con miras al 1 de septiembre, no prorrogaría el contrato con la unión temporal en la que tiene participación la firma Thomas Greg and Sons –lo que llevó incluso a la renuncia de la exministra Laura Sarabia–, finalmente el Ejecutivo cedió y extendió el contrato hasta el próximo 31 de marzo.
Lo anterior, ante las dificultades técnicas y tecnológicas para asumir la prestación total del servicio, un proceso para el que el Gobierno se alió con la Casa de la Moneda de Portugal en búsqueda de “recuperar la soberanía del Estado para la gestión pública”.
En medio de la incertidumbre sobre los pormenores de ese convenio, Villavicencio ratificó que este martes será publicado el documento completo, al tiempo que defendió que en un periodo 10 años Colombia tendrá “total autonomía para producir las libretas con todos los estándares”.
Cuestionada sobre por qué se eligió a la Casa de la Moneda de Portugal, la canciller sostuvo que “es una empresa que tiene más de 700 años de experiencia, que se fusionó con otra también pública, y fue la que ofreció menos tiempo posible para hacer todo el proceso de transferencia de tecnología. Ofreció 10 años, Alemania ofrecía 15 años y las demás más tiempo. Además, dejará instaladas máquinas y serán donadas”.
Incluso, Villavicencio negó que se “quiera sacar” a Thomas Greg del proceso y destacó que hay una buena relación; sin embargo, reivindicó que se busca que sea el Estado el que maneje la seguridad de los datos de los ciudadanos. “Hemos ganado y el presidente tiene la legítima potestad”, dijo.
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Sin embargo, minutos después cuestionó la privatización alrededor del servicio de pasaportes y alegó que, por “mandatos y políticas foráneas”, se redujo la injerencia del Estado en ese proceso. “Todo esto con el propósito de que fueran los privados, que fuera el negocio, el que primara por encima del bien común y del interés general”.
En esa línea, la canciller encargada se refirió al ruido generado en las últimas semanas alrededor de la continuidad del servicio y afirmó que no hubo “calvario ni crisis”, puesto que “ningún día han faltado los pasaportes. La expedición ha tenido obstáculos (...) a algunos les interesa que haya alarma social y caos”.
Según los cálculos de la funcionaria, hay 115.000 pasaportes sin recoger de personas “que se preocuparon, que se alarmaron, y que fueron a renovar el pasaporte aun teniendo por delante 4 o 5 años de vigencia”.
“Se creó una crisis que no ha existido. En 2024 se emitieron cerca de 1’150.000 pasaportes y en lo que va de 2025, de enero al 30 de julio, se han emitido 1’300.000 pasaportes y no han faltado. Este año vamos a llegar a cerca de 1’700.000 pasaportes”, explicó.
Por ello, instó a que se convoque una comisión accidental creada por el Congreso ante la crisis para que se reúna con su equipo de la Cancillería y se aborden los aspectos jurídicos del convenio.
“Estamos en un proceso en el que está garantizada la existencia de los pasaportes de aquí hasta abril de 2026, podremos tener la autonomía de personalizar los pasaportes, porque el contrato con Thomas Greg no ha permitido que el Estado tenga ni siquiera la propiedad de las máquinas o la capacidad establecida para el manejo de esta tecnología”, agregó.
No obstante, las declaraciones de la canciller no cayeron bien en el seno de la Comisión Segunda, donde se desarrolló el debate de control. La representante Luz Ayda Pastrana (Cambio Radical) alegó que Villavicencio acudió a la Comisión a “leer” y no dar explicaciones de fondo sobre la crisis.
“No es posible venir a esta Comisión y a este Congreso a leer. Por favor dennos respuesta sin una lectura de corrido. Indíquenos cifras, datos y puntualmente las preguntas que le hemos hecho en esta Comisión”, sostuvo.
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Si bien se tenía previsto que parte de la exposición que ofreció Villavicencio la sustentara su asesor jurídico, desde la misma Comisión Segunda reclamaron que no era posible por tratarse de un contratista y que la canciller debería tener manejo pleno de ese tipo de asuntos.
“(Su asesor) no puede intervenir para dar respuesta a unas preguntas que la señora canciller no está dando. Vemos notablemente su desconocimiento y su carga ideológica en las respuestas. Ninguna de las preguntas planteadas han sido respondidas”, agregó Pastrana.
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