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La próxima administración recibirá un sistema de salud sometido a una presión financiera sin precedentes. El aumento de dificultades para acceder a medicamentos, acumulación de deudas entre aseguradores y prestadores, cierre de servicios, crecientes reclamaciones de usuarios y la incertidumbre sobre la sostenibilidad de múltiples actores reflejan una situación que ha dejado de ser un problema ordinario de gestión para convertirse en amenaza real e inminente para la continuidad de la atención sanitaria.
Por esta razón, el próximo gobierno debería considerar la declaratoria de una Emergencia Económica, Social y Ecológica en Salud como instrumento excepcional para estabilizar el sistema y proteger el derecho fundamental a la salud. La emergencia en salud de 2009, expedida durante el gobierno de Álvaro Uribe declarada inexequible por la Corte Constitucional, presentaba circunstancias distintas a las actuales.
La Corte consideró que los problemas invocados no eran sobrevinientes porque correspondían a dificultades estructurales acumuladas durante años y que debían ser abordadas mediante mecanismos legislativos ordinarios. En cambio, la situación actual presenta un elemento nuevo y extraordinario cual es el agravamiento súbito y acelerado de la crisis financiera originado en decisiones erradas de política pública y en la ausencia de medidas eficaces para corregirla.
Resulta relevante recordar que en el caso actual la propia Corte Constitucional había advertido en la necesidad de garantizar la suficiencia financiera del sistema y de adoptar medidas técnicas que permitieran cubrir los costos reales de la prestación de los servicios. El Gobierno ha sido incapaz siquiera de reconocer la magnitud del problema y menos de adoptar correctivos oportunos. Mientras múltiples actores advertían sobre el deterioro de la liquidez, el aumento de las deudas y las dificultades operativas, las respuestas institucionales han sido evasivas con acciones insuficientes para contener el evidente y progresivo debilitamiento financiero de EPS, hospitales, clínicas, gestores farmacéuticos y demás prestadores.
La crisis actual no surge exclusivamente de fenómenos mundiales previsibles como el crecimiento de gastos a un ritmo superior a los recursos disponibles. Lo extraordinario es la velocidad con la que se han acumulado tensiones financieras y operativas que amenazan la continuidad de servicios esenciales y la vida de miles de personas. Por ello, una eventual emergencia debería tener características diferentes a cualquier experiencia previa. Sería indispensable crear un Fondo Nacional de Estabilización del Sistema de Salud para movilizar recursos adicionales, administrado mediante mecanismos fiduciarios independientes, con destinación específica para garantizar el pago oportuno de servicios y medicamentos.
Debería implementarse un mecanismo excepcional de auditoría concurrente y trazabilidad en tiempo real que permita seguir el flujo de recursos públicos desde su origen hasta el prestador final. Este se justifica porque la crisis no es únicamente financiera; también de confianza y gobernanza que exige transparencia. Resultaría conveniente conformar un Consejo Nacional de Estabilización en Salud integrado por representantes de pacientes, prestadores, aseguradores, profesionales sanitarios y expertos independientes, con capacidad de seguimiento permanente sobre las medidas adoptadas.
La verdadera discusión no consiste en si una emergencia es políticamente conveniente. La pregunta es si el país puede seguir esperando mientras continúan deteriorándose las condiciones que garantizan la atención en salud de millones de colombianos.
