La legislación colombiana ha construido en las últimas décadas un marco jurídico sólido para proteger los derechos laborales de las personas diagnosticadas con VIH. Sin embargo, pese a las garantías legales existentes, la discriminación y el estigma continúan siendo barreras importantes dentro del entorno laboral.
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Así lo explicó María Valencia Gallo, docente del Politécnico Grancolombiano, abogada e investigadora en derechos humanos y laborales, quien lidera estudios sobre la situación jurídica de las personas con VIH en Colombia. Según indicó, el país ha fortalecido la protección legal desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, fundamentándose en principios como la dignidad humana, la igualdad y la prohibición de discriminación.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud y la Cuenta de Alto Costo, en Colombia se reportaron cerca de 166.000 personas viviendo con VIH en 2023, cifra que subió a 185.000 en 2024 y alcanzó aproximadamente 211.000 en 2025.
Valencia Gallo explicó que una de las principales garantías legales es la llamada estabilidad laboral reforzada, una protección especial que impide que un trabajador con diagnóstico de VIH sea despedido sin una causa objetiva y sin autorización previa del Ministerio de Trabajo. Esto significa que el empleador no puede terminar el contrato por razones relacionadas con la condición de salud del trabajador.
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