Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
Existe una pregunta que cada vez escucho con mayor frecuencia entre profesionales honestos y altamente calificados: ¿vale realmente la pena aceptar un cargo público? La respuesta parecería obvia. Servir al Estado constituye uno de los mayores honores que puede recibir un ciudadano. Administrar recursos públicos, tomar decisiones que mejoren la vida de millones de personas y poner la experiencia profesional al servicio del interés general deberían ser motivos suficientes para aceptar tal responsabilidad.
Pero la realidad, en ocasiones, termina siendo muy distinta. Es el caso de alguien quien durante décadas ocupó cargos de dirección en entidades públicas sin recibir una sola investigación disciplinaria, fiscal o penal. Su hoja de vida era intachable; su reputación, igualmente. Todo cambió luego de dirigir una entidad inmersa en una profunda crisis financiera, señalada por problemas de corrupción, clientelismo político y contratación ineficiente.
Como correspondía a su deber, emprendió una revisión rigurosa del gasto. Eliminó decenas de contratos y cargos que consideró innecesarios, suspendió negocios jurídicos cuyos costos resultaban muy superiores a los precios del mercado y desmontó prácticas administrativas que bordeaban la ilegalidad. Cada decisión buscaba proteger recursos públicos destinados, en últimas, a la atención de los más pobres y vulnerables.
No tardaron en llegar las reacciones. Fue reprendido duramente por políticos que controlaban la institución, advirtiéndole que no podía tomar tales decisiones sin consultar sus intereses que parecían estar por encima de la propia entidad. Se le pidió revertir los cambios. Se le insinuó, incluso, que había asuntos con los cuales era mejor no involucrarse so pena de padecer severas consecuencias.
No cedió. A partir de ese momento comenzaron a acumularse decenas de investigaciones provenientes de distintos organismos de control basadas en discutibles argumentos. En apenas unos meses enfrentó más procesos que durante todas las décadas anteriores de servicio público, defensa que en la mayoría de los casos debió asumir con sus propios recursos.
Vinieron luego multas personales, medidas cautelares, embargos preventivos, restricciones para acceder al crédito, reportes oficiales que afectaron su buen nombre y, finalmente, la imposibilidad práctica de volver a ser vinculado laboralmente, su muerte laboral. Pocos empleadores estaban dispuestos a contratar un directivo rodeado de semejante cantidad de investigaciones, aunque ninguna haya concluido con una condena.
Lo verdaderamente preocupante es el mensaje que una situación como esta envía a quienes hoy consideran ingresar al servicio público. Si un funcionario que actúa de buena fe, toma decisiones difíciles para proteger el patrimonio público y afecta intereses particulares termina enfrentando estas consecuencias, el incentivo para los futuros directivos resulta profundamente perverso.
El mensaje implícito parecería ser que es más seguro administrar la inercia que transformar las instituciones; más prudente convivir con el desperdicio, el clientelismo y la corrupción que enfrentarla; más rentable no incomodar a quienes ejercen poder político o económico, capturan, controlan y expolian las instituciones del Estado para su beneficio personal.
El Estado necesita servidores públicos capaces de tomar decisiones impopulares cuando el interés general así lo exige. Pero también tiene el deber de proteger a quienes, actuando dentro de la legalidad y con absoluta transparencia, terminan expuestos a enormes riesgos personales por cumplir precisamente con esa responsabilidad.
De lo contrario, llegará el día en el que los mejores profesionales rechacen servir al Estado y los cargos públicos queden reservados para quienes buscan protección política, favores personales o intereses distintos al bienestar colectivo. Ese sería el mayor fracaso de una democracia, de convertir la honestidad y el coraje administrativo en desventajas para quien decide ponerlos al servicio de la sociedad.
Los organismos de control del Estado no deberían ser elegidos por quienes luego los utilizan para perseguir a aquellos que amenacen sus intereses. Esta práctica debilita la idea de justicia y acabarla debería ser un propósito del nuevo gobierno.
