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Hay años que llegan con una carga añadida, con una acumulación de señales que, vistas en conjunto, obligan a repensar el futuro. Colombia iniciará el 2026 en ese punto, donde confluirán procesos críticos que ya no pueden tratarse como episodios aislados. Lo ocurrido en 2025 —en seguridad, política y cohesión social— dejó claro que entramos a un umbral distinto.
El Catatumbo es uno de los ejemplos más elocuentes. La escalada de violencia, los desplazamientos masivos y la decisión de recurrir a medidas excepcionales mostraron que el conflicto armado no solo persiste, sino que ha recuperado capacidad de impacto territorial y simbólico. Más allá de enfrentamientos entre grupos armados, están comunidades enteras sometidas a confinamiento, economías locales paralizadas y una presencia estatal que llega tarde o bajo presión. Cuando el Estado se ve forzado a reaccionar en clave de emergencia, el mensaje implícito es que el control territorial volvió a estar en disputa.
A ese escenario se sumó un hecho que marcó un antes y un después en el clima político: el asesinato de un precandidato presidencial un hecho que reabrió una herida profunda en la memoria colectiva. La violencia política reapareció como advertencia. Cuando matar a un candidato se convierte en posibilidad real, la democracia pierde su fuerza y seguridad. La política se encoge, se vuelve defensiva, y el miedo condiciona la participación. No es un asunto retórico: es un golpe directo a la deliberación pública.
A su vez, las cifras de agresiones contra líderes sociales, sociedad civil y políticos, el reclutamiento de menores, las asonadas a militares y la guerra híbrida, confirman un patrón inquietante: la seguridad humana se ha debilitado en silencios acumulados. No todo estalla en titulares, pero todo pesa, y ese peso se traduce en una ciudadanía más cansada, más desconfiada y menos dispuesta a creer que las instituciones pueden protegerla. En ese contexto, la percepción de inseguridad influye las decisiones políticas más que los hechos objetivos.
El punto crítico es que esto ocurre en la antesala de un ciclo electoral decisivo. Por eso 2026 es un año bisagra, se elegirá un nuevo gobierno y se pondrá a prueba la capacidad del país para sostener reglas básicas en medio de la presión. ¿Habrá campaña sin intimidación? ¿El voto volverá a ser un acto condicionado? ¿Logrará el Estado proteger candidatos y votantes sin convertir la excepción en norma? Estas preguntas ya no son teóricas, son urgentes.
También el entorno internacional añade complejidad. Las tensiones diplomáticas recientes y la incertidumbre sobre la cooperación en seguridad y lucha contra economías ilícitas recuerdan que Colombia no decide sola. La geopolítica incide en la capacidad estatal, en la narrativa interna y en los márgenes de acción del próximo gobierno. El mundo también está en transición, y esa inestabilidad amplifica nuestras propias fragilidades.
El mayor riesgo de 2026 no es que sea un año difícil, es la normalización de las complejidades. Que aceptemos como paisaje permanente la violencia territorial, la política bajo amenaza y la desconfianza crónica. Esa familiarización vacía de sentido cualquier proyecto colectivo y reduce la democracia a un trámite.
Sin embargo, los años bisagra también abren oportunidades. 2026 debe ser el momento para que Colombia decida leer estas crisis como un solo sistema y no como compartimentos aislados. Se entendería que seguridad, democracia y confianza social están íntimamente conectadas, y no bastará con operativos sin gobernanza, ni con discursos de paz sin control territorial, ni con reformas políticas sin protección real de la vida.
La pregunta final es incómoda, aunque necesaria: ¿permitiremos que el miedo defina el rumbo del país o asumiremos el desafío de reconstruir confianza en medio de la incertidumbre? En 2026 no se decidirá solo un gobierno. Se elegirá si Colombia sigue administrando crisis o si empieza, por fin, a anticiparlas y transformarlas. Ese es el verdadero carácter bisagra del año que viene.
