Bajo las placas tectónicas que sacudieron a Venezuela en la tarde de este miércoles 24 de junio, no solo colapsaron bloques de concreto en Chacao, Altamira o La Guaira. El doble terremoto, cuyas réplicas mantienen al país en vilo, habría quebrado la narrativa de “normalidad y seguridad” que la presidenta encargada y antes vicepresidenta, Delcy Rodríguez, intentaba proyectar hacia el exterior.
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Las infraestructuras destruidas y la parálisis de los servicios de emergencia expusieron el saldo de 27 años de gestión gubernamental. El auxilio estatal no llega a distancias de apenas seis kilómetros. Mientras los ciudadanos remueven escombros con sus manos para rescatar a niños y bebés, las carreteras colapsadas y la carencia de recursos en los cuerpos de bomberos y Protección Civil evidencian la realidad de un Estado fallido.
Pero no solo fue esto. En temas económicos inclusive, antes de la tragedia ya sabían que estaban en problemas. Un artículo del Financial Times reveló horas antes de los terremotos que la deuda externa de Venezuela llegó a US$240.000 millones, cifra que duplica las estimaciones que tenía el mismo país con respecto a este tema.
Y es que, citando fuentes extraoficiales, el medio británico señaló que Venezuela se preparaba antes de los terremotos para anunciar una deuda externa total cercana a los US$240.000 millones. Es una cifra muy superior a lo que el mercado local venía calculando, que oscilaba entre US$150.000 y US$200.000 millones.
Según los detalles conocidos, el monto de la deuda se daría a conocer públicamente cuando Caracas presente a sus acreedores la situación real de sus finanzas, en lo que se perfila como la mayor reestructuración de deuda soberana del mundo.
Frente a la situación, el Financial Times destacó que hubo un detalle curioso en medio de toda esta situación económica en Venezuela en cuanto a la reestructuración. Y es que el análisis de sostenibilidad de la deuda no habría sido elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para muchos sectores de la oposición, de acuerdo con lo señalado por FT, esta premisa genera “preocupación” debido a que temen que el país venezolano avance sin el respaldo del FMI, lo que para ellos debilitaría la posición negociadora del país.
Por otro lado, Edmundo González-Urrutia, -el legítimo presidente de Venezuela para muchos ante la polémica victoria de Maduro en su momento-, se pronunció sobre la emergencia, que hasta ahora ha dejado más de mil personas muertas.
“Llegamos a esta catástrofe después de décadas de destrucción institucional. Los equipos de rescate, el sistema de salud, la infraestructura de comunicaciones llegan a esta emergencia destruidos. Lo que debió ser una inversión en proteger vidas, no lo fue”, expresó.
La diplomacia y los negocios rotos
Este desastre natural sepultó de inmediato una “calculada” operación política y comercial del régimen. El Gobierno de Delcy Rodríguez tenía previsto reunir el próximo martes 30 de junio a 62 consejeros delegados de grandes empresas de España y Portugal en el Palacio de Miraflores.
El objetivo era convencerlos de que el país es previsible, confiable y con seguridad jurídica bajo su mando en lugar de Nicolás Maduro. La Embajada de España había preparado una recepción oficial y la entidad Banesco —Abanca en España— financiaba los pasajes y hospedajes de los ejecutivos, según detallan medios locales.
El doble temblor desarmó la puesta en escena. Algunas multinacionales, escépticas ante la situación regional, ya habían decidido enviar solo a delegados de otros países. “El potencial de Venezuela es formidable si se hacen las cosas bien, pero...”, señaló un empresario citado para el encuentro.
La viabilidad de ese escenario económico queda ahora supeditada a una convocatoria de elecciones presidenciales a más tardar en enero, proceso en el cual la líder opositora María Corina Machado —actualmente frenada en Estados Unidos— aspira a presentar su candidatura de regreso al país.
Caos en las calles y proyecciones del número de víctimas
La realidad sobre el terreno corre por cuenta de los registros visuales en las zonas afectadas de La Guaira y Altamira. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, confirmó el desplome de edificaciones emblemáticas como el Petunia, Don Pepe, el Altamira Village Hotel & Suite y un bloque residencial en Bello Campo.
Asimismo, el aeropuerto internacional de Maiquetía permanece cerrado, mostrando desprendimiento de concreto, techos rotos y humo en las redes sociales. Las proyecciones sobre las pérdidas humanas evidencian el descontrol y la falta de información oficial certera. Por ahora, el gobierno confirmó que van 1.000 víctimas.
Mientras la ONU mencionó una base inicial de 10.000 fallecidos, asumiendo que la cifra final se quedará corta, las estimaciones de corporaciones multinacionales proyectan que el balance de víctimas mortales podría alcanzar las 100.000 personas en medio del caos, la sangre y las peticiones de ayuda internacional.
El rostro de la represión entre los escombros
La catástrofe también expuso la situación de los disidentes políticos del régimen bolivariano.
La activista Tamara Sujú reportó el derrumbe de una estructura en Maracay donde perdieron la vida Yexika Gimon de De Gouveia, María del Rosario Pérez y María José Salas Prato, quienes eran la esposa, suegra y sobrina del preso político Adrián de Gouveia de Sousa, nuevamente encarcelado tras haber cumplido su condena original.
La indefensión alcanza a los centenares de prisioneros políticos que cumplen arresto domiciliario y de quienes se carece de reportes detallados en viviendas afectadas. Desde el exilio en Madrid, ciudadanos como Justi reciben confirmaciones de la desaparición y fallecimiento de familiares en La Guaira.
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En un territorio incomunicado y sumido en el dolor, la desconfianza respecto a los datos oficiales persiste según medios locales, mientras la comunidad internacional moviliza su ayuda a pesar del rechazo histórico humanitario por motivos ideológicos del oficialismo.
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