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Este fin de semana viajamos a Boyacá para hablar de minería, en el departamento con más títulos mineros de Colombia, y donde se desarrolla a pequeña escala este sector, centrado principalmente en carbón, esmeraldas y materiales de construcción. Allí, encontramos una enorme preocupación por la política antiminera del Gobierno Petro y la caída del precio del carbón térmico y el coque, que llevó a que en lo corrido del año se perdieran unos 2.500 empleos.
Nosotros no somos vergonzantes en la defensa de la minería. Yo provengo de Antioquia, un departamento de vocación y tradición minera, por eso siempre he entendido que este sector es vital para la economía, porque proporciona las materias primas a la industria, la tecnología, los fertilizantes, la construcción y la energía; es fuente de importantes recursos económicos, y generador de empleo.
Reiteramos nuestro compromiso con una política que propenda por una minería formal, sostenible y con reglas claras, con un plan basado en cinco ejes estratégicos:
1. Seguridad jurídica e institucionalidad minera: vamos a garantizar estabilidad normativa y decisiones técnicas no ideológicas; modernizaremos el Código Minero para simplificar trámites, digitalizar procesos y eliminar duplicidades; brindaremos seguridad jurídica en títulos y concesiones vigentes -según la Agencia Nacional de Minería hay 6.572 títulos mineros activos, que representan el 3,98% del territorio nacional, es decir 4,5 millones de hectáreas-, y vamos a regresar delegaciones mineras a departamentos con capacidad técnica.
2. Incentivo a la inversión y la competitividad: mediante seguridad física, estabilidad jurídica y un marco tributario estable y competitivo; vamos a promover la exploración y la explotación, porque la inversión en la primera cayó 37% el año anterior; además, vamos a crear licenciamiento exprés para proyectos estratégicos de alto impacto económico.
3. Explotación sostenible de los recursos: implementaremos incentivos a proyectos de restauración y compensación ambiental verificables, y promoveremos el gas, el carbón y los minerales críticos -como níquel, cobre y litio-, porque son puente hacia energías limpias.
4. Formalización y lucha frontal contra la ilegalidad: crearemos una Política Integral de Seguridad Minera, que articule inteligencia, fiscalización y justicia penal; un Sistema de trazabilidad obligatoria para explosivos, combustibles y minerales; y con tecnologías como blockchain, vamos a controlar la comercialización y la exportación, pues según la Procuraduría General de la Nación, alrededor del 85% del oro que exportamos tiene origen ilegal, sin título minero ni licencia ambiental, y el 70% está controlado por grupos armados ilegales. Crearemos el Programa Nacional de Formalización Asociativa.
5. Minería para las regiones y la gente: promoveremos la creación de clusters mineros industriales y logísticos que integren proveedores locales y pymes, generando empleo y desarrollo territorial.
Colombia es un país minero que requiere una política de Estado que reconozca ésta como una actividad estratégica para el desarrollo nacional, fuente de ingresos, empleo y seguridad energética. No es menor que a pesar del Gobierno, en 2024 la minería representara 1,8% del PIB, 34% de las exportaciones (US$ 16.900 millones) y $7,6 billones en impuestos y regalías. Además, por cada peso la minería genera $2,44 en otros sectores y es fuente de 244.709 empleos directos y un millón indirectos. Es inmoral dejar la riqueza enterrada en un país que necesita recursos.
