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En medio del ruido, a veces se nos olvida mirar los datos. Y los datos de las elecciones al Congreso de 2026 hablan por sí solos. La participación ciudadana creció 2,55 puntos: pasamos de 18.636.732 votantes en 2022 a 20.872.108 en 2026, con un censo que también aumentó de 38,8 a 41,2 millones de colombianos habilitados para votar, como lo registra el balance de elecciones presentado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Más gente votando, en un país donde el abstencionismo ha sido casi una costumbre, ya es una buena noticia.
Pero no es solo cuántos votamos, sino cómo lo hacemos. El voto en blanco se redujo de 1.144.379 en 2022 a 655.884 en 2026. Los votos nulos bajaron de 784.227 a 605.820, y los no marcados pasaron de 568.796 a 526.828. Es decir, más ciudadanos se tomaron el trabajo de marcar correctamente una opción y de participar de manera consciente. A esto se suma el aumento de las mesas de votación: de 112.009 a 125.259, lo que significa más cobertura y más acceso. No es un detalle menor: la logística electoral mejoró y se acercó a la gente.
Estos resultados, más que cifras frías, marcan hitos en la gestión de la Registraduría. No hay una sola denuncia en firme de partidos o candidatos sobre el conteo de votos o los resultados de los escrutinios. Tanto así, que la entrega de credenciales a los congresistas electos —que solía tardar entre 35 y 45 días— se hizo en un tiempo récord de 9 días en promedio. Cuando la institucionalidad funciona con eficiencia, estos resultados se traducen en transparencia, y esa transparencia despierta algo que en Colombia solemos tener en déficit: confianza.
Por eso llaman la atención los ataques, que parecen coordinados, contra la legitimidad de la Registraduría y de los resultados que entrega. Son ataques que no suman a la democracia, que carecen de argumentos verificables y que incluso han sido desestimados por la rama judicial por “falta de sustento fáctico”. Así lo expresó el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro al negar una acción de tutela interpuesta por el Gobierno Nacional, en la que le piden rectificar o cesar sus declaraciones sobre supuestos riesgos en el proceso electoral de 2026.
Ante esta ola de señalamientos, la pregunta es inevitable: ¿a quién benefician? ¿Quién los coordina o los instiga? Aquí hay un llamado a la acción ciudadana: nuestra mejor respuesta no es sumarnos al coro del odio, sino respaldar decididamente a las instituciones que cuidan la democracia, en especial a quienes tienen en sus manos la operación de unas elecciones fundamentales para el futuro del país.
A ocho semanas de la primera vuelta presidencial, deberíamos estar discutiendo propuestas, confrontando ideas, contrastando programas de gobierno. No empantanados en narrativas de miedo y polarización hechas a la medida. La evidencia está ahí: la Registraduría, en cabeza de Hernán Penagos, está haciendo la tarea, y la está haciendo bien.
En este 2026 no solo elegimos presidente, también elegimos defender a las instituciones y cuidar la democracia. Elegimos si le creemos a los datos o al ruido. En últimas, elegimos el futuro.
*Presidenta ejecutiva Proantioquia
