Una fuerte polémica con señalamientos de agresiones, injurias y calumnias, que ya fue puesta en manos de la Fiscalía General de la Nación, se desató en Rionegro, Oriente antioqueño, entre una fundación y el centro de bienestar animal de la administración municipal. Las versiones sobre el hecho se han conocido en redes sociales, en pronunciamientos oficiales públicos y en testimonios ofrecidos a los medios de comunicación.
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Todo comenzó el pasado 5 de septiembre cuando, hacia las 10:30 a.m., un grupo de cinco personas llegó a la sede del Centro Integral de Bienestar Animal (Ceiba) de Rionegro, que es operado por la Universidad CES, con el supuesto interés en los procesos de adopción que se adelantan en el lugar. Pero cuando los dejaron entrar, los visitantes habrían incurrido en violencia física y verbal en contra de los empleados del lugar, entre profesionales, auxiliares administrativos y médicos veterinarios, según lo denunciado por ambas instituciones.
La situación se tornó caótica cuando las mencionadas personas, incluso, vulneraron los protocolos de bioseguridad, accedieron a lugares que son restringidos e hicieron grabaciones para las que no tenían ninguna autorización. Pero además, de acuerdo con la denuncia de Ceiba y el CES, estaban exigiendo que les entregaran a varios perros que el centro de bienestar tiene bajo custodia legal.
Todo esto se presentó hasta la 1:30 p.m., es decir, durante tres horas. “Nuestro personal fue víctima de situaciones de agresión y hostigamiento que en ningún momento debieron presentarse dentro de las instalaciones”, manifestó Cindy Gómez, subsecretaria ambiental de Rionegro. Según lo relatado por el personal de Ceiba, les lanzaron expresiones intimidantes y despectivas en general hacia todos los trabajadores, así como agresiones físicas directas contra las auxiliares veterinarias Keyli Jhoana Díaz Gallego e Isabel Cristina Bonilla, quienes fueron víctimas de empujones y actos violentos.
Dichos hostigamientos se presentaron como parte de la exigencia que habrían hecho las cinco personas para que el centro les dejara llevarse a varios animales que tienen bajo su custodia tras haber sido aprehendidos por las autoridades competentes en medio de un procedimiento que hicieron después de una denuncia de presunto maltrato en el albergue Canes Guerreros.
La versión de la fundación Canes Guerreros
La otra parte de la historia la tiene esta fundación, que se ha dedicado a contar su versión en redes sociales. Y lo más sorprendente del caso es que los hechos datan del primero de diciembre de 2023, fecha en la cual se realizó el procedimiento por presunto maltrato que terminó con la aprehensión de los perros puestos bajo protección y custodia en Ceiba.
Alexandra Ramírez, integrante de Canes Guerreros, explicó en sus videos que desde esa fecha han hecho varios intentos por ingresar al lugar para ver a los animales que le decomisaron, 11 en total, pero que solo una vez la dejaron hacerlo. Ramírez mostró imágenes en las que, un año y 22 días después del procedimiento legal, le dejaron ver a Monchis, uno de los perros aprehendidos, así como a otros pocos de los que quedaron en custodia del centro. No obstante, posteriormente, tuvo negativas frente a las solicitudes de ingreso.
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Tal como ella misma lo publicó en videos en redes sociales, el pasado 5 de septiembre, ingresó con otras cuatro personas al centro haciéndose pasar por ciudadanos interesados en adoptar. En efecto, los videos corroboran parte de la denuncia de Ceiba y el CES, el grupo llegó con engaños y grabando lugares sin autorización de acceso. En algunas de las imágenes se pueden ver las agresiones verbales mencionadas por el personal del lugar. La fundación argumenta que ese fue el camino que encontraron ante la imposibilidad de saber el estado de sus perros.
Ramírez cuenta en sus publicaciones que desde 2023 están buscando que les devuelvan a los animales que quedan de la aprehensión y dice que no incurrió en maltrato contra ellos, puesto que son producto de un rescate que hizo siete meses antes del procedimiento legal, luego de que llegaran desde Barranquilla a Antioquia en precarias condiciones, con desnutrición y múltiples enfermedades de gravedad.
Asimismo, la mujer aseguró que de los 11 que se llevaron las autoridades para Ceiba ya habrían fallecido 6, uno en medio de una supuesta pelea con otro perro y algunos más, presuntamente, por causa de la aplicación de la eutanasia. Además, aseveró que algunos caninos de los que le aprehendieron hace ya casi dos años siguen con enfermedades que tenían desde entonces.
Frente a este tema, la administración municipal y el CES indicaron que los perros han recibido toda la atención necesaria para garantizar su bienestar y que las afirmaciones hechas en redes sociales al respecto carecen de sustento técnico y científico: “En especial, queremos aclarar que los procedimientos de eutanasia, cuando son necesarios, se realizan bajo estrictos criterios médicos y éticos, con el objetivo de evitar el sufrimiento prolongado e irreversible en animales con enfermedades incurables o condiciones incompatibles con una vida digna. Este acto compasivo busca un final pacífico y sin dolor, en contraste con percepciones erróneas que lo asocian con crueldad”.
Aunque no especificaron si fue por procedimiento de eutanasia, la Subsecretaría Ambiental confirmó que en total han muerto seis animales en Ceiba, uno en 2023, cuatro en 2024 y uno en 2025. De acuerdo con expertos de otros albergues de este tipo, muchas veces estas muertes son normales por la gravedad del estado en el que llegan las especies, lo que imposibilita salvarles las vida por más esfuerzos que se hagan.
En este momento, el Ceiba tiene bajo su protección 136 animales, de los cuales 124 son perros, 7 gatos, 2 palomas y 3 gallinas que están allí porque los tenían en condiciones de abandono, maltrato, negligencia o vulnerabilidad alta. También realizan jornadas de esterilización de animales gratis en el municipio y adelantan procesos de adopción para encontrarles nuevas familias a las especies bajo su custodia.
Mientras que Ramírez sostiene que llevó el caso a la justicia para lograr que le devuelvan a los perros que siguen vivos y alega que en el centro de bienestar no les están brindando la protección adecuada, desde la Alcaldía de Rionegro defendieron la trayectoria del CES (que es el operador del sitio) en el cuidado y la atención de los animales. Carlos Andrés García, jefe de Gabinete de Rionegro, señaló que pidieron a las autoridades investigar el actuar de los servidores públicos involucrados en el caso de la mencionada aprehensión, pero que la alcaldía y el CES también pusieron en manos de la Fiscalía lo ocurrido el pasado 5 de septiembre, para que se investiguen las agresiones y las vulneraciones a los protocolos del centro.
Lo cierto es que ante la gravedad de los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre, el CES y la Alcaldía de Rionegro hicieron un llamado a los ciudadanos a respetar los debidos procesos y actuar con tolerancia, al tiempo que expresaron su preocupación por la exposición que se ha hecho en redes sociales de uno de sus funcionarios implicado en el proceso. “Su imagen ha sido difundida de manera irresponsable, distorsionando la información y poniendo en riesgo su integridad física y la de su familia mediante calumnias y mensajes instigadores”, señalaron en un comunicado.
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