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Las cifras recientes de crecimiento económico parecen, a primera vista, una buena noticia. Colombia creció 3,5% durante el segundo trimestre y completó una expansión de 2,9% en el primer semestre. Después de varios años decepcionantes, cualquier recuperación debe celebrarse.
Pero cuando se observa de dónde provino ese crecimiento, la lectura ya no resulta tan optimista. Buena parte del crecimiento provino de la administración pública, la defensa, la educación y la salud, actividades que aumentaron 10%. El consumo del Gobierno creció mucho más rápido que el de los hogares. Es decir, una economía impulsada en buena medida desde el gasto público y no desde sus motores productivos.
Y ese modelo tiene límites. El Libro Blanco presentado por el nuevo gobierno refuerza una preocupación que ya venía sintiéndose: un Estado costoso, exceso de contratación y unas finanzas públicas que dejan muy poco espacio para invertir. Mientras aumentaba la burocracia, varios sectores capaces de generar riqueza, empleo e impuestos perdieron dinamismo.
La vivienda es quizás el ejemplo más visible. Las ventas y las iniciaciones de nuevos proyectos han caído significativamente. La minería y el sector energético enfrentaron durante años señales contradictorias y menor confianza para invertir. La infraestructura perdió impulso. Recientemente, la agricultura exportadora enfrenta enormes presiones de costos y revaluación, mientras la industria continúa luchando por recuperar competitividad.
Allí está también la gran oportunidad del gobierno que comienza. No se trata simplemente de cambiar gasto público por gasto privado. El Estado tiene responsabilidades esenciales que nadie puede reemplazar. Pero sí de entender cuál debe ser su papel: poner orden en las finanzas, garantizar seguridad y reglas claras, asegurar el funcionamiento eficiente y de calidad en los sectores de salud y educación (en los cuales puede jugar un papel importante el sector privado) y eliminar obstáculos para que empresarios, trabajadores e inversionistas vuelvan a arriesgar capital.
La primera gran prueba será el presupuesto de 2027. El proyecto heredado fue devuelto por el Congreso para ser corregido ante las dudas sobre su financiación. Reducir gastos innecesarios, racionalizar el tamaño del Estado y recuperar una senda fiscal creíble enviaría una señal poderosa.
La segunda será devolverle agilidad a la economía real. Destrabar proyectos de vivienda e infraestructura; recuperar la inversión en petróleo, gas, minería y energía; facilitar la actividad empresarial; reducir trámites y garantizar estabilidad jurídica. No hacen falta cientos de nuevos programas. Hace falta permitir que vuelvan a funcionar los sectores que durante décadas han creado buena parte del empleo y la riqueza del país.
El contraste podría ser enorme: pasar de una economía jalonada por burocracia y consumo público a otra impulsada por inversión, construcción, industria, energía, agricultura y exportaciones.
Y la tragedia del terremoto ofrece, dolorosamente, una primera oportunidad para demostrar ese nuevo enfoque. Reconstruir viviendas, colegios, hospitales, carreteras y empresas requerirá enormes recursos y velocidad. El Estado solo no podrá hacerlo. La mejor fórmula será sumar capacidades: Gobierno, regiones, comunidades y un sector privado que ya ha demostrado su disposición a colaborar.
En ocasiones, una crisis obliga a escoger un camino. Esta puede ser la oportunidad de construir un Estado más eficiente y una economía donde nuevamente producir, invertir y emprender sean los verdaderos motores del crecimiento.
