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Hay momentos históricos en los que las sociedades comienzan a deteriorarse sin darse cuenta. No porque falten elecciones, ni porque desaparezcan formalmente las instituciones, sino porque lentamente se erosiona la convicción cultural que sostenía la democracia. Occidente cometió el error de creer que la libertad era irreversible, que el Estado de Derecho había quedado blindado por la historia y que las democracias liberales podían sobrevivir incluso cuando sus propios ciudadanos dejaban de defenderlas. Hoy sabemos que no era cierto.
Las democracias contemporáneas no suelen colapsar mediante golpes militares ni rupturas abruptas; se degradan lentamente. Al vaciarse desde adentro, pierden solidez institucional, coherencia moral y capacidad de resistencia frente a proyectos políticos que entienden el poder no como un límite, sino como una herramienta de transformación ideológica total. Ese deterioro ocurre casi siempre bajo una apariencia de normalidad, mientras el lenguaje democrático es utilizado para justificar prácticas cada vez más incompatibles con la democracia liberal.
La advertencia de Steven Levitsky resulta particularmente pertinente para entender el momento actual. Los nuevos autoritarismos ya no necesitan cancelar elecciones ni clausurar congresos de manera inmediata. Aprendieron algo mucho más eficaz: usar las propias reglas democráticas para debilitar gradualmente los contrapesos institucionales. Primero se desacredita la justicia. Luego se convierte a la oposición en enemiga moral. Más tarde se debilita la autoridad legítima, se colonizan las cortes y se instala la idea de que cualquier límite institucional representa un obstáculo para la “voluntad popular”.
En Colombia, esa tensión ya no es abstracta. Tiene expresiones concretas y discursos cada vez más visibles. Y en ese escenario, Iván Cepeda representa mucho más que una figura política individual: encarna una visión de país donde el conflicto social se convierte en motor permanente de legitimidad política. Una visión que desconfía profundamente del mercado, relativiza el valor de las instituciones republicanas y construye capital político a partir de la fragmentación moral de la sociedad. El problema no reside únicamente en el contenido ideológico de esa agenda, sino en la lógica política que la sostiene. Porque todo proyecto de vocación hegemónica necesita primero debilitar la confianza ciudadana en las instituciones existentes. Necesita erosionar la legitimidad de la justicia, cuestionar permanentemente a las Fuerzas Armadas, convertir el éxito económico en sospecha moral y presentar cualquier forma de autoridad como expresión automática de opresión. El resultado es una democracia fatigada, incapaz de defenderse culturalmente de quienes buscan instrumentalizarla.
Hay un punto particularmente delicado en ese proceso: la normalización de la ambigüedad frente a la legalidad.
Por eso, la discusión en Colombia excede ampliamente el terreno electoral. Lo que está en juego no es simplemente una alternancia de poder ni una diferencia programática entre izquierda y derecha. La pregunta de fondo es si el país todavía cree en la democracia liberal como un sistema basado en límites, libertades y responsabilidad institucional, o si terminará aceptando una concepción del poder donde todo puede justificarse en nombre de una supuesta redención histórica.
La experiencia latinoamericana demuestra que las democracias no suelen caer de un día para otro: se desgastan lentamente mientras muchos prefieren ignorar las señales. Por eso, mi primer voto será por Paloma, e invito a la unión, porque hoy la decisión no es solo entre candidatos, sino entre defender una democracia imperfecta pero libre, o abrirle la puerta a una utopía socialista que termina debilitando las instituciones y las libertades.
